foto:EFE Febrero del pasado año: un grupo de biólogos trabaja en una de las zonas afectadas por las obras.
El consejero dice que es la Administración central la que debe ahora decidir
El reinicio de las obras del puerto de Granadilla depende de la Autoridad Portuaria y depende del Ministerio de Fomento, que es el titular de esa obra». Así de tajante se mostró este miércoles el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien planteó que, tras la aprobación del catálogo, es la Administración central quien debe «decidir si continúa la obra o no». Berriel realizó estas declaraciones, recogidas por Acn, durante un receso de la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) celebrada ayer en Santa Cruz de Tenerife.
El consejero recordó que «fue el Ministerio de Medio Ambiente el que hizo la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que depende de ellos. Ahora le corresponde al Estado y a la Autoridad Portuaria decidir si continúa la obra o no», añadió. En esa línea, consideró «deseable que esta obra, que tiene gran trascendencia para la economía de las Islas, en general, y de Tenerife, en particular, se pudiera poner en marcha, máxime en estos momentos de grave crisis económica, donde toda la obra pública se está parando y, lógicamente, no hay inversiones».
Evaluación
En la evaluación que realiza la ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, recientemente aprobada, «los sebadales quedan protegidos en cuanto sean población y merecedores de protección porque son importantes, desde el punto de vista ecológico, para el hábitat», recordó Berriel.
Así, junto al Lugar de Interés Comunitario (LIC) en Granadilla, «se declararon dos lugares de interés comunitario más, como medida compensatoria, para proteger precisamente a los sebadales en otros lugares de la Comunidad Autónoma», explicó el consejero. De esta manera, justificó que «el puerto de Granadilla no parece que tenga ningún problema, como no debió tener problema alguno nunca». El representante del Gobierno autonómico recordó que esta infraestructura no fue paralizada por ninguna sentencia. «La suspensión cautelar que se produjo es de una orden de descatalogación, no hubo una paralización del puerto», aseguró. Consecuentemente, «no pesa sobre el puerto una orden de paralización, ni antes, ni ahora».
Así, la paralización del puerto, como medida cautelar, se debió, según el consejero, «a lo que le pudiese afectar una anulación a la orden de descatalogación que se había hecho puntualmente justo en la zona de ocupación del dique, que fue lo único que se descatalogó».
Las quejas no se archivan
Fuera del Archipiélago, pero también en lo tocante a la infraestructura portuaria, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, se dirigió ayer por escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para evitar que, el próximo día 15 de julio, se archivara la petición 587/2008, presentada por la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla, que critica la falta de independencia del Observatorio Ambiental del puerto de Granadilla y cuyo archivo estaba previsto para entonces. Además, Meyer pidió que se debatan las peticiones contra el puerto de Granadilla en la próxima sesión de la Comisión.
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