Greenpeace advierte de que la reforma de Costas frenará la liberación del litoral
NAIMA PÉREZ, Tenerife
La reforma que el Gobierno de España tramita a través de la Ley de Navegación Marítima sobre las viviendas y construcciones situadas en dominio público marítimo terrestre no servirá más que para "ralentizar el proceso de expropiación y liberación de nuestras costas". Así lo aseguró ayer a este periódico la responsable de la campaña de Costas de la organización ecologista Greenpeace España, Pilar Marcos, quien explicó que con esta modificación legal se permite el cambio de titular de estas casas cuando antes su propiedad sólo podía pasar a manos de familiares. Al permitirse su compra-venta se ralentiza todo el expediente administrativo.
"Lamentamos este retroceso en la protección del medio ambiente", dijo Marcos en relación a esa modificación legal emprendida por el Ministerio que dirige Elena Espinosa y que permitirá vender y comprar las viviendas situadas en este suelo litoral de dominio público. La ecologista denunció también que esta reforma se ha emprendido sin la consulta previa al Consejo Asesor en Medio Ambiente, órgano del que forman parte colectivos ecologistas como el suyo, un hecho que calificó de "grave".
"La liberación del dominio público no es un capricho; se trata de un suelo que es un bien común, no de unos pocos", afirmó la activista de Greenpeace, quien aseguró que su organización está por la aplicación de la Ley de Costas de 1988, porque es una norma de mínimos "muy buena".
Marcos apuntó también que la mayoría de estas viviendas que visten el litoral, en especial en Canarias, por las condiciones insulares, "no son en absoluto primeras viviendas".
En este sentido, criticó el tibio papel de defensa del medio ambiente que está llevando a cabo el Gobierno central, y añadió que en época de crisis "este Ministerio ha pasado a ser de segunda categoría". De esta forma, insistió en que el medio ambiente también reporta ingresos y beneficios para el territorio.
No ceder competencias
Greenpeace está radicalmente en contra de que las comunidades autónomas puedan introducir modificaciones en sus leyes para arrogarse funciones en materia de costas, una competencia que debe residir en la Administración central. "No podemos permitir ahora que las comunidades se dediquen a parchear la política en el litoral", aseguró. Esta postura es claramente contraria a las intenciones del Gobierno canario o el gallego, que han aprovechado esta reforma legal en costas para reclamar las competencias en esta materia.
En este sentido, la representante de Greenpeace se mostró contraria a la modificación del Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (Trlotenc) en la que trabaja el Parlamento de Canarias. Con esta reforma legal autonómica los grupos que apoyan al Gobierno (CC y PP) pretenden salvar del derrumbe edificaciones que, aún situadas en dominio público, tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco.
Por último, insistió en que el Ejecutivo central debe concluir el deslinde de todo el litoral español, del que ya se ha realizado el 80 por ciento. Añadió que es necesario un cambio de modelo turístico, en especial en Canarias, donde, afirmó, se siguen cometiendo "importantes atentados" contra el medio ambiente, como las obras del puerto de Granadilla, dijo.
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