Greenpeace acusa a la Junta de Andalucía de tramitar irregularmente el expediente de la autorización ambiental integrada de Fertiberia
La Consejería de Medio Ambiente somete a Greenpeace a una situación de indefensión jurídica en beneficio de los intereses particulares de Fertiberia
Para Greenpeace, esta actuación de la Consejería de Medio Ambiente, cuya titular es Cinta Castillo, redunda exclusivamente en beneficio del interés particular de Fertiberia frente al de la sociedad civil. La Comisión Europea es consciente de esta situación y también está siendo víctima de la misma actitud por parte de la Junta de Andalucía.
En la tramitación del citado expediente, la Junta ha omitido trámites esenciales en el procedimiento, con lo que ha vulnerado los derechos de Greenpeace, a quien no ha reconocido como parte interesada en el proceso, y, así, ha violado diversas normativas.
Greenpeace goza de la condición legal de interesada en este procedimiento puesto que presentó, el 2 de abril de 2007, alegaciones a la solicitud de AAI de Fertiberia, en la forma y los plazos correspondientes.
A pesar de ello, la Consejería de Medio Ambiente ignoró esta condición, y además de no dar parte a Greenpeace en el Trámite de Audiencia previo a la concesión de la AAI, no le comunicó dicha decisión. Este hecho ha impedido a la asociación la elaboración del recurso de alzada correspondiente. La Junta de Andalucía tampoco ha publicado en su Boletín Oficial la resolución de dicha autorización, lo que es otra grave irregularidad.
Tras conocer la decisión del otorgamiento por la prensa y, ante la prolongada ausencia de notificación oficial de la misma, Greenpeace envió un escrito a la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que le instaba a enviarle dicha notificación.
Sorprendentemente, el pasado 18 de julio, dicha Delegación comunicó a Greenpeace que había otorgado, el 29 de abril, la AAI a Fertiberia, y que estaba publicada en la web institucional. Además, según el propio Delegado Provincial, la asociación quedaba así fuera de plazo para recurrirla, y añadió que no le constaba que Greenpeace tuviera la condición legal de parte interesada.
En dicha respuesta, la Delegación Provincial envió a Greenpeace la documentación de la AAI, pero no como parte interesada en el procedimiento, sino amparándose en el derecho al acceso a la información ambiental. En este caso, Greenpeace no se había acogido a este derecho al no ser necesario, puesto que sí es parte interesada.
“Con esta artimaña la Junta de Andalucía ha dado una nueva vuelta de tuerca en el caso de Fertiberia. Todo ello, a pesar de las numerosas alegaciones de colectivos ciudadanos, del Ayuntamiento de Huelva y de grupos ecologistas en contra de su concesión”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace.
“Es preocupante constatar cómo, para la Junta de Andalucía, el largo historial de incumplimientos de Fertiberia y una sentencia firme de la Audiencia Nacional que la obliga a devolver al Dominio Público los terrenos que ocupa, entre otros argumentos de peso, no han sido suficiente motivo para negar dicha autorización”, ha añadido Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Greenpeace recuerda a Manuel Chaves que una comisión de investigación de europarlamentarios visitará Huelva en otoño, como consecuencia de la queja que esta asociación ha trasladado a Bruselas a través de una petición al Parlamento Europeo (PE).
Además, a propuesta del presidente del Comité de Peticiones del PE, se va a solicitar la intervención en el caso del Tribunal Europeo de Justicia.
Es sorprendente comprobar cómo las autoridades comunitarias se muestran mucho más preocupadas por la catástrofe sanitaria y ambiental de Huelva que la propia Administración andaluza, y más dispuestas que ésta a solucionar ese grave problema. Tanto es así, que algunos europarlamentarios se ofrecieron a buscar los medios y la financiación necesaria para dar respuesta a la descontaminación de las marismas del río Tinto y la recolocación, en tareas de recuperación de la zona, de los trabajadores afectados por el cierre de Fertiberia.
Estos fondos existen. Sin embargo, la fecha propuesta por Fertiberia para el cese de los vertidos, en 2012, impediría poder solicitar dichas ayudas económicas, pues ese año España dejará de recibir fondos de la UE.
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