El puerto de la canchanchanería
Ocultación de informes, ilegalidades y mentiras son algunos de los ingredientes más llamativos de la tramitación del proyecto del puerto industrial de Granadilla, infraestructura que lleva más de 30 años intentando salir a flote y que ha dejado clara cuenta en las administraciones estatales y europeas del nivel de canchanchanería con que puede llegarse a tramitar un proyecto en el Archipiélago
BLANCA SALAZAR | ARONA La construcción de un puerto industrial en el litoral de Granadilla empezó a plantearse en la década de los 70´ y a finales de los 90´ comenzó su tramitación, vinculando su puesta en marcha a un polígono industrial y a una planta resgasificadora. Sin embargo, sus impulsores políticos y técnicos pasaron totalmente por alto las incompatibilidades medioambientales del entorno terrestre y marítimo que habían elegido para construir esta infraestructura.
Y es que hasta ese momento, los reparos medioambientales rara vez frenaban una obra, y menos si esta era declarada de interés general o lograba el apoyo del Gobierno Central, como fue el caso del proyecto portuario granadillero. Así que los responsables de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y del Gobierno de Canarias que estaban a favor de esa infraestructura, comenzaron su tramitación ignorando los reparos medioambientales de departamentos autonómicos y estatales como la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la Dirección General de Costas o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los impulsores del puerto tenían tanta fe en su poder político o tanta confianza en la conveniencia del proyecto portuario, que no hicieron caso a los informes técnicos y científicos que les advertían de que el tamaño de los muelles inicialmente previstos "parece sobredimensionado", que estaban omitiendo la obligatoriedad de plantear alternativas de ubicación, que no se habían valorado adecuadamente las alteraciones geomorfológicas y paisajísticas del proyecto ni se había profundizado en los riesgos asociados a la implantación de un puerto comercial e industrial cercano a las principales áreas de interés turístico y paisajístico del Sur de la Isla ni los problemas de operatividad del puerto por los fuertes vientos del litoral granadillero.
Omisiones
Los informes autonómicos y estatales contrarios al proyecto también recogían que sus promotores habían prescindido del requisito legal de evaluar los efectos del proyecto sobre los espacios naturales protegidos colindantes (entre ellos Montaña Roja y Montaña Pelada), así como de evaluar su afección sobre especies de flora y fauna de la zona, algunas de ellas "de gran interés", "en peligro de extinción y protegida incluso a nivel europeo" o la repercusión del puerto sobre ecosistemas "únicos en la Isla".
Los impulsores del proyecto portuarios solucionaron el inconveniente que representaban esos informes desfavorables, simplemente, ocultando los más negativos y prescindiendo de adjuntarlos al expediente portuario. Muchos de esos informes fueron apareciendo luego a través de filtraciones a grupos ecologistas y a la prensa, trascendiendo así escándalos como que los responsables del expediente portuario habían ocultado incluso a la Comisión Europea que el puerto afectaría a especies prioritarias y en peligro de extinción como la piña de mar (Atractylis preauxina) o la tortuga boba (Caretta caretta).
Esas irregularidades y otras vinculadas a vulneraciones del derecho de acceso a la información fueron, entre otras muchas, las que pusieron en bandeja a los grupos ecologistas y a sus aliados la batalla jurídica que han lidiado en los tribunales y en las administraciones españolas y europeas hasta conseguir que las obras del puerto hayan tardado años en despegar e, incluso, que la dimensión del puerto inicialmente previsto se haya reducido prácticamente a la mitad.
Ilegalidad
Y tras más de una década de errores en la tramitación del puerto y de la demora que esos fallos han supuesto para el inicio de su construcción, ahora que por fin han empezado esas obras los grupos ecologistas y partidos como el PSC-PSOE no descartan que esas obras sean paralizadas por los tribunales debido a la posible ilegalidad de la descatalogación de comunidades de sebadal afectadas por el proyecto portuario.
Pero si los grupos ecologistas y colectivos sociales y científicos contrarios al puerto granadillero han destacado por cómo han luchado contra su construcción, los responsables políticos de la Autoridad Portuaria, del Gobierno de Canarias y del Gobierno Central y los sectores empresariales y sociales que han apoyado la materialización de esta infraestructura portuaria han destacado por la tenacidad con la que han la defendido contra viento y marea.
Entre sus principales handicaps han estado los distintos gobiernos y siglas políticas que han tenido que ir tirando del proyecto y asumiendo los errores que habían cometido sus antecesores, si bien en este caso se ha mantenido una de las pocas alianzas y posturas afines del Partido Socialista y del PP, tanto en el ámbito español como en el europeo (a pesar de que la ejecutiva socialista tinerfeña se ha sumergido en la confusión en relación a este proyecto).
También ha jugado en contra de los defensores del puerto el endurecimiento de la normativa medioambiental y de acceso a la información que auspicia la Unión Europea, cuestiones que les han obligado a ser más escrupulosos con las medidas de protección o compensación medioambiental, ha destapado anomalías en el expediente al ponerlo a disposición de los grupos ecologistas y ha ralentizado los trámites previos al inicio de las obras.
Además, se han enfrentado al temor a perder votos que tienen los partidos políticos cuando promueven proyectos polémicos para la ciudadanía, hecho especialmente peliagudo en la Isla después de que los responsables del Gobierno de Canarias tuvieran que desechar la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión que proyectaban a través de Vilaflor al comprobar el rechazo ciudadano hacia esa infraestructura.
Y aunque han tenido a su favor a los principales sectores empresariales y económicos de la Isla, la credibilidad de estos últimos y de los políticos no atraviesa su mejor momento debido, fundamentalmente, a la relación de algunos de los principales empresarios de la Isla con tramas de presunta corrupción urbanística que se investigan en los tribunales y que, incluso, tiene imputado a alguno de los empresarios adjudicatarios de las obras del puerto de Granadilla.
Entre los logros de quienes apoyan la citada infraestructura destacan que el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea se hayan posicionado a favor del proyecto considerando que, a pesar de su impacto ecológico, su construcción se justifica por "razones imperiosas de interés público" y por motivos económicos.
Sus argumentos son, fundamentalmente, la importancia económica que esta obra tiene para Tenerife, los puestos de trabajo que generará su construcción y su puesta en marcha, la competitividad portuaria, la diversificación económica y el desarrollo social que, en su opinión, ganarán tanto Tenerife como el Archipiélago. También argumentan la necesidad de más superficie portuario.
La lucha por parar la obra
Los detractores del puerto industrial de Granadilla han destacado por lo alto que han hecho sonar sus argumentos en contra del puerto tanto en el Archipiélago canario como en Bruselas. Entre sus acciones, figuran la organización de manifestaciones multitudinarias, de recogida de firmas para intentar sacar adelante una Ley de Iniciativa Popular en contra del Puerto, una campaña de presentación de quejas ante el defensor del pueblo europeo (hasta lograr el récord de que éste haya sido el proyecto más protestado ante esa institución), la grabación de documentales y, además de un amplio sin fin de actividades formativas y divulgativas sobre los perjuicios del puerto industrial, han interpuesto innumerables denuncias y demandas contra el proyecto y han obligado a distintas instituciones de la Unión Europea a tener conocimiento de cómo se gestiona el medioambiente en Canarias y a tomar partido en su protección. También han logrado que una parte importante de la comunidad científica y universitaria de Tenerife se involucre de forma activa en contra de este proyecto y en la defensa del medioambiente, además de haber accedido al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Granadilla para intentar frenar el puerto desde esa administración. Por todo ello a muchos les llamó la atención el viernes que ninguno de los opositores al puerto intentara parar el inicio de las obras. Aunque algunos grupos ecologistas han explicado que no pierden la esperanza de poder parar esas obras a través de las denuncias judiciales y las quejas europeas que están pendientes de resolución y que tratan de la reciente descatalogación de sebadales en el litoral granadillero, de la adjudicación de las obras y, entre otras, de las medidas compensatorias exigidas por Bruselas para la ejecución del puerto.
Datos del proyecto portuario
Interés Público. El Gobierno de Canarias declaró en 2002 que el puerto industrial de Granadilla es "de interés público de primer orden", declaración secundada de inmediato por el Gobierno Central y en la que se fundamentó la Comisión Europea en 2006 para apoyar la construcción de esta infraestructura.
Capacidad portuaria. A finales de 2006 el proyecto logró el apoyo de la Comisión Europea, que reconoció que está justificada la necesidad de aumentar y mejorar la capacidad portuaria para fomentar el desarrollo económico y social de Tenerife y de la región circundante.
Medidas compensatorias. Y condicionó su apoyo a la ejecución de medidas compensatorias que garanticen que el puerto se construya y gestiona de forma respetuosa con el medio ambiente.
Proyecto. La Autoridad Portuaria adjudicó en 2007 el dique exterior del puerto por 114 millones de euros a la UTE FCC Construcción, Sato y Promotora Punta Larga. El contradique se adjudicó por 19 millones. El plazo de ejecución es de tres años.
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