Greenpeace denuncia que las administraciones canarias miran para otro lado y dejan que se degrade cada vez más el territorio con fines especulativos
Entrevista a María José Caballero.
SB-Noticias.- María José Caballero, portavoz de Greenpeace, afirma que desde el colectivo ecologista vienen observando año tras año, ya que esta es la octava edición del informe Destrucción a toda costa, que la degradación en Canarias es continuada. Se mire al punto geográfico que se mire, es difícil ver que se respeten las normas medioambientales y que se piense en el Desarrollo sostenible como algo más que dos palabras, sino como un futuro en el que se garantice la calidad de los ciudadanos. Asegura que en el archipiélago hay casos muy claros de corrupción urbanística, donde las evidencias son apabullantes, la administración canaria no hace caso o mira para otro lado, y la justicia tampoco muestra mucho interés por poner de manifiesto la verdad.
Caballero, aseguró a SB-Noticias la rigurosidad que plantea el informe. En una entrevista concedida a César Rodríguez Placeres, la ecologista reiteró que el caso concreto de Canarias, nuestra comunidad, al contrario que en el informe de 2007, donde se encontraba en un escalón intermedio de degradación, se ha producido un notorio empeoramiento de la situación, en este año se ha situado, por méritos de los dirigentes políticos, en el máximo escalafón de agresión medioambiental, ya que se codea en malas prácticas con regiones como Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
La portavoz de Greenpeace afirma que es muy triste constatar, no sólo desde su colectivo, sino desde otros muchos que han planteado numerosas denuncias por estas malas prácticas mediambientales, que las estas no están siendo recogidas por las administraciones canarias, quienes se inhiben, miran para otro lado, y permiten actuaciones con fines especulativos, lo que se define en este informe como degradación por urbanismo salvaje.
Caballero recuerda que como se expone en el informe, Canarias está experimentando un desarrollismo que consume, año tras año, grandes cantidades de territorio, ya que el número de viviendas, hoteles e infraestructuras se mutiplican sin tener en cuenta que la capacidad insular es finita por lo que la degradación se impone frente a la conservación del territorio.
Según el informe elaborado para este año, Greenpeace afirma que “Canarias ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma que, junto a Andalucía, tiene más alcaldes y concejales en el punto de mira de la justicia por su implicación en tramas de corrupción urbanística. De la docena de casos que se citan en este informe, destaca el del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, presuntamente implicado en dos casos, el de los terrenos de Las Teresitas, por las que el Consistorio tinerfeño pagó 52 millones de euros, venta que ha sido anulada por los tribunales posteriormente; y una ramificación de la investigación de la estafa del Fórum Filatélico, que a través de la filial Parque Marítimo Anaga, SA, habría pagado, presuntamente, sobornos a altos funcionarios, entre los que estaría incluido Zerolo”.
Según Caballero, el informe denota una gran falta de rigor en la gestión que están llevando a cabo las administraciones canarias, que no saben cómo resistirse, porque tienen todos los elementos para hacerlo, al poder que ejercen los lobbies empresariales dedicados a la construcción. Hacen que esté desapareciendo la esencia de la industria turística, industria que ya ha visto que tiene que cambiar de modelo, pero que está siendo aplastada por millones de toneladas de ladrillo y de cemento.
María José Caballero afirma que cuando el Gobierno de Canarias se da cuenta de lo mal que está la situación ya es demasiado tarde y se encuentra, presionada por el gran poder empresarial, y con que la justicia no le da la razón. En este sentido, es notorio cómo las diferentes administraciones canarias han sido manejadas a su antojo por los grandes grupos de poder y ahora se encuentran secuestradas e hipotecadas, por estos mismos grupos que amenazan a los políticos y en muchos casos acuden a los tribunales.
En referencia a este asunto, desde Greenpeace tienen la sensación de que en la mayoría de las ocasiones, la justicia se pone de lado de los poderosos y deja de lado las inquietudes y los intereses de muchos ciudadanos que están preocupados por el medio ambiente. Resulta en muchas ocasiones defender en los tribunales lo que está marcando la propia ley. En el caso de Tenerife, hay situaciones muy claras, como los casos de corrupción urbanística, que se analizan y que tienen mucho que ver con pequeños colectivos que se han dejado la piel, y lo que no es la piel, para que finalmente se sentencie, como el caso de Las Teresitas, que hay indicios claros de ilegalidad.
Según han notado en los últimos dos años, con la creación de las fiscalías anticorrupción, especializadas en medio ambiente y urbanismo, hay un aumento claro de números de casos investigados, lo cual es positivo, porque antes se hablaba de que había corrupción, pero nadie la investigaba. En estos momenots, en Canarias hay casos muy claros de corrupción urbanística, donde las evidencias son apabullantes, la administración canaria no hace caso o mira para otro lado, y la justicia tampoco muestra mucho interés por poner de manifiesto la verdad, pero también es vital reconocer, que en muchas otras ocasiones, estas fiscalías realizan su trabajo, aunque todavía es insuficiente.
Desde Greenpeace tienen miedo a que los cambios introducidos en el Ministerio de Medio Ambiente se den instrucciones para que no se continúe aumentando los esfuerzos destinados a luchar contra los delitos urbanísticos y ambientales, por lo que la sensación es agridulce, reitera María José Caballero, por el pensar que si las instituciones no hacen caso de las denuncias, sólo queda el recurso de la justicia y ver que en muchas ocasiones ese recurso es una quimera.
Además, la portavoz de Greenpeace asegura que en Canarias, la contaminación costera y marina se están convirtiendo en un grave problema, ya que los informes gubernamentales hablan de varios cientos de vertidos ilegales repartidos por todo el archipiélago, lo que debería hacer reflexionar a las autoridades canarias sobre este asunto y comenzar una verdadera lucha contra la contaminación.
La portavoz de Greenpeace afirma que es muy triste constatar, no sólo desde su colectivo, sino desde otros muchos que han planteado numerosas denuncias por estas malas prácticas mediambientales, que las estas no están siendo recogidas por las administraciones canarias, quienes se inhiben, miran para otro lado, y permiten actuaciones con fines especulativos, lo que se define en este informe como degradación por urbanismo salvaje.
Caballero recuerda que como se expone en el informe, Canarias está experimentando un desarrollismo que consume, año tras año, grandes cantidades de territorio, ya que el número de viviendas, hoteles e infraestructuras se mutiplican sin tener en cuenta que la capacidad insular es finita por lo que la degradación se impone frente a la conservación del territorio.
Según el informe elaborado para este año, Greenpeace afirma que “Canarias ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma que, junto a Andalucía, tiene más alcaldes y concejales en el punto de mira de la justicia por su implicación en tramas de corrupción urbanística. De la docena de casos que se citan en este informe, destaca el del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, presuntamente implicado en dos casos, el de los terrenos de Las Teresitas, por las que el Consistorio tinerfeño pagó 52 millones de euros, venta que ha sido anulada por los tribunales posteriormente; y una ramificación de la investigación de la estafa del Fórum Filatélico, que a través de la filial Parque Marítimo Anaga, SA, habría pagado, presuntamente, sobornos a altos funcionarios, entre los que estaría incluido Zerolo”.
Según Caballero, el informe denota una gran falta de rigor en la gestión que están llevando a cabo las administraciones canarias, que no saben cómo resistirse, porque tienen todos los elementos para hacerlo, al poder que ejercen los lobbies empresariales dedicados a la construcción. Hacen que esté desapareciendo la esencia de la industria turística, industria que ya ha visto que tiene que cambiar de modelo, pero que está siendo aplastada por millones de toneladas de ladrillo y de cemento.
María José Caballero afirma que cuando el Gobierno de Canarias se da cuenta de lo mal que está la situación ya es demasiado tarde y se encuentra, presionada por el gran poder empresarial, y con que la justicia no le da la razón. En este sentido, es notorio cómo las diferentes administraciones canarias han sido manejadas a su antojo por los grandes grupos de poder y ahora se encuentran secuestradas e hipotecadas, por estos mismos grupos que amenazan a los políticos y en muchos casos acuden a los tribunales.
En referencia a este asunto, desde Greenpeace tienen la sensación de que en la mayoría de las ocasiones, la justicia se pone de lado de los poderosos y deja de lado las inquietudes y los intereses de muchos ciudadanos que están preocupados por el medio ambiente. Resulta en muchas ocasiones defender en los tribunales lo que está marcando la propia ley. En el caso de Tenerife, hay situaciones muy claras, como los casos de corrupción urbanística, que se analizan y que tienen mucho que ver con pequeños colectivos que se han dejado la piel, y lo que no es la piel, para que finalmente se sentencie, como el caso de Las Teresitas, que hay indicios claros de ilegalidad.
Según han notado en los últimos dos años, con la creación de las fiscalías anticorrupción, especializadas en medio ambiente y urbanismo, hay un aumento claro de números de casos investigados, lo cual es positivo, porque antes se hablaba de que había corrupción, pero nadie la investigaba. En estos momenots, en Canarias hay casos muy claros de corrupción urbanística, donde las evidencias son apabullantes, la administración canaria no hace caso o mira para otro lado, y la justicia tampoco muestra mucho interés por poner de manifiesto la verdad, pero también es vital reconocer, que en muchas otras ocasiones, estas fiscalías realizan su trabajo, aunque todavía es insuficiente.
Desde Greenpeace tienen miedo a que los cambios introducidos en el Ministerio de Medio Ambiente se den instrucciones para que no se continúe aumentando los esfuerzos destinados a luchar contra los delitos urbanísticos y ambientales, por lo que la sensación es agridulce, reitera María José Caballero, por el pensar que si las instituciones no hacen caso de las denuncias, sólo queda el recurso de la justicia y ver que en muchas ocasiones ese recurso es una quimera.
Además, la portavoz de Greenpeace asegura que en Canarias, la contaminación costera y marina se están convirtiendo en un grave problema, ya que los informes gubernamentales hablan de varios cientos de vertidos ilegales repartidos por todo el archipiélago, lo que debería hacer reflexionar a las autoridades canarias sobre este asunto y comenzar una verdadera lucha contra la contaminación.
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