Ben Magec pide la dimisión del consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel

Dávila, que ofreció una rueda de prensa junto al coordinador de Ben Magec en Gran Canaria, Antonio Hernández, manifestó que la elección de Berriel al frente de la Consejería obedece a que se sabía que iba a aprobar proyectos "desarrollistas".

Hernández responsabilizó al consejero de "enterrar en una tumba" la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo y de promover proyectos como los puertos de Arinaga, en Gran Canaria, y Granadilla, en Tenerife, contrarios al medio ambiente, al tiempo que criticó su "apoyo de viviendas ilegales".

El responsable de Ben Magec en Canarias destacó que, cuando ha habido que defender proyectos como la planta de regasificación que se pretende construir en la localidad grancanaria de Arinaga, no lo ha hecho la titular de Industria, Marisa Tejedor, sino Berriel.

La obra de infraestructura viaria de la carretera que unirá Agaete con La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, y que atravesará el Parque Natural de Tamadaba, tampoco ha sido defendida por el consejero de Obras Públicas, Antonio Castro, sino por Berriel, añadió.

Berriel, además, ha promovido disposiciones legales para "vaciar" de contenido de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, afirmó Dávila, quien recordó la disposición transitoria que incluye la Ley de Vivienda de Canarias de abril de 2006, que "legaliza la aprobación de planes territoriales e insulares que no se adaptan a determinados filtros de las directrices".

Mediante esas excepciones se están contraviniendo los objetivos que se persiguen en la Ley de Directrices, aseguró el ecologista, quien dijo que en Gran Canaria se han aprobado proyectos del Cabildo contrarios a la filosofía de "no que caben más camas turísticas" en la isla.

 

Dávila señaló que "la falta de voluntad" del consejero para promover políticas medioambientales se refleja en que las partidas destinadas a los grupos que las promueven no se han distribuido por problemas burocráticos, según la Consejería, y, en su opinión, porque se ha querido "castigar" al movimiento social que representan los ecologistas, los más "contestatarios del Gobierno".

 

Estas partidas anuales son, además, "irrisorias", pues ascienden a 60.000 euros al año, precisó Dávila, quien además citó como otro ejemplo de "mala gestión" del consejero la pérdida de una ayuda europea de 300.000 euros destinada a la reforestación, debido también a problemas burocráticos.