El 24 de junio se celebra el Día contra la Contaminación Electromagnética. En el estado español es una fecha motivo de reflexión por el alarmante aumento de la electropolución en nuestro país, causada por dos agentes principales: por un lado, los campos electromagnéticos de baja frecuencia de las líneas eléctricas, subestaciones y transformadores y, por otro lado, los campos electromagnéticos de radiofrecuencias y microondas emitidos por las antenas estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras como los sistemas Wifi y WiMAX. Diversas organizaciones, agrupadas en la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética han elaborado el manifiesto siguiente:
PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMÁGNETICA
MANIFIESTO
Las asociaciones de afectad@s, asociaciones de vecin@s, electrosensibles, grupos ecologistas, comités científicos, expert@s y abogad@s agrupados en esta plataforma MANIFESTAMOS QUE HABIDA CUENTA DE:
La preocupación actual de la población mundial y científicos independientes por los riesgos que entraña para la salud la exposición crónica cotidiana a diferentes campos electromagnéticos (líneas de alta tensión, estaciones transformadoras, transformadores de zona, en baja frecuencia, y estaciones base de antenas de telefonía móvil, WIFI, WIMAX, teléfonos inalámbricos DECT, femtoceldas, etc., en alta frecuencia de microondas pulsantes).
El reconocimiento unánime de la existencia de efectos “no térmicos” por parte de los investigadores científicos independientes de la industria. Las señales de alarma emitidas por grupos de científicos independientes e investigadores de máximo prestigio internacional, en diferentes resoluciones: Salzburgo I (2000), Salzburgo II (2002), Catania (2002), Friburgo (2002), Alcalá (2002), Benevento (2006), Londres (2007) y Paris (2008).
La publicación del Informe BIOINITITIVE, que revisa 1500 investigaciones científicas independientes, que alerta de los graves efectos que pueden causar las exposiciones a largo plazo de las radiaciones de campos electromagnéticos (CEM) y de radiofrecuencias (RF), producidas por la telefonía móvil, sistemas inalámbricos, líneas de alta tensión, transformadores, etc., en los niveles a los que estamos expuestos actualmente y que recomienda, con carácter de máxima urgencia a las autoridades públicas y sanitarias la reducción drástica de los niveles de exposición permitidos hacia niveles inferiores a 0.1 µw/cm2 en exteriores, y menos de 0.01 µw/cm2 en interiores, con carácter provisional para avanzar hacia ulteriores reducciones . La Resolución de Londres (2007) que propone que apliquen de manera inmediata las recomendaciones del Informe Bioinitiative 2007 sobre CEM y RF y se esfuercen por establecer las recomendaciones de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Salzburgo (2002) de 0, 001 uW/cm2 (0,06 V/m) al aire libre y de menos de 0,0001 uW/cm2 (0,02 V/m) para exposición a RF en interiores, habida cuenta de la extrema penetración de las frecuencias utilizadas en la tercera generación de estas tecnologías.
Las iniciativas pioneras llevadas a cabo con éxito en algunos lugares como Salzburgo, donde se ha conseguido alcanzar los niveles anteriormente, referidos y se proyecta rebajarlos aún más.
La preocupación por posibles efectos devastadores en adolescentes y niños-as a largo plazo, dada la inmadurez de los tejidos cerebrales y la gran penetración de las ondas en los tejidos.
Las recientes resoluciones del Parlamento Europeo (septiembre de 2008 y abril de 2009) en las que se insta a revisar y reducir los límites de protección frente a los riesgos generados por los CEM. Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española: Derecho a la integridad física (Art. 15). Derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1). Derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art.18.2). Derecho a la protección de la salud. (Art. 43)
DENUNCIAMOS:
La actitud y estrategias de la industria de telecomunicaciones, que se centra en negar las evidencias científicas (Declaración de París, 2008) y en influir, por medio de sus poderosos grupos de presión, en los medios de comunicación y poderes públicos e instituciones, con el objeto de impedir que se establezca una legislación que controle el despliegue tecnológico y la instalación de infraestructuras emisoras de CEM y proteja la salud de la población.
La pasividad y alineamiento, hasta la fecha, del Gobierno español, con los intereses de la industria de telecomunicaciones inalámbricas que, en lugar de defender el derecho a la salud de la población, ignora las reivindicaciones ciudadanas y las resoluciones internacionales y del Parlamento europeo.
En defensa del derecho a la salud y la vida de las generaciones presentes y futuras:
PEDIMOS:
A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS:
Que velen por la Salud Pública en vez de por los intereses económicos de la industria implicada.
Que desarrollen una nueva ley en sustitución del actual RD 1066/2001 y de la actual Ley General de Telecomunicaciones, ya obsoletos, que garantice la salud de la población, basándose en el Principio de Precaución y el principio ALATA (mínima emisión técnicamente posible), siguiendo las recomendaciones del informe BIOINITIATIVE para microondas que son de menos de 0.1 µw/cm2 en exteriores y 0.01 µw/cm2 en interiores, y con el compromiso de reducirlo aún más en el futuro en consonancia con la Resolución de Londres (2007). Para campos magnéticos provocados por las líneas de alta tensión y transformadores, en base al Informe Bioinitiative, se piden niveles inferiores a 0.1µT.
Que se establezca un sistema de control de los niveles de emisión fiable, encomendada a un cuerpo público de inspección independiente y con información pública accesible en tiempo real a toda la ciudadanía, con la participación de científicos independientes y la ciudadanía.
Que se establezcan distancias mínimas biosanitarias para todas las fuentes de emisión CEM en base a los estudios científicos independientes.
Que se establezca una reserva específica de suelo para todo tipo de infraestructuras e instalaciones emisoras de CEM, tanto de baja como de alta frecuencia.
Que se establezca un registro público actualizado de todas las fuentes de emisión de CEM, especificando su potencia real de emisión, frecuencias y características.
Que se regule el uso del móvil por menores de edad y se financien y promuevan campañas de uso responsable del móvil y dispositivos inalámbricos, en conformidad con las recomendaciones del Parlamento europeo.
Que se persiga el incumplimiento de la legislación reguladora con sanciones ejemplares.
Que las autoridades decreten una moratoria en todo el Estado sobre la instalación de sistemas WIFI, WIMAX, etc. y se desmantelen los dispositivos y redes inalámbricas ya instalados sustituyéndolos por conexiones por cable.
Que se reconozca la electrohipersensibilidad (EHS) como causa de discapacidad, como se hace en Suecia y en algunos estados de los EE.UU., como recomiendan las recientes resoluciones del Parlamento europeo, y que se instruya a los Servicios Públicos de Salud para que diagnostiquen y certifiquen los casos de EHS que se les presenten.
Que se prohíba el uso del móvil en el transporte público y en todos los centros públicos (escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, casas de cultura, etc.).
Que se regulen los radioenlaces, (emisores en frecuencias de radar entre 15Ghz y 45Ghz, altamente peligrosas) y se sustituyan por fibra óptica en las ciudades y, en la medida de lo posible, también en las zonas rurales.
Que se financie y promueva la realización de estudios epidemiológicos diseñados por científicos de probada independencia, con la participación de los ciudadanos y las organizaciones de afectados.
Que se obligue a las compañías a disponer de un seguro de responsabilidad civil y penal ilimitado o que lo garantice por Ley el Estado.
RECOMENDAMOS
A LA POBLACIÓN a informarse de fuentes independientes de la industria, a protegerse en caso de encontrarse en riesgo su salud, a organizarse y reivindicar su derecho a la salud. Recomendamos que se minimicen los riesgos en os domicilios particulares primando las tecnologías por cable a las inalámbricas. (cable en vez de WIFI, teléfonos fijos en vez de inalámbricos DECT).
A LAS COMUNIDADES DE VECINOS a que no instalen antenas en sus edificios y que rescindan los contratos de las ya instaladas, hasta que no se garantice niveles que minimicen los riesgos actuales.
A LOS SINDICATOS: que participen activamente en la consecución de la minimización estos riesgos, ya que afectan también al ámbito de la salud laboral.
A LOS MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD a informarse de fuentes independientes y movilizarse por la defensa de la salud de la población.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN a evitar el sesgo introducido por los intereses de la industria y velar por la información veraz y la libertad de expresión.
A LA INDUSTRIA DE TELEFONÍA MOVIL a cambiar su actitud y colaborar participando en el debate público desde la transparencia y el interés por la salud pública, aportando propuestas técnicas que minimicen riesgos, dedicando parte de sus onerosos beneficios a implantar un sistema que minimice los riesgos actuales.
A LA IGLESIA que cuando piense en instalar una antena en sus instalaciones tenga en cuenta la salud de las personas que viven alrededor.
Foto: Juan de la Bárcena, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Insular de Gran Canaria
