Atemo denuncia que pese a la moratoria del Ayuntamiento se siguen instalando antenas de telefonía móvil en la ciudad
Las Palmas de Gran Canaria “No es cierto que se haya suspendido el otorgamiento de nuevas licencias para la instalación de antenas de telefonía móvil, en Las Palmas de Gran Canaria”, así de categórico denunció Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil (Atemo), la situación de “libertinaje” que existe en este campo. Rodríguez presentó ante ACN Press, como argumento, la información de una supuesta licencia que consiguió una antena de telefonía móvil, ubicada en un edificio situado en el camino que lleva hacia Hoya de la Plata, en Tres Palmas.
Se trata de una instalación “ilegal”, si atendemos a la prohibición que levantó el Ayuntamiento capitalino en el mes de octubre, a la espera de reorganizar el marco electromagnético de la ciudad. Una suspensión que “parecía el comienzo del fin del calvario de muchos vecinos, pero que ha quedado en nada, a la vista de las denuncias que recibimos continuamente”, subrayó Rodríguez.
El presidente recordó que en la ciudad existen más de cuatrocientas antenas de telefonía móvil, “que ofrecen cobertura más que suficiente a los ciudadanos. Sobra incluso”, puntualizó. Para Rodríguez, la suspensión de licencias sin gestionar una vigilancia paralela, dio paso a las artimañas de los empresarios, que a expensas de los intereses económicos en el campo de las telecomunicaciones, buscan salida en los tejados de la capital. El truco más común, según Atemo, es obtener los permisos para modificar las antenas que ya existen y aprovechar la autorización, para aumentarles el radio de acción y la altura, “incluso la cambian de sitio”.
Precisamente, Rodríguez aseguró a esta agencia, que en la calle Mesa y López, a la altura del antiguo cine Galaxys, se levantaban dos antenas que se han mudado a las proximidades de Guanarteme. “Realmente sólo levantaron una, pero más grande, con la excusa de una supuesta modificación”, precisó. En este caso, Atemo no puede asegurar si el cambio se produjo durante la noche o en un fin de semana, “como ocurre a menudo para que los operarios pasen desapercibidos”.
“La suspensión no se cumple y no existen inspecciones que vigilen las trampas de las compañías telefónicas”, declaró el presidente. Para denunciar esta situación, Atemo ha solicitado en varias ocasiones ser escuchado por el alcalde la ciudad, Jerónimo Saavedra. Sin embargo, Rodríguez asegura que nunca han conversado con él, “algún concejal nos corta el paso que justifica la situación y alarga el momento de un encuentro con el alcalde”.
La Asociación considera que todos los políticos son iguales, “acaban cediendo a las presiones de las empresas telefónicas y sólo se molestan en quitar las antenas que les perjudica directamente, como ocurrió con la antena situada en Vegueta, cerca de la casa del alcalde, o con la que se situaba en la Minilla, donde vive la ex alcadesa, Pepa Luzardo”. “¿Y el resto de las antenas?” se pregunta Rodríguez.
Cuando se aprobó la suspensión de licencias, el Ayuntamiento presentó datos que aseguraban que se habían desmantelado cuatro antenas y abierto expedientes contra algunas que no reunían los requisitos legales. Sin embargo, no se han hecho público informes más recientes. “Somos víctimas de un terrorismo de Estado”, afirma Alberto de la Barcena, miembro de Atemo.
El Ayuntamiento, en su momento, defendió en el pleno para aprobar la suspensión, que “aunque no existen estudios médicos que relacionen alguna dolencia con la instalación de antenas, resulta evidente que las personas enferman psicológicamente con su mera colocación”. Un testimonio válido para Atemo, pero “no del todo exacto”, ya que según De la Barcena, médico especialista otorrinolaringólogo, “sí existen pruebas que confirman el daño de las ondas electromagnéticas”, lo que ocurre, “es que se ocultan para no alarmar a la población”.
El médico y miembro activo de Atemo, espera que España se adapte a las medidas preventivas de algunos países europeos, como los nórdicos, que alejan los efectos de las antenas móviles. Una política “lejana” para Atemo, mientras “el pulso lo ganen los intereses económicos”. Recuerda el médico, el día que cierta empresa de telefonía móvil entró en su consulta para pedirle encarecidamente que diera un mensaje de tranquilidad a la población, “que dijera que las antenas de móvil no eran perjudiciales, algo totalmente falso”, concluye.
En la actualidad, Atemo la componen más de quinientas personas de Gran Canaria que luchan por una remodelación del decreto de 2001 sobre antenas móviles, ya que lo consideran “obsoleto, inservible y manipulado”. Desean que se apruebe una Ley de carácter estatal, que prohíba a las empresas situar las antenas a menos de 650 metros de la primera casa habitada, y que en cualquier caso, nunca superen el 0.01 microwatio.
Se trata de una instalación “ilegal”, si atendemos a la prohibición que levantó el Ayuntamiento capitalino en el mes de octubre, a la espera de reorganizar el marco electromagnético de la ciudad. Una suspensión que “parecía el comienzo del fin del calvario de muchos vecinos, pero que ha quedado en nada, a la vista de las denuncias que recibimos continuamente”, subrayó Rodríguez.
El presidente recordó que en la ciudad existen más de cuatrocientas antenas de telefonía móvil, “que ofrecen cobertura más que suficiente a los ciudadanos. Sobra incluso”, puntualizó. Para Rodríguez, la suspensión de licencias sin gestionar una vigilancia paralela, dio paso a las artimañas de los empresarios, que a expensas de los intereses económicos en el campo de las telecomunicaciones, buscan salida en los tejados de la capital. El truco más común, según Atemo, es obtener los permisos para modificar las antenas que ya existen y aprovechar la autorización, para aumentarles el radio de acción y la altura, “incluso la cambian de sitio”.
Precisamente, Rodríguez aseguró a esta agencia, que en la calle Mesa y López, a la altura del antiguo cine Galaxys, se levantaban dos antenas que se han mudado a las proximidades de Guanarteme. “Realmente sólo levantaron una, pero más grande, con la excusa de una supuesta modificación”, precisó. En este caso, Atemo no puede asegurar si el cambio se produjo durante la noche o en un fin de semana, “como ocurre a menudo para que los operarios pasen desapercibidos”.
“La suspensión no se cumple y no existen inspecciones que vigilen las trampas de las compañías telefónicas”, declaró el presidente. Para denunciar esta situación, Atemo ha solicitado en varias ocasiones ser escuchado por el alcalde la ciudad, Jerónimo Saavedra. Sin embargo, Rodríguez asegura que nunca han conversado con él, “algún concejal nos corta el paso que justifica la situación y alarga el momento de un encuentro con el alcalde”.
La Asociación considera que todos los políticos son iguales, “acaban cediendo a las presiones de las empresas telefónicas y sólo se molestan en quitar las antenas que les perjudica directamente, como ocurrió con la antena situada en Vegueta, cerca de la casa del alcalde, o con la que se situaba en la Minilla, donde vive la ex alcadesa, Pepa Luzardo”. “¿Y el resto de las antenas?” se pregunta Rodríguez.
Cuando se aprobó la suspensión de licencias, el Ayuntamiento presentó datos que aseguraban que se habían desmantelado cuatro antenas y abierto expedientes contra algunas que no reunían los requisitos legales. Sin embargo, no se han hecho público informes más recientes. “Somos víctimas de un terrorismo de Estado”, afirma Alberto de la Barcena, miembro de Atemo.
El Ayuntamiento, en su momento, defendió en el pleno para aprobar la suspensión, que “aunque no existen estudios médicos que relacionen alguna dolencia con la instalación de antenas, resulta evidente que las personas enferman psicológicamente con su mera colocación”. Un testimonio válido para Atemo, pero “no del todo exacto”, ya que según De la Barcena, médico especialista otorrinolaringólogo, “sí existen pruebas que confirman el daño de las ondas electromagnéticas”, lo que ocurre, “es que se ocultan para no alarmar a la población”.
El médico y miembro activo de Atemo, espera que España se adapte a las medidas preventivas de algunos países europeos, como los nórdicos, que alejan los efectos de las antenas móviles. Una política “lejana” para Atemo, mientras “el pulso lo ganen los intereses económicos”. Recuerda el médico, el día que cierta empresa de telefonía móvil entró en su consulta para pedirle encarecidamente que diera un mensaje de tranquilidad a la población, “que dijera que las antenas de móvil no eran perjudiciales, algo totalmente falso”, concluye.
En la actualidad, Atemo la componen más de quinientas personas de Gran Canaria que luchan por una remodelación del decreto de 2001 sobre antenas móviles, ya que lo consideran “obsoleto, inservible y manipulado”. Desean que se apruebe una Ley de carácter estatal, que prohíba a las empresas situar las antenas a menos de 650 metros de la primera casa habitada, y que en cualquier caso, nunca superen el 0.01 microwatio.
3 comentarios
Sin protagonismo -
¡Viva el progreso y el ecologismo consciente!
¡Abajo el ecologismo de los tontos, "naturalistas" y antitransgénicos!
(Qué nadie se ofenda, el reconocimiento de la propia ignorancia es el principio de la sabiduría)
SIETE LAGARES -
escrito por SIETE LAGARES 27/03/08, julio 19, 2008
1 comentarios:
Anónimo dijo...
Vulgar apaño político. Buen lío han organizado. Han ido a ejecutarlo pasando por delante de un edificio protegido por el catálogo, con la azotea trufada de repetidores.... que no han visto. Seguro que fue milagro de San Ignacio. Y mientras tanto Tafira sin cobertura de Telefónica. El derribo en esas condiciones solo puede ocultar alguna perversa intención, distinta del cumplimiento de la legalidad. Será un acuerdo entre el Ayuntamiento, la compañía propietaria de la casa o entre el Ayuntamiento y la compañía de teléfonos que no es Telefónica? Que gran país!
27 de marzo de 2008 17:06
canario del monte -