El Consejo de Ministros aprueba la adquisición de los terrenos de la Isleta y las salinas de La Santa

El Gobierno central se hará cargo del pago al actual propietario, La Caja de Canarias
La decisión considera la incorporación de los 1.142.610 metros cuadrados al dominio marítimo terrestre de utilidad pública para garantizar la conservación de las zonas costeras. Esta acción se inicia dentro del Programa de Adquisición de Fincas en el Litoral del Ministerio de Medio Ambiente, que adquirirá 1.960.530 metros cuadrados en diversas zonas del litoral español

Laura Ramírez · 9 de marzo de 2007

El Consejo de Ministros del gobierno de Madrid aprobó este viernes la adquisición de 1.960.530 metros cuadrados en diversas zonas del litoral español para incorporarlos al dominio público, entre los que se encuentra la Isleta y las salinas de La Santa. Con esta decisión se pretende proteger la costa española de la construcción masiva, un objetivo marcado dentro del Programa de Adquisición de Fincas en el Litoral del Ministerio de Medio Ambiente.

Así, el Gobierno será el comprador de esta zona del municipio de Tinajo que ahora mismo es propiedad de La Caja de Canarias. Para ello, el Gobierno pagará a la entidad financiera 11.412.600 euros. De este modo se cierran las especulaciones sobre el destino de este terreno de 1.142.610 metros cuadrados, que podían haber sido comprados por la empresa Ultramar S.A.

Esta iniciativa del Ministerio pretende ser una herramienta para ampliar la franja del dominio público, que sufre la creciente presión urbanística y de usos en el litoral y los cauces, al tiempo que permite paliar los efectos cada vez más perceptibles del cambio climático.

Se considera por tanto que la zona del municipio lanzaroteño forma parte de este grupo de zonas con importantes valores históricos, paisajísticos y medioambientales que deben ser conservados.

La expropiación se enmarca en el “Programa de Adquisición de Fincas” del Ministerio de Medio Ambiente, que se articula a través de diferentes proyectos de incorporación de terrenos al dominio público marítimo-terrestre, con la demolición, en su caso, de las obras existentes. Se pretende así incorporar al dominio público la parte expropiada de cada una de las fincas, de acuerdo con el artículo 4.8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.