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El Parlamento de Canarias ha sido declarado bien de interés general para las tramas de corrupción político-empresarial

El Parlamento de Canarias ha sido declarado bien de interés general para las tramas de corrupción político-empresarial

La mayoría parlamentaria formada por el PP y Coalición Canaria han aprovechado el último pleno de la legislatura en el Parlamento para saltarse las Directrices de Ordenación del Territorio y el Turismo, clausurar la comisión del “caso eólico” y finalizar el “caso Amorós”.

Tras saltarse los acuerdos acerca de la necesidad de la unanimidad y modificar el calendario de la Cámara, CC y PP han declarado de interés general la construcción de cuatro hoteles, dos en Tenerife y dos en Gran Canaria, con un total de 5.496 camas. Una vez más queda en evidencia que el supuesto interés de las autoridades por un “desarrollo sostenible” no es más que un frente propagandístico. A la hora de la verdad, se prima como siempre los intereses económicos de los empresarios del sector sobre el interés general de la población.

En el “caso Amorós”, ni se enviará el expediente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ni se pedirán responsabilidades políticas al ex director del Tesoro, Alberto Amorós. El PP ya no ve claras irregularidades, el convenio que firmó la Consejería de Economía y Hacienda con los bancos ya no es ilegal y el perjuicio a las arcas públicas de 1,2 millones de euros ya no existe: seguramente, lo único que queda es que efectivamente el caso era la punta de un iceberg y ellos no están interesados en que salgan los ¾ restantes.

En el “caso eólico”, la Consejería de Industria (Luis Soria), el Cabildo de Gran Canaria (José Manuel Soria) y la Autoridad Portuaria (José Manuel Arnáiz) salen indemnes, atribuyendo la trama al ex director de Industria, Celso Perdomo, al ex consejero socialista José Francisco Henríquez y al empresario José Antonio Lucendo.

Este es el tipo de instituciones y de toma de decisiones que responde a un régimen caciquil, donde la inmensa mayoría de los representantes políticos y los gobernantes están al servicio de los empresarios. Nada que ver con una verdadera democracia participativa y con los intereses del pueblo canario.

Fuente: Boletín Informativo del Partido Comunista del Pueblo Canario


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