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Tras la decisión del TSJC, piden sentido común al Gobierno de Canarias.

Tras la decisión del TSJC, piden sentido común al Gobierno de Canarias.

Ecologistas en Acción de Tenerife

Además de felicitarse por la actuación de la justicia, que ha mantenido la suspensión de la descatalogación de los sebadales de Granadilla, Ben Magec-Ecologistas en Acción pide sentido común al Gobierno de Canarias, y exige que se rechace de una vez por todas cualquier intención de construir esa desastrosa obra.

En defensa de los sebadales y la vida marina.

La citada resolución pone de mani fiesto lo que se ha venido diciendo reiteradamente desde hace una década: el puerto de Granadilla es ilegal, y por lo tanto, no s e podrá c onstruir si no es contraviniendo las leyes.

Pero además de ilegal, el puerto de Gran adilla es una obra absurda. Tan absurda como lo fue la construcción del puerto de Arinaga, que después de tres años de construido, y tras haber destrozado el mejor sebadal que existía en Canarias, y de haber supuesto un gravísimo despilfarro de dinero público, no ha satisfecho ninguna necesidad de las previstas, cuestión que se repetirá de forma idéntica si se construye el puerto de Granadilla.

Ben Magec-Ecologistas en Acción insiste en que ahora, en época de crisis, es más necesario que nunca evitar ese tipo de desviaciones de fondos, que ni siquiera suponen una apuesta decidida por la creación de empleo (recordemos que las previsiones de puestos de trabajo para Granadilla no superan el medio centenar en los mejores momentos de actividad durante su construcción).

La Federación ecologista considera que se sienta un buen precedente tras esta resolución, que ha primado el interés colectivo y la conservación del medio ambiente frente al interés particular y económico.

Además de ello, cabe recalcar la importancia que para el propio tribunal ha supuesto el que haya habido una gran contestación social y una masiva participación en la presentación de alegaciones a la descatalogación (citado expresamente en el auto emitido), así como la calidad de los informes técnicos presentados, poniendo en relieve la importancia –muchas veces minusvalorada por parte de las administraciones- de los procesos de información pública y participación.

Para los ecologistas, resulta destacable la falta de respeto de los políticos canarios hacia el poder judicial y la contestación social durante todo este proceso en el que, aún estando en proceso de resolución la descatalogación, y tras conocer otra manifestación multitudinaria, esta vez convocada por los más prestigiosos miembros de la comunidad científica canaria, han afirmado con contundencia que el puerto se hará.

La organización advierte que si se sig uen vulnerando más leyes para construir esta infraestructura, están dispuestos a seguir denunciando. Por lo tanto, como no quedarán más opciones para construirlo que hacerlo a costa de la legalidad, lo mejor es que el gobierno recapacite, y que abandone por fin su absurda e ilegítima pretensión.

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