La normativa no recoge que la creación de un puerto sea un motivo para descatalogar
VÍCTOR GARRIDO
Santa Cruz
La normativa que establece el catálogo de especies protegidas de Canarias y que determina el procedimiento para su catalogación y descatalogación (decreto 151/2001, de 23 de julio) prevé siete supuestos que justificarían, de forma excepcional, la supresión de su categoría a una especie que reúne los requisitos para ser considerada protegida. No obstante, ninguno de estos supuestos alude a la construcción de una infraestructura portuaria, como la del puerto industrial de Granadilla.
Éste es uno de los argumentos expuestos en la denuncia elaborada por la plataforma ecologista Ben Magec, para argumentar la existencia de supuestas ilegalidades e irregularidades en la orden gubernamental emitida el pasado 6 de febrero por el consejero regional de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que establece la descatalogación como especie protegida a la población de Cymodocea nodosa (sebadal) que obstaculiza el inicio de las obras de la infraestructura portuaria del sur de Tenerife. La denuncia -recogida por la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia tinerfeña, que ya ha abierto una investigación- atribuye a Berriel delitos sobre el medio ambiente, prevaricación y tráfico de influencias, explicó a DIARIO DE AVISOS el representante de Ben Magec Francisco Castro Morales. A juicio de los ecologistas, el consejero autonómico de Medio Ambiente habría "manipulado" de forma intencionada el informe técnico elaborado por el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, para justificar así la descatalogación de dichos sebadales y eliminar el último escollo para iniciar las obras del puerto sureño.
Las presuntas omisiones
La formación ecologista basa su denuncia, principalmente, en dos aspectos "fundamentales" que recoge el informe elaborado por el Servicio de Biodiversidad, donde responde a las alegaciones presentadas a dicha propuesta de cambio de categoría de la especie Cymodocea nodosa y la descatalogación de la población de seba de Granadilla, que no están reflejadas en la orden gubernamental. La primera de ellas es relativa al cambio de categoría. Tras el estudio científico, los técnicos proponen que, efectivamente, se rebaje la categoría de especie sensible a la alteración de su hábitat a la de interés especial para el sebadal canario "en toda su extensión y sin excepciones",y añade que la propuesta de descatalogar un sector "no es propuesta por el Servicio de Biodiversidad, dado que no hay razones biológicas ni de conservación de la especie que justifiquen la descatalogación". El otro versa sobre si el conjunto de Cymodocea nodosa afectado por las obras del puerto constituye o no una población. Los técnicos reconocen como "cierta" una alegación que subraya que no son una población, es decir, que el área no constituye un grupo independiente, "lo cual como mínimo impide que el nucleo de sebas del Sur de Tenerife pueda ser evaluado con respecto a su grado de amenaza, independientemente del resto de sebas del Archipiélago". Éste último aspecto es especialmente relevante, ya que los técnicos de la Consejería, aunque no lo proponen, certifican también que el área afectada corresponde al 1,26% de la seba del Archipiélago, y que su destrucción no afectaría en modo alguno la supervivencia de la especie. Por ello, certificar que los sebadales de Granadilla no constituyen una población independiente restaría validez a dicha afirmación.
El origen de la orden
El expediente de la descatalogación del mencionado grupo de sebadales se explica en la necesidad de buscar una solución para comenzar a construir el futuro puerto. Habida cuenta de que se trataba de una especie protegida, en primer lugar se había propuesto su "trasplante" (el cambio de ubicación). Ante la falta de garantías de que la seba sobreviviese a esta operación, el abogado del Estado recomendó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife encargar un informe técnico para estudiar la posibilidad de rebajar su categoría. El informe fue elaborado por la empresa privada CIMA y avalado como científico por la Fundación Observatorio Ambiental Puerto de Granadilla. En la memoria técnica, el Servicio de Biodiversidad de la Consejería certifica que la afección de los sebadales de Granadilla no pone en peligro a la especie, pero se niegan a avalar su descatalogación.
Supuestos válidos
Se puede cambiar la catalogación de especie protegida en los siguientes casos:
-Si de su protección se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
-Cuando de su estatus de especie protegida se derivaran efectos perjudiciales para otras especies protegidas.
-Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la caza, la pesca y la calidad de las aguas.
-Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad.
-Para permitir en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos y tradicionales, la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies cinegéticas en pequeñas cantidades, y con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de las especies.
Izquierda Unida también se suma a la denuncia
Izquierda Unida Canaria (IUC) presentó también la pasada semana, una denuncia en la Fiscalía General del Estado, en Madrid, contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, por presuntos delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencia y prevaricación administrativa. IUC informó en un comunicado de prensa de que apunta a presuntas ilegalidades en el proceso que ha conducido al inicio de las obras del puerto de Granadilla, en Tenerife. La formación progresista señala que la desprotección de los sebadales decretada por el consejero autonómico de Medio Ambiente, se hizo a partir de un informe opuesto a tal desprotección, del Servicio de Biodiversidad, tal y como recogió Europa Press. El mencionado informe rechazaba la propuesta de descatalogar los sebadales, ubicados en el lugar en que se construiría el puerto granadillero, porque tal propuesta no se ajusta a las dos posibilidades de descatalogación que ofrece la ley (desproteger la especie o una determinada población, pero no una zona delimitada en función de criterios no naturales), señaló IUC. Asimismo, en el texto de la denuncia, se vincula el inicio de las obras del puerto “con la finalidad de beneficiar a la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras”, y recuerda el “total oscurantismo” de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en relación a la adjudicación y financiación de las obras del puerto granadillero. Según IUC, entre los adjudicatarios está un empresario imputado en el caso de Las Teresitas, y entre los adjudicadores hay personas que están siendo investigadas por la Justicia en relación a una ramificación del caso Forum Filatélico.
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