Gran Canaria y Tenerife están a la cabeza en construcciones ilegales de España

La Provincia, 20-10-2006

"Es incomprensible el agravio comparativo entre el que cumple la ley y el que se enriquece incumpliéndola". Esta sentencia es del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno autónomo, Domingo Berriel, quien reconoce que tanto Gran Canaria, como Tenerife se encuentran en el pelotón de cabeza en el número de infracciones por edificaciones ilegales de todo el Estado.

Los datos del Seprona se quedan cortos al analizar los que maneja la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias. El total de expedientes abiertos por los técnicos de este departamento por infracciones constructivas en Gran Canaria fue en los primeros nueve meses del año de 308. En Tenerife la cifra fue de 244. Estos datos revelan que las inspecciones no logran frenar las constantes vulneraciones a la ley del territorio que se producen en Canarias y, sobre todo, en las islas capitalinas.

El informe del Seprona considera que la provincia de Santa Cruz de Tenerife es en 2006 la segunda en número de infracciones por construcciones ilegales de toda España. Las Palmas se situaría en sexto lugar, pero estos datos no son los que maneja el Gobierno de Canarias. "Los expedientes no se abren sólo como consecuencia de las inspecciones del Seprona", explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, "sino que se tienen en cuenta también las denuncias de los particulares y de los propios técnicos del Ejecutivo", añaden.

El departamento de Berriel admite que las dos islas capitalina son las más infractoras con las leyes territoriales, pero Gran Canaria es la que más expedientes ha generado en los primeros meses del año, un total de 308. En agosto se registró el mayor número de informes contrarios a construcciones (79). Lo mismo sucedió en Tenerife, con 47 expedientes incoados.

En Lanzarote fueron 33 las diligencias abiertas hasta septiembre por construcciones ilegales, mientras que el número en Fuerteventura se elevó hasta las 98. "Tenemos que luchar porque los derechos de los infractores no primen sobre el interés general", concluyó Berriel.