El TSJC suspende la resolución que declara El Golfo núcleo urbano y Costas rechaza el recurso contra el deslinde
El abogado de los vecinos culpa a Berriel del “cacao jurídico”
El abogado de los vecinos de El Golfo (Yaiza), José Ortega, ha pintado este martes un oscuro panorama jurídico sobre el deslinde marítimo terrestre aprobado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2006. El Gobierno central ha rechazado un recurso de los vecinos y ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la consideración del núcleo como suelo urbano.
DiariodeLanzarote.com
[Martes, 26 de febrero de 2007] [12.31]
Hace dos años, la Dirección General de Costas aprobó un deslinde marítimo terrestre que estableció una línea de servidumbre de protección de 100 metros.
Los vecinos presentaron un recurso de reposición (previo al contencioso administrativo) alegando que El Golfo es núcleo urbano y que la línea de servidumbre debe reducirse a 20 metros.
Según explicó el abogado José Ortega este martes en rueda de prensa, la Dirección General de Costas ha rechazado el recurso de reposición contra el deslinde de El Golfo.
Así, Ortega afirmó que el Ministerio ha “despreciado” la resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que emitió el año pasado en la que certifica que El Golfo es núcleo urbano desde antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988.
El abogado denunció que Costas ha mantenido un “silencio clamoroso” sobre el argumento dado por los vecinos de que El Golfo debe ser considerado suelo urbano ya que en el Plan General de Yaiza de 1973 ya estaba calificado como “reserva urbana”.
Ortega explicó que existe un real decreto, aprobado tras la Ley del Suelo de 1976, que equipara el suelo de reserva urbana al suelo urbano en los planes generales anteriores a ese año, como es el caso del de Yaiza.
“Donde se lee suelo de reserva urbana hay que leer suelo urbano”, subrayó Ortega, quien aseguró que, teniendo en cuenta este argumento, “no tenía que haber habido ningún problema con El Golfo”.
Además, el abogado desveló que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido cautelarmente –por un recurso contencioso del ministerio- la resolución de la Cotmac que considera núcleo urbano al pueblo sureño. Los vecinos se han personado en este procedimiento.
En ese sentido, la resolución que declara núcleo urbano a El Golfo, hasta que el TSJC dicte sentencia “es como si no existiera” y “no se puede hacer uso” de ella.
El “cacao jurídico”
El abogado de los vecinos de El Golfo ha señalado al consejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, como el culpable de haber montado un “cacao jurídico”, del que mostró sus dudas sobre cómo se puede resolver.
“Nos encontramos con dos pleitos que dependen el uno del otro”, el de los vecinos contra el deslinde de El Golfo y el de Costas contra la resolución de la Cotmac que declara el pueblo como suelo urbano, explicó el jurista.
Ortega indicó que “la sentencia judicial de uno puede influir en el otro” y describió la situación como “un caos” que ni él mismo sabe “cómo puede acabar”.
El abogado, que es promotor de una plataforma de afectados por la aplicación de la Ley de Costas, mostró su confianza en que haya una salida negociada al problema del deslinde de El Golfo.
“Si hay un nuevo equipo de gobierno en la Dirección General de Costas, como esperamos y deseamos, por el bien de España y los españoles y los canarios, puede haber una revisión de los deslindes que ha aprobado [la ministra] Cristina Carbona”, destacó.
Plataforma de afectados
Por otro lado, José Ortega presentó este martes en Lanzarote la plataforma de afectados por la Ley de Costas que promueve y que nació el pasado 7 de enero en Valencia. En la actualidad, aseveró, hay unas “2.000 familias” representadas en la plataforma, sobre todo de Canarias y de la Comunidad Valenciana.
El objetivo de la plataforma, según explicó, es “denunciar los abusos” de la aplicación de la legislación de Costas en el litoral español. Aunque la ley de Costas se planeó en la década de los ochenta para “frenar la presión urbanística”, a su juicio “se está empleando para facilitar la entrada del gran capital cementero y ladrillero” en el litoral.
La plataforma se ha dirigido, entre otras instancias, a los grupos políticos del Parlamento de Canarias para solicitar la apertura de una comisión de investigación sobre la aplicación de la ley en las Islas. De momento, lamentó, los partidos guardan silencio.
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