Reclaman una mayor dotación para las Fiscalías de Medio Ambiente

CANARIAS 18/05/2006

informacion

http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=4974

Ben Magec-Ecologistas en Acción, la Fundación César Manrique, Comisiones Obreras Canarias y la Unión General de Trabajadores han registrado ante el Ministerio de Justicia un escrito para reunirse con López Aguilar y reclamar una mayor dotación de recursos para la fiscalía de Medio Ambiente en las dos audiencias provinciales.

Estas organizaciones sociales también ha pedido a la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias que abra negociaciones con la Fiscalía para firmar un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar la adscripción de personal laboral a esta, como por ejemplo un ecotoxicológico y/o un biólogo, como mínimo por provincia.

 

Aunque se ha anunciado por parte del Ministerio nuevos nombramientos para próximas fechas, en nuestra comunidad, en la actualidad, sólo hay un fiscal dedicado a estos temas en la provincia de Las Palmas, y prioritariamente a Gran Canaria. De todas formas hay que resaltar que la dedicación de este fiscal no es exclusiva, sino que comparte sus obligaciones de medio ambiente con responsabilidades penales. Además sus medios económicos y humanos son muy precarios, donde en algunos momentos no se ha dispuesto de la mínima dotación presupuestaria para llevar adelante las exigencias de los denunciantes.

Estas organizaciones critican que la Comunidad Autónoma canaria no participe lo más mínimo de las labores de esta fiscalía, contrariamente a experiencias en otras comunidades, no hay un convenio de colaboración o personal adscrito a la misma.

CC.OO., UGT, Ben Magec-Ecologistas en Acción y la Fundación recomendaran en la futura reunión con el Ministro López Aguilar que Canarias que el estado se ponga al día en estas cuestiones, ya que la legislación europea y tratados como el de Kyoto, “van a obligar a un mayor control de actitudes delictivas contra el medio por parte de algunos ciudadanos y empresas, e incluso administraciones”. En este sentido, estas organizaciones recuerdan la Memoria de la Fiscalía de 2003 que responsabilizaba de la “delincuencia ambiental” a las “administraciones públicas y de una forma especial a los ayuntamientos”. Para los firmantes de esta petición existe un importante descontrol por parte de la justicia de los diversos delitos ambientales, como los vertidos industriales, los incendios provocados, la construcción ilegal, etc.