Macro carcel en Gran Canaria
TURCÓN – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANTE LA IMINENTE ADJUDICACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA MACROCÁRCEL EN GRAN CANARIA, RECUERDA QUE EL MODELO PENITENCIARIO QUE SE QUIERE IMPONER NO ES EL MÁS QUE SE ADAPTA A CANARIAS
El Colectivo Turcón solicitó hace más de un año al Ministerio del Interior un cambio de modelo ante el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias en Canarias que estuvo en información pública en esa época.
En las alegaciones efectuadas solicitaron la reconsideración de la implantación en Canarias de un Centro Penitenciario Tipo I (macrocárcel), por la realidad de la limitación de espacios físicos en un territorio de gran fragilidad, así como de los escasos resultados que ese tipo de Centros había venido obteniendo de cara a la reinserción de los reclusos, conforme viene proclamado en el artº 25.2 de la Constitución española.
La implicación de Turcón en este tema arranca desde hace unos 10 años, en 1997, cuando se comenzó a plantear la construcción, en Gran Canaria, de un nuevo centro penitenciario siguiendo el modelo prototipo propuesto por el Plan de Amortización y creación de Centro Penitenciarios (PACCP) de 1991.
Este PACCP se basaba en el déficit de plazas carcelarias y en la “escasa rentabilidad de los centros existentes” debido a que se consideraban “excesivas” las plazas de funcionarios para la atención de los internos. Con centros mayores y con más modernos sistemas de vigilancia y control, las necesidades de personal se reducirían notablemente. Otro de los objetivos claramente expuestos en el plan era el de “amortizar establecimientos que poseen un elevado valor patrimonial al estar ubicados en cascos urbanos”. Con la adecuada recalificación del suelo, posterior desaparición de los centros y nueva urbanización con otros usos, se esperaba obtener unos importantes ingresos.
Surge así el concepto de las macrocárceles, con el objetivo de cerrar los establecimientos carcelarios existentes y, a la vez, aumentar el número de plazas y reducir el ratio de funcionarios por recluso. Las Macrocárceles, como la que se pretende construir en Castillo del Romeral, se presentan como “pequeñas ciudades autosuficientes” de 100.000 metros cuadrados construidos sobre terrenos de unas 30 hectáreas, despejados y “en ningún caso dominados por colinas o accidente geográfico alguno en una distancia inferior a los 2.000 metros medidos desde el límite de la finca”. La capacidad que se plantea es de 1.008 reclusos con celdas individuales, aunque ya se sabe que las primeras macrocárceles construidas duplicaron su capacidad, instalando literas.
En Gran Canaria, en un primer momento, el debate no se centró para nada en una toma de conciencia de la situación de los presos y de puesta en crisis del modelo penitenciario. Los primeros argumentos en contra, tanto de vecinos como de ayuntamientos, se basaban en el rechazo a la población reclusa. La reacción política era buscar un emplazamiento alejado de poblaciones. Así, la macrocárcel termina siendo propuesta en el Campo de los Volcanes de Rosiana, espacio hoy propuesto para engrosar la Red de Espacios Naturales de Canarias, de gran valor natural, paisajístico y etnográfico.
A partir de entonces interviene de forma decidida el movimiento ecologista, que hasta ese momento se había mantenido como observador del problema. Se comienza a interactuar con otros sectores sociales, juveniles y vecinales y se empieza a crear un discurso nuevo que pone en tela de juicio el modelo penitenciario a aplicar en Canarias. Todo ello sin perder de vista la precaria situación de las cárceles existentes.
El proceso de lucha y de sensibilización, a través de plataformas ciudadanas, fue importante y se sucedió en varias fases y con múltiples herramientas: rutas didácticas, asambleas informativas, jornadas temáticas, edición de folletos, publicaciones y artículos de opinión, etc., y estableciendo contacto tanto con funcionarios de prisiones, vecinos, asociaciones en defensa de los derechos humanos, políticos al más alto nivel, etc., hasta el punto de conseguir reorientar, en parte el planteamiento penitenciario que había para Canarias.
Se consiguió, por un lado, que no afectara a espacios naturales ni rurales y por otro lado, se consiguió que se llegaran a hacer planteamientos conjuntos entre los propios funcionarios de prisiones y las plataformas ciudadanas. Finalmente el resultado fue la elaboración de una tabla de reivindicaciones que se plantearon a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de la siguiente manera:
• Adecuar el modelo penitenciario y la dimensión de los futuros centros a la realidad territorial, teniendo en cuenta la singularidad canaria y el “hecho” insular. Definir dicho modelo junto con el Gobierno de Canarias, agentes sociales y vecinales.
• Construcción de varios Centros de Régimen Abierto ubicados en las ciudades.
• Creación de Centros de Inserción Social y Reeducación con tutela judicial para el tratamiento de drogodependientes con problemas penales.
• Planes de prevención y dotación tanto presupuestaria como de personal para su puesta en práctica.
• Puesta en práctica de medidas sustitutivas de la prisión como por ejemplo: el trabajo comunitario.
• Estudiar las transferencias de las competencias en materia penitenciaria en el nuevo Estatuto de Autonomía.
Por desgracia se ha continuado con la misma idea de construir un centro tipo Macrocárcel que, a consideración de Turcón, en ningún debe pasar por la amortizar del Centro de Salto del Negro como compensación por construir esta nueva cárcel ya que se incrementaría la superficie edificada, aunque sea con diferentes usos.
Firmado: El Presidente de Turcón-Ecologistas en Acción
Juan Jiménez Alemán
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