La Defensora del Pueblo admite la queja contra el Catálogo Canario de Especies Protegidas
El pasado mes de febrero, las organizaciones estatales Ecologistas en Acción y Greenpeace (con el apoyo de Ben Magec-Ecologistas en Acción y EcoOcéanos) presentaron ante la oficina del Defensor del Pueblo una extensa queja contra la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del Catálogo de Especies Protegidas. En este queja se hacía especial hincapié en el acuerdo entre Gobierno canario y el Gobierno estatal para que este último no presentase ante el Tribunal Constitucional un recurso ante la inconstitucionalidad de la ley que otorga menor protección en Canarias a algunas especies protegidas en el Estado.
El catálogo canario es el único en el Estado que se aprobó como Ley y no como Decreto lo que evita que sea recurrido por inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía, en base a la múltiples ilegalidades que contiene. Al aprobarse como ley únicamente podía ser recurrirlo ante el máximo tribunal por parte de 50 parlamentarios estatales, la Defensora del Pueblo o el Gobierno Central. En los dos primeros casos, en un plazo de tres meses y, en el último, en nueve meses. La Defensora del Pueblo no pudo presentar el recurso por problemas de fechas, y cuando parecía que el Gobierno central lo iba a hacer, se llegó a un acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria para retirar ese recurso a cambio del apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales.
Finalmente, la oficina del Defensor del Pueblo, en escrito remitido a las organizaciones ecologistas, no sólo admite a trámite la queja, sino que en dicho escrito especifica las posibles múltiples irregularidades del Catálogo denunciadas por los ecologistas, incluyendo entre ellas, el haber sido objeto de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y canario.
Destacar que la única de las irregularidades que la Defensora del Pueblo no asume es la relación entre el Catálogo y el Puerto de Granadilla, debido únicamente a que es un asunto actualmente pendiente de resolución judicial, cuestión en la que la Defensora del Pueblo tiene prohibido intervenir hasta que la decisión se produzca.
Una vez más, estas organizaciones ecologistas exigen al nuevo Gobierno canario que salga de la últimas elecciones del 22M la inmediata retirada del Catálogo, por ser un precedente gravísimo a nivel estatal de desprotección de nuestra cada vez más amenazada biodiversidad.
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