El consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, calificó el informe “Destrucción a toda costa 2007” hecho público por Greenpeace el pasado martes de “poco objetivo” porque “no hace un análisis correcto ni del origen ni del alcance de la información que da”. Los ecologistas advierten de que “el número de vertidos sin autorización presentes en todas las islas del Archipiélago canario es alarmante”. Concretamente, señala que en Lanzarote existen 32 vertidos ilegales a través de conductos de desagüe sin autorización. “Que existan vertidos que no están autorizados o que están en trámites de legalización, es un problema administrativo, pero no es un problema ambiental”, recordó el consejero a este respecto, y criticó que Greenpeace no haga “un análisis ambiental de cada uno de los problemas de los vertidos”. El consejero señaló que el Gobierno, cuando prioriza los expedientes sancionadores, lo hace teniendo en cuenta “el alcance ambiental del vertido”.
Vertidos necesarios
Berriel quiso destacar que todos los vertidos que se mencionan en el informe “tienen su necesidad de ser”. “Otra cosa es que tengan que legalizarse”, matizó, pero explicó que “muchos son desagües de desaladoras que vierten al mar un agua con mayor contenido de salinidad de la que se recoge, pero que tiene que salir al mar necesariamente y el efecto ambiental es muy limitado”, dijo. Asímismo, insistió en que “de todos los [vertidos] que he visto que se denuncian aquí no hay ninguno que vaya acompañado de un razonamiento claro de su trascendencia ambiental. No se puede hacer una valoración numérica solamente”, dijo. En este sentido, recordó que no es lo mismo un vertido que esté contaminado, que el de una depuradora: “No es lo mismo comparar un vertido cualquiera de una desaladora que un vertido de productos contaminantes, que sería muy grave y que exigiría una actuación inmediata de la administración”.
Carecen de autorización
Si los vertidos no son contaminantes, ¿por qué son ilegales? El consejero explicó que la ilegalidad de estos vertidos residiría en la carencia de la “autorización correspondiente”. “Es posible”, continuó, “que todos los vertidos que denuncia Greenpeace carezcan de autorización, o que careciesen de ella en el momento de elaborar ese informe y que ya estén legalizados”, dijo. Por eso, “es necesario, para poder ponderar esta noticia”, insistió, “conocer la trascendencia ambiental de cada uno de estos vertidos”. “Puede ser el sistema de saneamiento de una población municipal”, ejemplificó Berriel, “que por haber sido creada hace bastante tiempo, ese desagüe no tiene el registro correspondiente y no está legalizado”. “Eso no significa que no sea legalizable, o que esté teniendo una trascendencia negativa para el medio ambiente”, aclaró.
En cuanto a las denuncias de Greenpeace que hacen referencia a viviendas particulares, Berriel admitió que “tendrán su sanción y estarán a punto de legalizarse”, aunque añadió que “no se legalizarán nunca si tienen la posibilidad de verter en la red pública”. En este sentido recordó que “las casas particulares tienen desagüe al sistema de saneamiento” y que las depuradoras de las administraciones públicas o de las urbanizaciones “siempre tienen que tener un emisario para tirar los excedentes del agua depurada y por si hay algún fallo de la depuradora, ya que sería más contaminante si fuese a parar a la tierra que hacer convenientemente un emisario submarino en el mar”, explicó.
Agencia de Protección del Medio Ambiente
Según el consejero de Medio Ambiente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente “ha aumentado considerablemente en estos últimos años el control de los vertidos”. Asegura que “la Agencia actúa, pero actúa con prioridad sobre aquellos peligros potenciales para el medio ambiente [antes] que sobre aquellos que pueden ser legalizados”. “A estos se les exige que sean legalizados de acuerdo con la normativa actual”, ya que “hasta hace pocos años lo que se hacía era verter directamente al mar”, aclaró Berriel. La denuncia Greenpeace se refiere a desagües “en los que previamente hay una actuación ambiental, como es la colocación de la depuradora o de una potabilizadora”, afirmó el consejero.
“Alarmismo injustificado”
Domingo Berriel cree que “el alarmismo que se ha creado por un informe de Greenpeace es absolutamente injustificado”. Asimismo, le parece “injusto la calificación que se hace de que Canarias está a la cabeza de la corrupción y que el Gobierno no hace nada”. En este sentido criticó que el informe compare la situación urbanística actual de islas como Fuerteventura, con la que existía hace 15 años. Efectivamente, Greenpeace señala que “la presión urbanizadora de Canarias se ha dejado sentir especialmente en Fuerteventura, donde en los últimos 17 años la extensión edificada ha aumentado un 169%, pasando de 223 a 628 hectáreas, debido al enorme crecimiento de su oferta residencial”. Berriel recordó que “esos municipios hace 15 años estaban prácticamente desiertos, porque era un territorio virgen y ahora es un municipio turístico. Así que si había una casa y se construye otra, ya ha crecido un 100% y si se construyen dos, supone el 300%”, dijo con sorna.
Actuación del Gobierno regional
Según denuncia el informe de Greenpeace, Canarias es una de las regiones con mayores problemas de vertidos en sus costas debido a “la desidia de las administraciones a la hora de adecuar las instalaciones depuradoras al crecimiento de la población”. El consejero de Medio Ambiente cree que “es injusto decir que este Gobierno no ha hecho esfuerzos para frenar el crecimiento desmesurado, que sin duda hubo en los años 90 por el boom de la economía, por el aumento del turismo, por la iniciativa empresarial, por el afán de desarrollo, etcétera”.
En este sentido, recordó que el Gobierno, "muy preocupado por el crecimiento espectacular observado" durante los años 90, puso en marcha “mecanismos de control muy importantes, como la Ley de Ordenación del Territorio (que entró en vigor a finales de 1999), la Ley de Directrices y una Moratoria turística”. Además, recordó que en estos momentos “el Gobierno está afrontando serios problemas de indemnizaciones multimillonarias por desclasificación de suelos”.
Berriel quiso hacer hincapié en que la Administración regional está haciendo “un esfuerzo inmenso”. En este sentido, recordó que “cuando se anula un plan parcial que venía de antes, con derechos adquiridos, se corre el riesgo de tener sentencias que obliguen al Gobierno a indemnizar”. “Es muy bonito hablar desde fuera sin tener responsabilidad después de indemnizaciones”, dijo en referencia a las críticas de Greenpeace, y añadió que “el Gobierno tiene que sacar el dinero de los presupuestos públicos”.
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