Contra el fuego, una franja de seguridad en cada casa
El Cabildo de Gran Canaria no pretende eludir su responsabilidad como administración ni tampoco se ha inventado ninguna normativa que no esté ya contemplada. Lo que quieren los técnicos insulares de la Consejería de Medio Ambiente es que se cumpla con una orden que ya venía recogida en el decreto que el Gobierno canario dictaminó el 9 de julio de 2001 en materia de prevención y extinción del fuego forestal. Esa disposición obliga a los ciudadanos que viven o trabajan en zona de riesgo, sea en el monte o en suelo de medianías, a proteger con un cinturón de seguridad los 15 metros a la redonda de cada vivienda, edificación o instalación agrícola o ganadera.
Dicho de otro modo, los vecinos deberán limpiar de matojos, mala hierba, escobones y de todo lo que crezca el espacio que se encuentra alrededor de sus casas o cuartos de apero y que es susceptible de convertirse en combustible o mecha vegetal del fuego. Hasta hoy no se les obligaba ni tampoco se vigilaba el cumplimiento de esta medida, de ahí que la intención del Cabildo no sólo sea instar a partir de ahora a que se lleve a cabo, sino que también facilitará su aplicación. Según informan los técnicos insulares, en los próximos días la institución publicará un decreto mediante el cual se eximirá de pedir permisos a los afectados por esta medida para que corten sin trabas el matorral junto a sus casas.
evitar la improvisación. Desde la Corporación insular se aclara que esta decisión no tiene fines coercitivos, sino que sólo ansía la colaboración ciudadana. Los técnicos del departamento que dirige el socialista Juan Salvador León, que trabajan a destajo para prevenir futuros incendios en la Isla, insisten en que el fuego se ha convertido en un problema de todos, de ahí que entiendan que, al margen de la responsabilidad que tienen al respecto el Gobierno y el Cabildo y de los proyectos que tienen previsto acometer, se hace imprescindible la colaboración de otras instituciones y del ciudadano.
La idea es que cada vecino cumpla con su parte y que luego lo informe. Así el Cabildo lograría tener un mapa de situación, a la hora de atacar un frente de llamas, sobre qué casas o qué asentamientos rurales son defendibles. La falta de esa información, entre otras razones, obligó a que durante la lucha contra el incendio que arrasó media Isla el año pasado se recurriese mucho a la improvisación, según reconocen desde los propios servicios de emergencia, y se optase, por precaución, a evacuar los barrios afectados.
saca de pinocha. Lo que está claro es que esta acción forma parte de una nueva política en materia de prevención por parte del Cabildo en la que, ahora sí, se quiere contar con la ayuda del pastor y del agricultor, que durante tantos años han estado cercados por un celo protector hacia el medio ambiente en el que se les veía casi como agentes agresivos. Entre otras cosas, anuncian fuentes técnicas, se eliminará buena parte de la burocracia actual que hoy dificulta lograr un permiso para sacar pinocha de las zonas boscosas o se extenderán por más tiempo (hasta un año e incluso cinco) las licencias para quemar rastrojos, siempre que no se hagan en julio, agosto o septiembre y se avise antes a un agente forestal para saber si no hay peligro alguno.
Estas medidas se sumarán al resto de acciones impulsadas por Cabildo, Gobierno canario y Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios. Hay un convenio cofinanciado entre la entidad regional y la institución insular por valor de 6 millones de euros que está en ejecución. Además, el Cabildo tiene en marcha un proyecto, Gran Canaria Sostenible, subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, que hasta julio próximo tiene a 294 personas limpiando los barrancos en el Norte. En julio comienza otro por 6 meses más. Junto a ellos está el personal propio, que hace quemas prescritas en pastizales. También se tramitará declarar media Isla zona de alto riesgo, ampliando la delimitación recogida en la actual Ley de Montes.
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