Un jurado popular podría juzgar el caso del vigilante forestal de Gran Canaria
El acusado se encuentra en prisión preventiva incomunicada y sin fianza
Un tribunal popular juzgará previsiblemente al vigilante forestal imputado como presunto autor del incendio declarado el pasado viernes en Gran Canaria, cuya instrucción tardará como mínimo un año en llevarse a cabo, informó el fiscal de Medio Ambiente Guillermo García Panasco.
Al vigilante forestal Juan Antonio N.A., de 37 años, en prisión preventiva incomunicada y sin fianza, se le imputan los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente, después de reconocer que había provocado el fuego en el Monte de Pajonales con unas cerillas.
El detenido ha manifestado que su intención era que se ampliara el plazo del contrato que le unía al Cabildo Insular como vigilante forestal, pues estaba contratado desde pasado 1 de julio hasta el próximo 30 de septiembre.
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y con competencias en la provincia de Las Palmas precisó que es difícil hacer una mínima previsión sobre el tiempo que requerirá la investigación por el hecho de tratarse de un incendio, y porque se da la circunstancia que la titular del juzgado competente está de vacaciones y la juez sustituta que lo ha iniciado sólo puede incoar las actuaciones urgentes.
El asunto lo instruye el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arucas, si bien la juez María Auxiliadora Díaz, de Instrucción 1, lo inició como jueza sustituta hasta que se incorpore a mediados de agosto la jueza titular Mónica Oliva, señaló.
Dijo que es posible que la próxima semana se practique alguna diligencia más, pues en estos días se ha procedido a inspeccionar el lugar donde se inició el fuego en el Monte de Pajonales con el vigilante forestal, previa autorización suya y en compañía de su letrado, así como un registro de su casa.
Indicó que lo más difícil de calcular es el tiempo de redacción del informe técnico que debe elaborar el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre el lugar y comienzo del fuego, su recorrido y demás detalles acerca del mismo.
Informó de que desde la fiscalía se interesará un informe de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que el servicio de biodiversidad efectúe un balance sobre los daños medioambientales causados en la flora y la fauna y, si se puede, cuantificarlos, así como en los acuíferos. Para averiguar este último punto si fuera necesario se recurriría al Instituto de Geominero de España, agregó.
Además, también hay que llevar a cabo toda la tarea relativa a determinar en qué administraciones o empresa recae la responsabilidad civil de los perjudicados por el fuego, derivada de la relación laboral del imputado, quien mantenía un contrato temporal para desempeñar funciones estrictamente de vigilancia. "No va a ser sencillo", pero como mínimo un año, cálculo que estimó en función del tiempo que han requerido otros supuestos similares.
Según García Panasco, la fiscalía por ahora no contempla una actuación sobre las responsabilidades civiles derivadas en relación al estado de conservación del monte antes de suceder el incendio. En cuanto a los test psicológicos que se practicarán a los responsables de los incendios forestales para identificar la tipología y la casuística de los mismos, explicó que, en caso de que lo acepte el vigilante forestal detenido por el incendio de Gran Canaria, sus conclusiones no afectarán al procedimiento en ningún modo: "ni a favor ni en contra".
Recordó que se trata de una prueba voluntaria a iniciativa de la Fiscalía General del Estado en la que se garantizará la ley de protección de datos, y es una cuestión gubernativa con efectos estadísticos. El objetivo es valorar si es posible definir un perfil del pirómano, que, de conseguirse, a medio y largo plazo se podría aplicar como medida preventiva, pero aún está en "fase embrionaria", indicó el fiscal.
"No se trata de buscar perfiles de delincuentes", subrayó García Panasco, pues no implica presunción de inocencia ni afecta a los derechos fundamentales de las personas.
El detenido ha manifestado que su intención era que se ampliara el plazo del contrato que le unía al Cabildo Insular como vigilante forestal, pues estaba contratado desde pasado 1 de julio hasta el próximo 30 de septiembre.
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y con competencias en la provincia de Las Palmas precisó que es difícil hacer una mínima previsión sobre el tiempo que requerirá la investigación por el hecho de tratarse de un incendio, y porque se da la circunstancia que la titular del juzgado competente está de vacaciones y la juez sustituta que lo ha iniciado sólo puede incoar las actuaciones urgentes.
El asunto lo instruye el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arucas, si bien la juez María Auxiliadora Díaz, de Instrucción 1, lo inició como jueza sustituta hasta que se incorpore a mediados de agosto la jueza titular Mónica Oliva, señaló.
Dijo que es posible que la próxima semana se practique alguna diligencia más, pues en estos días se ha procedido a inspeccionar el lugar donde se inició el fuego en el Monte de Pajonales con el vigilante forestal, previa autorización suya y en compañía de su letrado, así como un registro de su casa.
Indicó que lo más difícil de calcular es el tiempo de redacción del informe técnico que debe elaborar el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre el lugar y comienzo del fuego, su recorrido y demás detalles acerca del mismo.
Informó de que desde la fiscalía se interesará un informe de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que el servicio de biodiversidad efectúe un balance sobre los daños medioambientales causados en la flora y la fauna y, si se puede, cuantificarlos, así como en los acuíferos. Para averiguar este último punto si fuera necesario se recurriría al Instituto de Geominero de España, agregó.
Además, también hay que llevar a cabo toda la tarea relativa a determinar en qué administraciones o empresa recae la responsabilidad civil de los perjudicados por el fuego, derivada de la relación laboral del imputado, quien mantenía un contrato temporal para desempeñar funciones estrictamente de vigilancia. "No va a ser sencillo", pero como mínimo un año, cálculo que estimó en función del tiempo que han requerido otros supuestos similares.
Según García Panasco, la fiscalía por ahora no contempla una actuación sobre las responsabilidades civiles derivadas en relación al estado de conservación del monte antes de suceder el incendio. En cuanto a los test psicológicos que se practicarán a los responsables de los incendios forestales para identificar la tipología y la casuística de los mismos, explicó que, en caso de que lo acepte el vigilante forestal detenido por el incendio de Gran Canaria, sus conclusiones no afectarán al procedimiento en ningún modo: "ni a favor ni en contra".
Recordó que se trata de una prueba voluntaria a iniciativa de la Fiscalía General del Estado en la que se garantizará la ley de protección de datos, y es una cuestión gubernativa con efectos estadísticos. El objetivo es valorar si es posible definir un perfil del pirómano, que, de conseguirse, a medio y largo plazo se podría aplicar como medida preventiva, pero aún está en "fase embrionaria", indicó el fiscal.
"No se trata de buscar perfiles de delincuentes", subrayó García Panasco, pues no implica presunción de inocencia ni afecta a los derechos fundamentales de las personas.
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