Denuncian ante Defensora del Pueblo el Catálogo Especies Amenazadas Canarias
Las principales ONG ambientales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han presentado hoy ante la Defensora del Pueblo una denuncia contra el nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas, en la que le instan a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Las citadas organizaciones ambientales han entregado un documento a María Luisa Cava de Llano, Defensora en funciones, en el que aseguran que el nuevo Catálogo "incurre en graves ilegalidades y vulnera las competencias estatales en materia de protección ambiental y de conservación de la naturaleza".
Y es que los ecologistas consideran que, para sacar adelante el Catálogo, el Parlamento canario ha aprobado "rebajar" la categoría de protección de numerosas especies "desafiando" con ello la autoridad de las leyes del Estado, especialmente de la Ley de Biodiversidad.
Entre las "contradicciones" con la citada norma en las que incurre el Catálogo canario, las ONG citan el hecho de que el Gobierno de Canarias haya "rebajado la categoría de protección de más de 300 especies, sin basarse en ningún tipo de criterio científico y sin ofrecer datos que justifiquen esta medida".
La Ley estatal de Biodiversidad obliga, sin embargo, "a publicar y a considerar la información técnica y científica en la categorización de las especies".
De igual modo, la norma estatal "prohíbe destruir cualquier especie protegida, independientemente del lugar en el que se encuentre", sin embargo la nueva ley canaria crea una nueva categoría de protección llamada "De interés para los ecosistemas canarios", que permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito de un Espacio Natural Protegido (ENP).
En la denuncia, los colectivos ponen también de relieve el "grave peligro" que corren numerosas especies, como aves o peces, que no permanecen en un mismo lugar geográfico.
Otro de los principios básicos de la norma estatal es la "prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística", lo que demuestra la "ilegalidad" del Catálogo canario en tanto que en él está por encima "el interés prioritario de una infraestructura frente a la conservación de las especies".
Las organizaciones ambientales hablan también en su documento de que la nueva norma canaria no ha tenido ningún tipo de "participación pública ni científica".
Las ONG confían en que la Defensora del Pueblo eleve al Tribunal Constitucional esta denuncia dadas las "numerosas y contundentes evidencias sobre la ilegalidad" del nuevo Catálogo canario y siente un precedente en la conservación del medio ambiente en todo el Estado español.
0 comentarios