Golpe al medio ambiente y la ciudadanía
Aunque la cifra de firmas se conocerá más adelante, lo cierto es que si te parabas un rato no dejabas de ver gente rubricando su oposición a la ley del catálogo de especies protegidas de Canarias. "Ya vale de destrozarlo todo. Nos van dejar sin isla. Yo sí quiero conservar el medio ambiente", decía Luisa, de 52 años, una de las personas que se detuvo este miércoles al mediodía en la mesa instalada en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife, una de las más transitadas de la ciudad, junto al edificio que alberga el Parlamento regional.
El documento que firmaban se dirige al Ministerio de Medio Ambiente y, entre otros argumentos, denuncia que la ley se tramitó sin tener en cuenta la opinión de la sociedad. "Sin exposición pública y sin admitir alegación alguna, vulnerando el Convenio de Aarhus". Resumiéndolo mucho, ese acuerdo internacional suscrito por la Unión Europea establece el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas que toquen el medio ambiente.
Pese a eso, mientras fuera se recogían firmas dentro del Parlamento los dos partidos de sostienen el Gobierno de Canarias que preside Paulino Rivero, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), aprobaban la proposición de ley del catálogo de especies.
La nueva normativa suprime o rebaja la protección a más de 200 variedades de flora y fauna de las islas en comparación con el marco legal vigente hasta ahora, según han denunciado varios grupos ecologistas y colectivos de investigadores. Todos ellos también han hecho hincapié en que una de las especies afectadas es la seba (planta marina que forma los sebadales), cuya descatalogación persigue el Ejecutivo regional para poder construir una de las infraestructuras más polémicas de los últimos años en Canarias: el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife.
Aparte de con las firmas en contra de los ciudadanos, esta ley sale adelante con la oposición de cerca de 70 organizaciones, incluyendo algunas instituciones locales (cuatro cabildos insulares y trece ayuntamientos), y de profesores de las dos universidades canarias. Uno de los grupos más activos en esta lucha, el ecologista Ben Magec, ya ha anunciado que llevará el catálogo ante la Justicia.
Las fotos de la galería se sacaron este miércoles junto al Parlamento. Entre ellas tienes una pancarta de protesta en la que se califican de "especies protegidas" los sueldos de los miembros del Gobierno y los presupuestos de sus empresas.
¿Respetan los políticos de Canarias los derechos de los ciudadanos?
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http://www.loquepasaentenerife.com/vivir/19-05-2010/golpealmedioambienteylaciudadana
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