Un millón de metros cúbicos de material contaminante repartido por toda la isla
Tenerife cuenta hoy con 57 escombreras, incontroladas, de restos de construcción y demolición que generan afecciones al medio natural y un notable impacto paisajístico
MARÍA AMENEIROSS.C. DE TENERIFE.– Actualmente la isla de Tenerife no dispone de lugares legales para depositar los escombros generados por una construcción o demolición equis, que reciben concretamente la denominación de RCD (residuos de construcción y demolición). Las vulgarmente llamadas escombreras suponen, en la actualidad, una grave realidad para la que, de momento, no parece haber soluciones cercanas.
A día de hoy, los datos son preocupantes ya que en la isla existe un total de 57 escombreras conformadas por residuos procedentes de la construcción y demolición, en los que aproximadamente se encuentran 1.082.000 metros cúbicos de material. También existe una gran cantidad de material que se encuentra en los cauces de los barrancos, producido por el arrastre de los materiales en los momentos de circulación de las aguas de escorrentía.
Las instituciones afirman en relación a las escombreras que existen puntos en los que depositar y tratar los RCD;sin embargo, la consejera socialista en el Cabildo de Tenerife, Marilena Domínguez, opina que este extremo no es cierto y afirma que “no hay sitios legales en los que depositar los residuos derivados de la construcción, eso lo ha reconocido el propio consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Wladimiro Rodríguez, quien aseguraba que a raíz de aprobarse el Plan Territorial de Ordenación de los Residuos (PTEOR) el Cabildo ya entendía que se solucionaría este asunto, de vital importancia para la preservación del medio ambiente en la isla.
Tradicionalmente los RCD han sido llevados a vertederos, incluso a los mismos utilizados para los residuos urbanos. Esto se ha debido a las favorables condiciones de precio, con unas tasas de vertido, que hace que no sea competitiva ninguna otra opción medioambientalmente más propicia. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado que el volumen de RCD, en su mayor parte inerte, es aproximadamente igual al del total de los residuos urbanos.
El primer plan para el tratamiento de los escombros data de 1984. Un plan que tenía por objeto crear una serie de puntos principales, debidamente legalizados y con las garantías técnicas y ambientales precisas, donde se pudiera realizar el depósito de escombros. En el mismo sentido, la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, elaboró en 1995 el Plan Regional de Restauración de Canteras Abandonadas de Extracción de Áridos. Y en 2001 se aprobó el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición hasta el 2006, en el que se establecen unos objetivos ecológicos en los que la recogida, el reciclaje, la reutilización y la valorización ha de preceder cualquier gestión antes del depósito en vertedero. En definitiva, que la intención del plan de RCD como parte del PTEOR pretende adaptarse a las directrices del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.
Sin embargo, partiendo de estos precedentes, Domínguez reconoce que “existe una serie de empresas que se encargan de los residuos de demolición, sin embargo, tengo conocimiento de que el mayor porcentaje son ilegales, es decir, están ahí trabajando con el beneplácito de todos, pero de forma ilegal”, señala, “ahora, ellos entienden que como su labor debe ser legalizada se han puesto en contacto con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo.”, afirma. Hace un tiempo se dirigieron al Gobierno, de hecho el Partido Socialista presentó una PNL para tratar de dar un empujón a este asunto, y ahí quedó para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias que se tenía que poner de acuerdo con los cabildos, pero esta negociación “ha quedado parada, como otras tantas de vital importancia para la isla pero que no parecen objeto del Grupo de Gobierno en el Cabildo”.
Domínguez asegura que, pese a que las instituciones no se ponen de acuerdo y por ende no terminan de solventar el tema, quien promueve la obra es el responsable directo de los residuos y los escombros. El Cabildo puede decir dónde deben tratarse, pero si esas empresa no son legales, “es el pez que se muerde la cola, y se sigue contribuyendo a la ilegalidad del tratamiento de los RCD”.
“Me consta”, dice la socialista, “que los responsables de estas empresas están deseando que se les dé cobertura legal”, señala. Pensaban que con el PTEOR se iba a solventar el asunto, “pero tengo entendido que no están muy satisfechos con lo que promete el Plan Insular de Residuos, pues las infraestructuras que se plantean para la gestión de los residuos serán cuatro plantas de tratamiento y reciclaje, y eso va a suponer mayor número de camiones en la carretera, mayor gasto de combustible, mayor contaminación, es decir, más problemas que se pueden sumar y que, desde luego, van a ralentizar que se tomen medidas para paliar el índice de escombreras”.
La escombrera aparece desde el momento en que los desperdicios de los desmontes no hay dónde meterlos. “O bien se contrata a los camiones y se llevan a estas plantas ilegales, lo cual ha generado que hoy por hoy se pueda suplir la deficiencia que ha dado el cierre de las canteras de Güímar”, apunta.
Pero la escombrera como tal no es un pequeño núcleo que se usa por cercanía para depositar los restos de una construcción, sino que se trata de un terreno de grandes dimensiones en donde se va depositando los restos. “Si hubiera dónde tratarlas y hubiera una conexión entre quien promueve la obra y quien deposita no pasaría esto que sucede a lo largo de toda la geografía”, afirma.
El Cabildo, a raíz de la aprobación del PIOT, ha sacado un nuevo ámbito extractivo que salió junto al PTEOR, entre los que destacan las zonas de Montaña Talavera, el de Estrella Luceña, la Montaña de Zocas en Tacoronte (sólo se puede sacar picón). “Dicen que ha habido reuniones con técnicos, y demás, muchos colectivos que llegaron al Plan de Actuación Territorial (PAT), que nace para que las explotaciones que tienen lugar en suelo rústico, el caso de estas explotaciones obtengan del Ayuntamiento oportuno toda la documentación necesaria para llevar a cabo su actividad, pero nada se termina de consolidar”.
En volumen, le sigue los 170.000 metros cúbicos de la escombrera situada junto a la montaña del Mojón (Arona), a la que se accede desde la carretera TF-28 por el acceso a las Águilas del Teide, circulando por un viario asfaltado hasta alcanzar ésta y una de 150.000 metros cúbicos, en La Orotava, situada detrás de la zona comercial.
Los peligros que entrañan estas escombreras al medio natural son incalculables, pero cuando están cercanas a núcleos urbanos el peligro de cara a los ciudadanos se acrecienta.
Responsabilidad
Según la consejera, los empresarios dedicados al reciclaje de residuos de la construcción en Tenerife, adheridos a la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), ya no saben cómo plantear a las instituciones, en especial al Cabildo, sus críticas hacia el Grupo de Gobierno al negarse de nuevo, argumentando ilegalidad, la posibilidad de que los empresarios que trabajan en la red de puntos limpios de reciclaje de residuos de la construcción limpien gratis, sin ningún coste para la institución insular, todas las escombreras clandestinas que hay en Tenerife.
Los empresarios, que han formado comisiones de seguimiento del Plan de Residuos, manifestaron su “extrañeza por esta actitud”, ya que estas comisiones se han reunido con los demás grupos políticos del Cabildo así como con representantes del Parlamento canario en donde al parecer han recabado más apoyos para poder sacar un proyecto conjunto que regularice la situación de las escombreras.
En cualquier caso, lo cierto es que las empresas están al límite, ya que las inversiones son muy importantes y, además, se trata de más de 2.500 puestos de trabajo los que abarca esta industria.
Domínguez recuerda que hace tiempo una de las medidas en las que se pensó fue un PAT (Plan de Actuación Territorial), de acuerdo con cada ayuntamiento y con la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, “pero todo sigue a medio gas”. Según afirma la socialista, “es inadmisible que el consejero de Medio Ambiente de la corporación se limite a constatar lo mala que es la situación de las escombreras y a confiar en que el Plan Territorial de Ordenación de Residuos (PTEOR), casi mágicamente, solucione esta cuestión”. Y es que, tal y como dice, “en este plan no hay cláusula concreta que recoge eliminar las escombreras, más bien al contrario, tienen en cuenta las pequeñas obras domiciliarias”. La consejera afirma que “el de las escombreras es uno de los problemas ambientales más antiguos de la isla, para el que Coalición Canaria, ni desde el Cabildo ni desde el Gobierno de Canarias, ha sabido encontrar arreglo en los últimos veinte años, “muy posiblemente porque no han sabido verlo como una prioridad dentro del tratamiento de residuos”, concluye.
A día de hoy, los datos son preocupantes ya que en la isla existe un total de 57 escombreras conformadas por residuos procedentes de la construcción y demolición, en los que aproximadamente se encuentran 1.082.000 metros cúbicos de material. También existe una gran cantidad de material que se encuentra en los cauces de los barrancos, producido por el arrastre de los materiales en los momentos de circulación de las aguas de escorrentía.
Las instituciones afirman en relación a las escombreras que existen puntos en los que depositar y tratar los RCD;sin embargo, la consejera socialista en el Cabildo de Tenerife, Marilena Domínguez, opina que este extremo no es cierto y afirma que “no hay sitios legales en los que depositar los residuos derivados de la construcción, eso lo ha reconocido el propio consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Wladimiro Rodríguez, quien aseguraba que a raíz de aprobarse el Plan Territorial de Ordenación de los Residuos (PTEOR) el Cabildo ya entendía que se solucionaría este asunto, de vital importancia para la preservación del medio ambiente en la isla.
Tradicionalmente los RCD han sido llevados a vertederos, incluso a los mismos utilizados para los residuos urbanos. Esto se ha debido a las favorables condiciones de precio, con unas tasas de vertido, que hace que no sea competitiva ninguna otra opción medioambientalmente más propicia. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado que el volumen de RCD, en su mayor parte inerte, es aproximadamente igual al del total de los residuos urbanos.
El primer plan para el tratamiento de los escombros data de 1984. Un plan que tenía por objeto crear una serie de puntos principales, debidamente legalizados y con las garantías técnicas y ambientales precisas, donde se pudiera realizar el depósito de escombros. En el mismo sentido, la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, elaboró en 1995 el Plan Regional de Restauración de Canteras Abandonadas de Extracción de Áridos. Y en 2001 se aprobó el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición hasta el 2006, en el que se establecen unos objetivos ecológicos en los que la recogida, el reciclaje, la reutilización y la valorización ha de preceder cualquier gestión antes del depósito en vertedero. En definitiva, que la intención del plan de RCD como parte del PTEOR pretende adaptarse a las directrices del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.
Sin embargo, partiendo de estos precedentes, Domínguez reconoce que “existe una serie de empresas que se encargan de los residuos de demolición, sin embargo, tengo conocimiento de que el mayor porcentaje son ilegales, es decir, están ahí trabajando con el beneplácito de todos, pero de forma ilegal”, señala, “ahora, ellos entienden que como su labor debe ser legalizada se han puesto en contacto con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo.”, afirma. Hace un tiempo se dirigieron al Gobierno, de hecho el Partido Socialista presentó una PNL para tratar de dar un empujón a este asunto, y ahí quedó para la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias que se tenía que poner de acuerdo con los cabildos, pero esta negociación “ha quedado parada, como otras tantas de vital importancia para la isla pero que no parecen objeto del Grupo de Gobierno en el Cabildo”.
Domínguez asegura que, pese a que las instituciones no se ponen de acuerdo y por ende no terminan de solventar el tema, quien promueve la obra es el responsable directo de los residuos y los escombros. El Cabildo puede decir dónde deben tratarse, pero si esas empresa no son legales, “es el pez que se muerde la cola, y se sigue contribuyendo a la ilegalidad del tratamiento de los RCD”.
“Me consta”, dice la socialista, “que los responsables de estas empresas están deseando que se les dé cobertura legal”, señala. Pensaban que con el PTEOR se iba a solventar el asunto, “pero tengo entendido que no están muy satisfechos con lo que promete el Plan Insular de Residuos, pues las infraestructuras que se plantean para la gestión de los residuos serán cuatro plantas de tratamiento y reciclaje, y eso va a suponer mayor número de camiones en la carretera, mayor gasto de combustible, mayor contaminación, es decir, más problemas que se pueden sumar y que, desde luego, van a ralentizar que se tomen medidas para paliar el índice de escombreras”.
La escombrera aparece desde el momento en que los desperdicios de los desmontes no hay dónde meterlos. “O bien se contrata a los camiones y se llevan a estas plantas ilegales, lo cual ha generado que hoy por hoy se pueda suplir la deficiencia que ha dado el cierre de las canteras de Güímar”, apunta.
Pero la escombrera como tal no es un pequeño núcleo que se usa por cercanía para depositar los restos de una construcción, sino que se trata de un terreno de grandes dimensiones en donde se va depositando los restos. “Si hubiera dónde tratarlas y hubiera una conexión entre quien promueve la obra y quien deposita no pasaría esto que sucede a lo largo de toda la geografía”, afirma.
El Cabildo, a raíz de la aprobación del PIOT, ha sacado un nuevo ámbito extractivo que salió junto al PTEOR, entre los que destacan las zonas de Montaña Talavera, el de Estrella Luceña, la Montaña de Zocas en Tacoronte (sólo se puede sacar picón). “Dicen que ha habido reuniones con técnicos, y demás, muchos colectivos que llegaron al Plan de Actuación Territorial (PAT), que nace para que las explotaciones que tienen lugar en suelo rústico, el caso de estas explotaciones obtengan del Ayuntamiento oportuno toda la documentación necesaria para llevar a cabo su actividad, pero nada se termina de consolidar”.
La Laguna y Granadilla, a la cabeza
S.C. DE TENERIFE.– La Laguna y Granadilla de Abona concentran el mayor número de escombreras por municipio. Albergan un total de diez, sin embargo la de mayores dimensiones está en Granadilla con 200.000 metros cúbicos de volumen de material. Está ubicada en el interior del polígono industrial de Granadilla, junto a las instalaciones del ITER (Instituto Tecnológico de Energías Renovables). Se accede desde el viario interior del polígono a través de una pista de tierra.En volumen, le sigue los 170.000 metros cúbicos de la escombrera situada junto a la montaña del Mojón (Arona), a la que se accede desde la carretera TF-28 por el acceso a las Águilas del Teide, circulando por un viario asfaltado hasta alcanzar ésta y una de 150.000 metros cúbicos, en La Orotava, situada detrás de la zona comercial.
Los peligros que entrañan estas escombreras al medio natural son incalculables, pero cuando están cercanas a núcleos urbanos el peligro de cara a los ciudadanos se acrecienta.
Responsabilidad
Según la consejera, los empresarios dedicados al reciclaje de residuos de la construcción en Tenerife, adheridos a la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), ya no saben cómo plantear a las instituciones, en especial al Cabildo, sus críticas hacia el Grupo de Gobierno al negarse de nuevo, argumentando ilegalidad, la posibilidad de que los empresarios que trabajan en la red de puntos limpios de reciclaje de residuos de la construcción limpien gratis, sin ningún coste para la institución insular, todas las escombreras clandestinas que hay en Tenerife.
Los empresarios, que han formado comisiones de seguimiento del Plan de Residuos, manifestaron su “extrañeza por esta actitud”, ya que estas comisiones se han reunido con los demás grupos políticos del Cabildo así como con representantes del Parlamento canario en donde al parecer han recabado más apoyos para poder sacar un proyecto conjunto que regularice la situación de las escombreras.
En cualquier caso, lo cierto es que las empresas están al límite, ya que las inversiones son muy importantes y, además, se trata de más de 2.500 puestos de trabajo los que abarca esta industria.
Domínguez recuerda que hace tiempo una de las medidas en las que se pensó fue un PAT (Plan de Actuación Territorial), de acuerdo con cada ayuntamiento y con la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, “pero todo sigue a medio gas”. Según afirma la socialista, “es inadmisible que el consejero de Medio Ambiente de la corporación se limite a constatar lo mala que es la situación de las escombreras y a confiar en que el Plan Territorial de Ordenación de Residuos (PTEOR), casi mágicamente, solucione esta cuestión”. Y es que, tal y como dice, “en este plan no hay cláusula concreta que recoge eliminar las escombreras, más bien al contrario, tienen en cuenta las pequeñas obras domiciliarias”. La consejera afirma que “el de las escombreras es uno de los problemas ambientales más antiguos de la isla, para el que Coalición Canaria, ni desde el Cabildo ni desde el Gobierno de Canarias, ha sabido encontrar arreglo en los últimos veinte años, “muy posiblemente porque no han sabido verlo como una prioridad dentro del tratamiento de residuos”, concluye.
“Después de tanta desidia, ya pienso que el Cabildo confía en que las escombreras se solucionarán mágicamente”
S.C. DE TENERIFE.– La consejera socialista en el Cabildo Marilena Domínguez indica que el asunto de las escombreras es histórico, “y, por ello, lamentable”, a lo que añade: “Después de tanta desidia del Grupo de Gobierno, he llegado a pensar que el Cabildo confía en que este problema se solucionará de forma mágica”. La socialista afirma que “estos residuos, si bien en principio son poco contaminantes, tienen un alto poder de degradación paisajística, por cuanto la falta de regulación y la arbitrariedad con que se desechan estos escombros deriva en áreas cuyos valores medioambientales y ecológicos se ven alterados”. Según precisa, “es fundamental comprender la importancia del reciclaje de los residuos de construcción y demolición, porque si no se tratan adecuadamente, deberemos importarlos para las obras o seguir devastando el paisaje para la extracción de áridos aquí”. Domínguez indica que “la falta de espacios donde depositar los escombros y el que éstos no se reciclen acaba derivando en multitud de problemas medioambientales, como podemos constatar en los barrancos o en los bordes de los caminos, problemas que se agravan cada vez que llueve por el agua de escorrentía”.
Recuerda que “en noviembre, nuestro grupo planteó una moción para que se firmara un convenio con la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), de modo que se asumiera entre ambos la limpieza de las escombreras incontroladas, y seguimos a la espera del informe jurídico que se nos dijo se nos iba a facilitar”. Por tanto, la consejera entiende que “hemos demostrado ya, en ésa y en otras ocasiones, nuestra preocupación por el estado de los puntos limpios en la isla de Tenerife”.
Marilena Domínguez considera que “es preocupante oír hablar al consejero de Medio Ambiente como si no tuviera responsabilidades ni área de gobierno, limitándose a afirmar que todo está mal como si lo hubiera descubierto ayer; los ciudadanos de Tenerife tienen derecho a exigirle cuentas sobre su gestión y sobre por qué llevamos este brutal retraso en la regulación de algo tan sensible como las escombreras, que además no van a dejar de crecer sino que aumentarán siempre y cuando sigan construyéndose inmuebles”.
http://www.lagacetadecanarias.net/lector.php?articulo=20080219193058Recuerda que “en noviembre, nuestro grupo planteó una moción para que se firmara un convenio con la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), de modo que se asumiera entre ambos la limpieza de las escombreras incontroladas, y seguimos a la espera del informe jurídico que se nos dijo se nos iba a facilitar”. Por tanto, la consejera entiende que “hemos demostrado ya, en ésa y en otras ocasiones, nuestra preocupación por el estado de los puntos limpios en la isla de Tenerife”.
Marilena Domínguez considera que “es preocupante oír hablar al consejero de Medio Ambiente como si no tuviera responsabilidades ni área de gobierno, limitándose a afirmar que todo está mal como si lo hubiera descubierto ayer; los ciudadanos de Tenerife tienen derecho a exigirle cuentas sobre su gestión y sobre por qué llevamos este brutal retraso en la regulación de algo tan sensible como las escombreras, que además no van a dejar de crecer sino que aumentarán siempre y cuando sigan construyéndose inmuebles”.
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