El Defensor del Pueblo detecta irregularidades y cuestiona la viabilidad del proyecto de Tindaya
La institución solicita un informe a Medio Ambiente "con carácter urgente y preferente"
P. G. - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El Defensor del Pueblo ha solicitado "con carácter urgente y preferente" un informe a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias después de detectar una serie de irregularidades en el proceso administrativo del Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT). Tras una queja formulada ante el Defensor del Pueblo en Madrid, la institución dependiente del Parlamento español ha detectado irregularidades relacionadas con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto.
En un reciente documento, tras recibir un primer informe de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, el Defensor del Pueblo cuestiona que se puede llevar a efecto el proyecto diseñado por el escultor vasco Eduardo Chillida, ya fallecido: "Vistos los antecedentes ambientales descritos, resulta complicado imaginar que la creación de un espacio a través de la extracción de material minero de la montaña no venga a suponer un peligro para la conservación de los valores naturales y culturales (217 grabados rupestres podomorfos), así como para su normal y apacible contemplación". Según consta en el documento del Defensor del Pueblo, "resulta llamativo que la realización de un proyecto arquitectónico, de ingeniería y artístico en Tindaya se considera un uso permitido, cuando ello puede significar una rebaja de la protección del espacio natural".
EVALUACIÓN AMBIENTAL. Además, el Defensor del Pueblo destaca que "la dualidad creada al haber sido designada la Consejería de Medio Ambiente como órgano sustantivo y ambiental representa, a nuestro juicio, la desaparición de una administración objetiva a los intereses generales", puesto que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación territorial es la encargada de ejecutar el proyecto y de redactar el informe de evaluación ambiental del mismo. Así las cosas, considera el Defensor del Pueblo que "la idea es que la evaluación ambiental no se quede en un trámite añadido al proyecto, convirtiéndose en una suerte de permiso para impactar, sino en un examen de si tal proyecto es ambientalmente viable".
Además de pedir un informe detallado a la Consejería, el Defensor del Pueblo ha solicitado información al Cabildo de Fuerteventura sobre su participación en el expediente.
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