Ben Magec pide hasta cuatro años de cárcel para los responsables de la mancha de fuel
La agrupación ecologista presenta una denuncia en la Audiencia Provincial en la que solicita a la Fiscalía que investigue a Disa por un presunto delito contra el medio ambiente
LAS PALMAS DE G.C.– De seis meses a cuatro años de cárcel, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para su profesión u oficio es lo que establece la Ley Orgánica 10/1995 del CódigoPenal para delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, a la cual se ha acogido la agrupación ecologista BenMagec para presentar ayer en la Audiencia Provincial de Las Palmas una denuncia que insta a la Fiscalía a realizar una inspección a Disa para determinar su responsabilidad en la rotura de la tubería que provocó el pasado domingo el vertido de fuel sobre la playa de Las Gaviotas, en Bocabarranco. Un espacio en el que ayer continuaban las labores de limpieza por medio de máquinas de vapor, que se extenderán al menos durante una semana más, según informaron fuentes municipales.
La organización recalca que el incidente se ha producido dentro del Sitiode Interés Científico de Jinámar, en el cual habitan varias especies protegidas y en peligro de extinción, y considera que, aunque “no hubo mala fe, porque a ellos tampoco les interesa que se produzca una fuga, ya que pierden dinero”, sí hubo “negligencia”. Y es que, la normativa del espacio natural protegido, en la que se especifica que la tubería de suministro Unelco–Endesa debía cambiarse de ubicación, colocándola junto a la autopista, data de 1994 y no fue hasta el año pasado cuando pidieron los permisos al Cabildo para llevar a cabo el traslado, “porque la empresa constructora del Centro Comercial de Jinámar cubrir los costes”, recalcó Antonio Hernández, representante de Ben Magec. “Ahora Disa intenta quedar bien y echarle la culpa a otros, pero tendría que haberse preocupado de que la tubería se trasladase antes a la zona de la autopista”, añadió.
Además, la ong asegura que, aunque la hierbamuda (lutus kinkelli), especie vegetal en peligro de extinción que puebla la zona, no se ha visto afectada, la extracción de diez toneladas de arena mezclada con el fuel ha supuesto una alteración lo suficientemente importante en el espacio para que tenga consecuencias en la expansión y desarrollo de las plantas. De modo que Ben Magec considera que “hay indicios suficientes para que la Fiscalía investigue y haga informes propios sobre”.
Además, los ecologistas condenaron la “irresponsabilidad de las administraciones con competencias en la materia”, contra quien afirmaron que la justicia “debería también tomar medidas”, condenando la actitud adoptada por la Consejería de Medio Ambiente, cuyos representantes no tomaron medidas hasta mucho después de conocerse la rotura de la tubería. Por el contrario, Antonio Hernández alabó la actitud de Néstor Hernández, concejal de Desarrollo Sostenible, porque “se preocupó y actuó rápidamente”.
En la misma línea, Ben Magec insiste en la premisa de “el que contamina, paga”, afirmando que “la empresa tiene que satisfacer todas las facturas que genere el desastre”.
Por otro lado, la empresa tiene también abierta una investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que espera por los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, para comprobar si se ha producido algún delito de imprudencia.
La organización recalca que el incidente se ha producido dentro del Sitiode Interés Científico de Jinámar, en el cual habitan varias especies protegidas y en peligro de extinción, y considera que, aunque “no hubo mala fe, porque a ellos tampoco les interesa que se produzca una fuga, ya que pierden dinero”, sí hubo “negligencia”. Y es que, la normativa del espacio natural protegido, en la que se especifica que la tubería de suministro Unelco–Endesa debía cambiarse de ubicación, colocándola junto a la autopista, data de 1994 y no fue hasta el año pasado cuando pidieron los permisos al Cabildo para llevar a cabo el traslado, “porque la empresa constructora del Centro Comercial de Jinámar cubrir los costes”, recalcó Antonio Hernández, representante de Ben Magec. “Ahora Disa intenta quedar bien y echarle la culpa a otros, pero tendría que haberse preocupado de que la tubería se trasladase antes a la zona de la autopista”, añadió.
Además, la ong asegura que, aunque la hierbamuda (lutus kinkelli), especie vegetal en peligro de extinción que puebla la zona, no se ha visto afectada, la extracción de diez toneladas de arena mezclada con el fuel ha supuesto una alteración lo suficientemente importante en el espacio para que tenga consecuencias en la expansión y desarrollo de las plantas. De modo que Ben Magec considera que “hay indicios suficientes para que la Fiscalía investigue y haga informes propios sobre”.
Además, los ecologistas condenaron la “irresponsabilidad de las administraciones con competencias en la materia”, contra quien afirmaron que la justicia “debería también tomar medidas”, condenando la actitud adoptada por la Consejería de Medio Ambiente, cuyos representantes no tomaron medidas hasta mucho después de conocerse la rotura de la tubería. Por el contrario, Antonio Hernández alabó la actitud de Néstor Hernández, concejal de Desarrollo Sostenible, porque “se preocupó y actuó rápidamente”.
En la misma línea, Ben Magec insiste en la premisa de “el que contamina, paga”, afirmando que “la empresa tiene que satisfacer todas las facturas que genere el desastre”.
Por otro lado, la empresa tiene también abierta una investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que espera por los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, para comprobar si se ha producido algún delito de imprudencia.
http://www.lagacetadecanarias.net/lector.php?articulo=20081019133241
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