Así se manifestó la Junta Directiva de Turcón-Ecologistas en Acción que después de recibir las sentencias que han dado la razón tanto al Gobierno de Canarias como al Colectivo Ecologista, ahora quieren hacer valer las mismas y por tanto, acusar de un supuesto delito de prevaricación a los miembros del Gobierno Municipal que en diciembre del año 2003 aprobaron la licencia de urbanización cuando no eran competente para ello, según reza la sentencia.
Turcón recuerda que una de las sentencias venía a anular el “acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Telde de fecha 15/12/2003 por el que se aprueba el Proyecto de Urbanización S.U.S.O. 1-3 del Parque Marítimo de Jinamar a favor de promociones Horneras S.L.”, y entre los argumentos esgrimidos por el tribunal destacamos que “no consta que sea Promociones Horneras quien tenga que ejecutar la urbanización. Nos tenemos que ceñir a contrastar los instrumentos de ejecución del planeamiento, proyecto de urbanización, con el instrumento de planeamiento que ejecuta el plan general de ordenación de Telde. En este no se dice textualmente que sea el particular quien ejecute la urbanización, sino únicamente quien la costee”.
Turcón afirma que en aquella comisión de gobierno se saltaron principios fundamentales en el derecho administrativo y que la justicia dice que son de “difícil justificación, y en concreto, el hecho de que sería un particular quien asume la obligación de realizar una obra pública por medio de un pacto entre Administración y particular ignorando los principios de licitación, publicidad y concurrencia, en unas obras inicialmente públicas cuyo importe superarían los 6.099.925,72 euros”.
Continua Turcón-EA diciendo que el Proyecto aprobado en 2003, anticipa el proceso de urbanización en algunas de las parcelas, sin embargo, el Tribunal Supremo ha afirmado en sentencia de 23 de junio de 2004 "que es el propietario y solicitante de la licencia el que quiere adelantarse a la lógica urbanística y a la regla jurídica general, que es que no puede edificarse hasta que el suelo esté urbanizado -la acción urbanizadora ha de hacerse por polígonos completos-".
Los miembros de Turcón creen que tanto la Comisión de Gobierno como los actos sucesivos que fue autorizando el concejal de Urbanismo son como mínimo susceptible de un análisis por el juzgado porque se fueron concediendo a sabiendas de las denuncias interpuestas y del éxito de las mismas. Turcón, por ello, entiende que puede existir una responsabilidad de tipo penal y personal de aquellas personas que fueron dando autorizaciones a Promociones Horneras.
Turcón pone en manos de su gabinete jurídico el caso para estudiar abrir la vía penal por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y un supuesto delito de prevaricación. Infonortedigital | 06 de Julio de 2008
Los miembros de Turcón creen que tanto la Comisión de Gobierno como los actos sucesivos que fue autorizando el concejal de Urbanismo son como mínimo susceptible de un análisis por el juzgado |
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