ARTÍCULO DE OPINIÓN: ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

El autor: Juan Francisco Rodríguez Báez, candidato al Parlamento de Canarias por Los Verdes.

Coordinador de la Campaña para una Ley Canaria de Antenas.

ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

 

Recientemente, las empresas operadoras de telefonía móvil, que en adelante denominaré las cuatro hermanas (por aquello de los acuerdos de subida de tarifas y demás comportamientos contrarios a la libre competencia), trabajan denodadamente para dar a entender a la población las bondades de las emanaciones electromagnéticas de sus antenas. Disponen de portavoz común que, con cada vez mayor frecuencia, comenta lo imposibles que son los presumibles efectos para la salud.

 

Para ello, echan mano de la Organización Mundial de la Salud (que tuvo el feo gesto de despedir a la única persona que afirmó que las ondas provocadas por las antenas de telefonía móvil debían de tratarse con cuidado) y del Ministerio de Sanidad Español (que se niega, al igual que el Servicio Canario de Salud, en mostrar públicamente un estudio epidemiológico sobre un mapa con la ubicación de las antenas, solicitado por Los Verdes).

 

El portavoz de las cuatro hermanas (Yoigo, Orange, Movistar y Vodafone, que tienen derecho a red propia en España, no de todas las operadoras), el señor Cernuda, afirma que las antenas emiten a unos niveles 1.000 veces inferiores a lo recomendado por la Unión Europea. Lo que no explica es porqué el gobierno italiano ha dividido por 100 los niveles de radiación máxima permitida cuando España mantiene los mismos desde hace tiempo. Tampoco explica porqué razón la UE dejó de financiar el proyecto Reflex precisamente cuando sus primeros resultados fueron la confirmación de la mutación celular por el uso del teléfono móvil.

 

La alarma social no sólo existe en Las Palmas de Gran Canaria, sino en todo el archipiélago canario. Hay cada vez más preocupación en nuestros pueblos y zonas rurales debido al nulo respeto a nuestro medio natural mostrado por estas empresas y a la transgresión constante de las normas existentes en nuestros ayuntamientos (los pocos que se han atrevido a establecer normas al respecto). La política constante del hecho consumado con nocturnidad y la instalación de sus antenas sin licencia del ayuntamiento correspondiente, ¿realmente sorprende a alguien?. Las operadoras de telefonía móvil no respetan a los ciudadanos ni tampoco valoran los enfrentamientos que existen entre vecinos de comunidades a cuenta de sus negocios y que antes no se daban. Por cierto, ¿cómo se declaran los pagos a comunidades de vecinos y presidentes de comunidades a la Agencia Tributaria?, ¿Y los pagos en especia?.

 

Cernuda explica que hay 200 antenas en nuestra ciudad y que requieren de 40 más para seguir ofreciendo su servicio basado, a nuestro entender, en una tecnología sucia, obsoleta y bastante mejorable. ¿Cómo es posible que requieran más antenas si el estudio encargado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Fundación Universitaria de Las Palmas demostró que reubicando las antenas, sin compartirlas, se daría la misma cobertura quitando buena parte de las antenas?. Con sus contratos leoninos de incluso 15 años o más, no es de extrañar que lo que realmente desean es poner muchas más antenas de las necesarias habida cuenta de los decretos de derribo de nuestros ayuntamientos y tribunales. ¿Por qué no ejecutan el estudio del que dispone el Cabildo de Gran Canaria que demuestra lo factible de compartir infraestructuras de telefonía móvil, tal y como exige la Iniciativa Legislativa Popular de Los Verdes que han suscrito 25.000 canarios?.

 

La actitud de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, para desgracia de las poderosas operadoras y para suerte de nuestra salud, ha sido absolutamente intachable en la exigencia de sus derechos y en la convicción de la necesidad de una ley reguladora de la ubicación de las antenas de telefonía móvil. Cada vez disponemos de más y mejor información sobre la realidad de las antenas de telefonía móvil y el comportamiento de las empresas operadoras, su forma de actuar, los efectos sobre la salud, el patrimonio y el medio natural. Lo que las operadoras denominan “conflictividad social” es, en realidad, rechazo al monopolio de facto que intenta comprar voluntades, solivianta a nuestra ciudadanía y destroza la convivencia entre vecinos.

 

De momento, la actitud pasiva de los ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias ha permitido que una bola de nieve de preocupación aumente de tamaño y que más de 25.000 ciudadanas y ciudadanos de nuestras islas entiendan que el vacío legal que existe en Canarias debe desaparecer.

 

El caso de los vecinos de la calle Secretario Padilla de Las Palmas de Gran Canaria demuestra hasta qué punto ha llegado la preocupación de las personas, la capacidad de reacción solidaria entre vecinos y la falta de ética de las empresas operadoras.

 

El absoluto despropósito llega con la afirmación de las cuatro hermanas de lo innecesario de establecer zonas sensibles como escuelas, hospitales o geriátricos. Todo vale para quienes no escatiman en gastos publicitarios pero no respetan a los más débiles. Niños que comen ondas electromagnéticas en sus colegios de Guanarteme, el Monte Lentiscal o Vegueta, personas mayores en Vegueta o personas enfermas de riñón en Arenales deben aguantarse con las que le toca. ¿Hasta dónde piensan llegar estas empresas sin escrúpulos?.

 

Indeseables cuatro hermanas: No necesitamos mediciones que nos confirmen los altos valores de radiación que debemos soportar gracias a leyes hechas a su medida por gobiernos generosos con Vds.. Con su actitud, nuestro paisaje se degrada, nuestro patrimonio histórico se destruye y nuestras viviendas cercanas a estas antenas pierden valor inmobiliario. Nuestros pájaros enjaulados mueren mientras se reproducen sus antenas por doquier debido a que Vds. no desean compartirlas porque en Canarias no hay ley que regule sus actividades desmadradas mientras cualquier persona que desee abrir un negocio se las ve y se las desea para cumplir toda la legislación regional y municipal, así como la insular.

 

Queremos usar las nuevas tecnologías, pero con seguridad. Una tecnología limpia que nos permita comunicarnos entre nosotros, como exige la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por Los Verdes, pero que no hipoteque nuestra salud ni nuestro patrimonio.

 

Por cierto, cualquier persona que desee disponer de luz eléctrica en su casa requiere de la cédula de habitabilidad. ¿Cómo se las arreglan para que sus antenas tengan electricidad si la mayoría de las veces no disponen de licencia?.

 

Juan Francisco Rodríguez Báez.

 

Candidato al Parlamento de Canarias por Los Verdes.

Coordinador de la Campaña para una Ley Canaria de Antenas