Ben Magec pide al Gobierno suspender el proyecto de Anfi Tauro por ser ilegal
La Federación Ecologista presenta un dictamen jurídico ante la Fiscalía Anticorrupción
CARLA PEÑALAS PALMAS DE G.C.– La Federación Ecologista Ben Magec, a raíz de lo acontecido en el último mes con respecto a la Operación Góndola, ha decidido entregar a la Fiscalía Anticorrupción el dictamen jurídico que han elaborado contra la declaración de interés general del proyecto de Anfi Tauro, en Mogán, con el objetivo de que sea “una información valiosa porque pone en contradicción que se hayan aprobados estos planes cuando hay sentencias que los anulan”, así lo expresó el representante del grupo ecológico, Heriberto Dávila.
También ha sido presentado en la Consejería de Medio Ambiente para que “de una vez por todas se de por enterada de que este proyecto, desde nuestro punto de vista y desde cualquier punto de vista legal, no tiene ninguna posibilidad de viabilidad”. Según expresó Dávila, presentarán esta propuesta además en el Parlamento de Canarias, a los distintos grupos parlamentarios, “para que en ningún momento den vía libre a este proyecto”, señaló.
“Lo que queremos aclarar es que se está tergiversando una realidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente y es que desde el punto de vista de las directrices y de la legalidad, la emisión de un informe favorable a este proyecto no lo hace el Parlamento, están diciéndole a la opinión pública que el Parlamento es el último responsable. El Parlamento recoge el informe desfavorable o favorable del Gobierno de Canarias, en concreto de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces es la Consejería de Medio Ambiente la que tiene la responsabilidad de emitir, de una forma totalmente inminente un informe desfavorable no sólo ya por la anulidad y las ilegalidades que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo sino también por toda lo que se ha montado en el último mes en torno a todo este proceso judicial”, sentenció.
Los ecologistas reclaman al Ejecutivo que suspenda el proyecto debido a que en noviembre presentaron un dictamen jurídico que hablaba de las “irregularidades legales” de Anfi Tauro. Dávila explicó que la ausencia de cobertura jurídica, tras cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Supremo, anulaban los instrumentos de planeamiento de este proyecto, que son la de la modificación puntual del Plan Insular de Ordenación Turística (PIOT), normas subsidiarias, así como el Plan Parcial y Proyecto de Compensación del polígono uno, de dicho plan. “Se aprueba este proyecto bajo un PIOT que más tarde es transformado, con lo cual habría que empezar de nuevo todo el proceso de aprobar las licencias de este proyecto, no sólo lo decimos nosotros sino además las cuatro sentencias presentadas entre otros por asociaciones de vecinos diciendo que el proyecto Anfi Tauro es nulo”. Con respecto a las declaraciones del consejero Domingo Berriel, de que le parece una “acusación surrealista, nosotros creemos que desde luego este planteamiento no está siendo transparente”.
Mercadeo de camas
Por otro lado, Dávila expresó que “lo que no se puede entender bajo ningún concepto de legalidad es que determinado empresario ponga encima de la mesa un proyecto de 3.600 camas, aprobado en el Cabildo y sea un mercadeo entre la Consejería de Medio Ambiente y determinado empresario”. Hay un proyecto que se presenta, “si no se atiene a la ley, se rechaza”.
También ha sido presentado en la Consejería de Medio Ambiente para que “de una vez por todas se de por enterada de que este proyecto, desde nuestro punto de vista y desde cualquier punto de vista legal, no tiene ninguna posibilidad de viabilidad”. Según expresó Dávila, presentarán esta propuesta además en el Parlamento de Canarias, a los distintos grupos parlamentarios, “para que en ningún momento den vía libre a este proyecto”, señaló.
“Lo que queremos aclarar es que se está tergiversando una realidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente y es que desde el punto de vista de las directrices y de la legalidad, la emisión de un informe favorable a este proyecto no lo hace el Parlamento, están diciéndole a la opinión pública que el Parlamento es el último responsable. El Parlamento recoge el informe desfavorable o favorable del Gobierno de Canarias, en concreto de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces es la Consejería de Medio Ambiente la que tiene la responsabilidad de emitir, de una forma totalmente inminente un informe desfavorable no sólo ya por la anulidad y las ilegalidades que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo sino también por toda lo que se ha montado en el último mes en torno a todo este proceso judicial”, sentenció.
Los ecologistas reclaman al Ejecutivo que suspenda el proyecto debido a que en noviembre presentaron un dictamen jurídico que hablaba de las “irregularidades legales” de Anfi Tauro. Dávila explicó que la ausencia de cobertura jurídica, tras cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Supremo, anulaban los instrumentos de planeamiento de este proyecto, que son la de la modificación puntual del Plan Insular de Ordenación Turística (PIOT), normas subsidiarias, así como el Plan Parcial y Proyecto de Compensación del polígono uno, de dicho plan. “Se aprueba este proyecto bajo un PIOT que más tarde es transformado, con lo cual habría que empezar de nuevo todo el proceso de aprobar las licencias de este proyecto, no sólo lo decimos nosotros sino además las cuatro sentencias presentadas entre otros por asociaciones de vecinos diciendo que el proyecto Anfi Tauro es nulo”. Con respecto a las declaraciones del consejero Domingo Berriel, de que le parece una “acusación surrealista, nosotros creemos que desde luego este planteamiento no está siendo transparente”.
Mercadeo de camas
Por otro lado, Dávila expresó que “lo que no se puede entender bajo ningún concepto de legalidad es que determinado empresario ponga encima de la mesa un proyecto de 3.600 camas, aprobado en el Cabildo y sea un mercadeo entre la Consejería de Medio Ambiente y determinado empresario”. Hay un proyecto que se presenta, “si no se atiene a la ley, se rechaza”.
Queja del Círculo de Empresarios
“Es evidente que todos somos iguales ante la Ley, pero también es evidente que los inculpados por delitos también tienen sus derechos y que precisamente son los responsables de las Administraciones Públicas quienes han de ampararles, evitando la publicidad innecesaria y el escarnio público, máxime cuando los inculpados, por ahora, ni tan siquiera han sido condenados”.
Con estas palabras, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria trasladaba ayer un escrito dirigido al Diputado del Común en el que expresa “su preocupación por el funcionamiento de la Administración de Justicia ante los excesos publicitarios y las faltas de discreción y prudencia que considera se ha dado en muchas actuaciones judiciales y policiales llevadas a cabo últimamente contra empresarios de la Isla”.
“En ningún caso debe perderse de vista que los inculpados gozan de presunción de inocencia y que no deben ser condenados, ni siquiera por la opinión pública, sin que antes se celebre un juicio formal”.
Con estas palabras, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria trasladaba ayer un escrito dirigido al Diputado del Común en el que expresa “su preocupación por el funcionamiento de la Administración de Justicia ante los excesos publicitarios y las faltas de discreción y prudencia que considera se ha dado en muchas actuaciones judiciales y policiales llevadas a cabo últimamente contra empresarios de la Isla”.
“En ningún caso debe perderse de vista que los inculpados gozan de presunción de inocencia y que no deben ser condenados, ni siquiera por la opinión pública, sin que antes se celebre un juicio formal”.
http://www.lagacetadecanarias.net/lector.php?articulo=20080214181244
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