BELÉN RODRÍGUEZ / AGENCIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El 39,5% de las aguas residuales de Tenerife que van a parar directamente al mar no están tratadas ni cumplen con los requisitos legales para su vertido. Después de que en los últimos años se haya llegado a cerrar playas por contaminación bacteriana y de que grupos ecologistas e investigadores de las universidades canarias denunciaran durante años el deterioro irreversible de los fondos marinos, por fin parece ser que el Cabildo ha tomado conciencia.
Precisamente el pasado martes la Comisión Europea decidió denunciar a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE por no haber implantado sistemas adecuados de depuración de aguas residuales en 38 ciudades de más de 15.000 habitantes, entre entre ellas, Valle de Guerra (La Laguna), Valle de Güímar y el Valle de La Orotava , asi como en Los Llanos de Aridane. Una directiva europea de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas fijó como plazo hasta el 31 de diciembre de 2000 para poner en marcha los sistemas adecuados de recogida y depuración de las aguas residuales urbanas en ciudades de más de 15.000 habitantes. El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, consideró "inadmisible" que hayan transcurrido más de ocho años desde el vencimiento del plazo que Italia y España tenían para cumplimiento a esta normativa "tan importante", según se indica en un comunicado.
El avance del Plan Hidrológico Insular, presentado esta semana y en información pública, reconoce que "el escaso nivel de recogida y tratamiento de aguas residuales ha provocado la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales costeras". Por ello, la intención que recoge el Plan es reducir a un 20% las aguas residuales no tratadas. Y es que de los 63,5 hectómetros cúbicos de las aguas residuales generadas, tan sólo se recogen el 60,5% y de ellos, sólo un 63,5% sufren un tratamiento secundario.
Más allá de las buenas intenciones, el gran reto al que se enfrenta el Cabildo es cumplir con la Directiva Marco Europea del Agua del año 2000, que, con el objetivo de luchar contra la contaminación, obliga a mejorar antes de 2015 la calidad de las aguas costeras.
Aunque a día de hoy en Tenerife la refinería vierte al mar más de 5.500 toneladas de sustancias peligrosas, según denuncia Greenpeace en su informe anual, la normativa europea insiste en "interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas, con el fin último de conseguir que las sustancias sintéticas artificiales en el mar se reduzcan a cero".
En este contexto de normas, denuncias y quejas de la población, el Plan Hidrológico introduce de forma novedosa el objetivo de mejorar la calidad de las aguas costeras. Para ello, el documento propone infraestructuras de saneamiento con el fin de incrementar el porcentaje mínimo de aguas recogidas al 80% de las generadas. Las principales zonas donde se incrementará la recogida de aguas serán Arona Este-San Miguel, Valle de Icod y Guía de Isora Oeste -Santiago del Teide. Así, los vertidos al mar de aguas no tratadas, los pozos negros y las fosas sépticas pretenden ser reemplazadas por una red de alcantarillado, un colector general de aguas residuales y cinco nuevas estaciones de tratamiento de aguas residuales, que se suman a las dos existentes.
Por otro lado, el Plan centra su objetivo en la "inadecuada utilización de fertilizantes en la agricultura", que "está dando lugar, junto con el vertido de aguas residuales sin tratar, a la contaminación de las aguas subterráneas en alguna zona de la Isla". Para solucionar este problema se plantea la formación de agricultores y personal cualificado para las buenas prácticas agrícolas.
Reducir el porcentaje del 39,5% de vertido de aguas negras de forma constante sin pasar por un tratamiento de depuración es el objetivo final de las más de cien páginas que tiene este documento. Por tanto, el reto del Plan Hidrológico es tratar el 91,5% de las aguas residuales recogidas, frente al 63,5 % actual. Así, la mitad del agua tratada se podrá aprovechar y destinar al regadío agrícola, mientras que el otro 50% se verterá al subsuelo o al mar, a través de emisarios submarinos como aguas tratadas no regeneradas, pero que cumplen con las calidades de los usos de la zona y con los requisitos legales para su vertido. | 
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