El Gobierno canario da vía libre a legalizar las recicladoras de áridos

JESSICA MORENO l SANTA CRUZ DE TENERIFE

 

El Gobierno de Canarias, a través de la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) ha dado el visto bueno para facilitar las plantas de machaqueo de áridos por parte de las empresas recicladoras de la construcción. Así  lo afirmó a este medio el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez, quien matizó que  este asunto fue aprobado hace dos semanas por el pleno de la Cotmac y se hará efectivo una vez sea publicado por el Boletín Oficial de Canarias.

 

Rodríguez explicó que hasta el momento las empresas veían frenada por la burocracia la posibilidad de instalar plantas de machaqueo para el reciclaje de sus residuos, “ya que era necesario tener una serie de permisos”. Del mismo modo, indicó que este punto fue promovido por la Corporación insular.

 

El responsable del área de Medio Ambiente del Cabildo insistió en la importancia de esta medida “que beneficiará no a menos de una veintena de empresas en Tenerife” puesto que permitirá que se aprovechen los materiales de las obras “y no tengan que ser vertidos a los barrancos, ya que para poder legalizar esta actividad era necesario un tiempo de casi dos años”.

 

Rodríguez señaló que el único aspecto que queda por resolver en el Plan Insular de Residuos es éste, ya que “antes el reciclaje de áridos se venía frenando con el alegato de que era un recurso minero y ahora pasa ahora a tratarse como residuos, lo que permitirá legalizar la mayor parte de plantas que hay en Tenerife para tratamientos de tierras, que se puede utilizar para cultivos, de machaqueo, de piedras y escombros para que las empresas de la construcción tengan áridos para la misma y eso ha sido tratado en un pleno extraordinario de la Cotmac gracias a los planteamientos del Cabildo de Tenerife”.

 

Además, precisó que antes las empresas para reutilizar estos recursos necesitaban un permiso de minas y la burocracia era de un año o dos, “ya que el consentimiento no pasaba por el Cabildo sino iba al Gobierno autónomo”, aspecto que se ha modificado.

 

Indicó que hasta el momento este tipo de empresas están en situación de “alegalidad”, con muchos problemas burocráticos. Por último, destacó que este cambio “aligera el tiempo, el papeleo y nos permite de manera directa buscar la forma de que las plantas que reúnen las condiciones adecuadas se legalicen”.

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