Gaspar pedirá al Gobierno el informe de los sebadales
La alcaldesa insiste en que la corporación velará por la legalidad del proyecto del puerto
T. NICOLÁS | ARONA La alcaldesa de Granadilla de Abona, la nacionalista Carmen Nieves Gaspar Rivero, manifestó ayer a este periódico que solicitará al Gobierno canario el informe de sus técnicos en el que se ha basado para descatalogar los sebadales en la zona en la que se proyecta la construcción del puerto industrial de Granadilla de Abona.
El objeto de la demanda municipal no es otro que el de conocer a fondo "si se ha omitido o no un párrafo del máximo técnico del Gobierno en conservación de los espacios naturales, porque, de ser así y en función de la omisión cometida, el Ayuntamiento de Granadilla obrará en consecuencia", aseveró la alcaldesa, ante la nueva polémica que ha suscitado la posible manipulación de ese informe por parte del propio Gobierno de Canarias para dar vía libre a la construcción de una obra controvertida desde sus orígenes y sobre la cual el PSOE ha dicho "no" en su último congreso.
Actuación. Carmen Nieves Gaspar reiteró también que "el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la legalidad, de manera que si de ese informe se desprende que se ha vulnerado la legalidad, actuaremos en consecuencia", insistió. La alcaldesa, que ha mantenido siempre su postura contraria a la construcción de tal infraestructura, a pesar de que la posición institucional del Ayuntamiento es de "sí al puerto", se pregunta "cómo es posible que se diga que las obras comienzan en una semana, cuando ni siquiera se sabe de dónde se va a sacar el material de relleno para la base de los diques".
Por su parte, Izquierda Unida Canaria (IUC) presentará una denuncia ante el Fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, adscrito a la Fiscalía General del Estado, por entender que pudiese haber "manipulación en un informe oficial del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, para utilizarlo como justificación para la descatalogación de la población de sebadales, cuya protección ambiental representaba un grave impedimento para que se ejecutasen las obras". La formación aprecia, según un comunicado, "indicios de prevaricación y falsedad en documento oficial por parte del consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel.
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