Puerto de Granadilla

Científicos del CSIC y la UAM piden al Gobierno que desestime el puerto de Granadilla

Varios biólogos trasplantan el pasado 13 de febrero las especies de fauna protegida para iniciar las obras del puerto de Granadilla. EFE/Archivo

Santa Cruz de Tenerife.-  Investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid han pedido a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que desestimen el puerto de Granadilla (Tenerife), y ven improcedente la desprotección de su sebadal, uno de los de mayor diversidad genética de Canarias.

Esta petición, a la que ha tenido acceso la Agencia Efe, ha sido formulada en sendos escritos remitidos ayer a las ministras de Fomento y del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, respectivamente, por parte de biólogos que expresan su "desagrado" ante la inminente construcción del puerto de Granadilla.

Estos científicos son Ángel Luque, profesor titular de Zoología y miembro del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Madrid, y José Templado, investigador del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del CSIC.

Ambos son expertos en fanerógamas marinas y señalan que Canarias es una de las regiones del planeta que alberga praderas de "Cymodocea nodosa", además del Mediterráneo y la costa noroeste de África, un ecosistema marino "entre los más amenazados" junto con los arrecifes de coral y los manglares.

En el escrito dirigido a Elena Espinosa los investigadores recuerdan que se dedican a la conservación del medio marino, asunto en el que colaboran de forma asidua con el Ministerio, y lamentan "profundamente" que se siga fomentando "una política de desarrollo ajena a la sostenibilidad, a la que el Estado español debería estar obligado por los compromisos adquiridos en los diferentes convenios y directivas".

A ambos investigadores les "sorprende" que en vez de proceder "a una protección estricta" de la pradera marina de Granadilla se pretenda construir "en esta zona de enorme valor ambiental" un gran puerto industrial, y más aún que se descatalogue su sebadal.

La descatalogación de una parte de esta pradera "que estorba directamente al proyecto" resulta "totalmente arbitraria, ajena a todo criterio científico y constituye un precedente que deslegitima los catálogos de especies amenazadas".

Ello puede ocurrir porque cualquier administración podrá excluir parte de una especie catalogada "en función de determinados intereses de tipo económico o de cualquier otra índole", advierten.

Para los biólogos, una especie no puede "fragmentarse" delimitando poblaciones "por líneas trazadas de forma arbitraria al dictado de unos determinados intereses", puesto que una población así delimitada "no es real y no hay razones científicas sólidas que justifiquen esa descatalogación parcial".

En cualquier caso, señalan, y si hay argumentos científicos opuestos debe prevalecer "el principio de precaución" como establecen las directivas internacionales ratificadas por España.

"Lo cierto es que de llevarse a cabo el proyecto del puerto de Granadilla no sólo se incidiría sobre la parte de la pradera afectada de forma directa por la obra -la supuesta población descatalogada- sino que se vería afectado todo el conjunto de la pradera, puesto que el hábitat marino está interconectado", alertan.

Explican que el sebadal que se extiende más de 10 kilómetros al noreste de Montaña Roja debe ser considerado como una unidad ambiental "no fragmentable", y uno de sus principales valores reside "precisamente" en su conjunto.

Esta pradera supone en superficie casi el 40 por ciento de todas las de la costa de Tenerife y es la más extensa y la de mejor estado de conservación.

Su división "arbitraria" y la previsible eliminación de parte de ella por la construcción del puerto "restarían buena parte del valor ambiental" del conjunto y probablemente comprometería la supervivencia del resto del sebadal, se indica en el escrito.

Los biólogos piden desestimar el proyecto o buscar alternativas de menor impacto ambiental, recuerdan que las praderas de fanerógamas marinas "sufren una alarmante regresión a nivel global" y precisan que en los sebadales canarios se acentúa su papel "como productor primario del litoral".

Ello se debe a que la cobertura de algas de los fondos rocosos está muy diezmada en las islas como consecuencia de la superpoblación del erizo de Lima.

"Los sebadales constituyen la comunidad vegetal clímax en las costas canarias y la importancia de la "cymodocea nodosa" y su vulnerabilidad ha sido reconocida por el Gobierno canario al incluirla en 2001 en el catálogo de especies amenazadas de Canarias", añaden.

Precisan que informes científicos señalan al sebadal de Granadilla como el de mayores dimensiones del Archipiélago, junto con el de la Península de Jandía, en Fuerteventura, y Puerto del Carmen, en Lanzarote.

Asimismo, la densidad del follaje, la biodiversidad asociada y su estado de conservación "se consideran máximos dentro del archipiélago", precisan los biólogos, que destacan la gran diversidad genética hallada en este sebadal, cuando lo normal es que sea muy baja y que las praderas estén formadas "por muy pocos clones".

Ello se debe a que la reproducción de estas plantas marinas es mayoritariamente vegetativa, por proliferación de rizomas, y muy raramente por reproducción sexual, lo que sí sucede en el sebadal de Granadilla.

http://www.soitu.es/soitu/2009/03/04/info/1236159751_231120.html

El puerto de Granadilla pide 31 millones a los ecologistas por la paralización de las obras

Los trabajos han quedado suspendidos por la justicia para la protección de una planta marina

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha pedido este viernes que la asociación ecologista Ben Magec deposite un aval de 31 millones de euros por los daños que le puede causar la paralización cautelar de las obras del puerto.

 

El juzgado notificó el jueves la paralización de la obra para proteger una planta marina, el sebadal, y esta mañana ha escuchado a las partes.

El próximo martes decidirá si prorroga la decisión hasta que se dilucide si la descatalogación del sebadal que hizo la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias fue ilegal.

El puerto considera que, de prolongarse la suspensión durante nueve meses de las obras, perdería entre 31 y 74 millones y pide que los ecologistas tengan que abonar esa cantidad si finalmente la justicia decide que la descatalogación fue correcta.

El coordinador de Ben Magec, Fran Castro, ha criticado la petición: "Si hay una planta protegida que no se ha descatalogado bien, la paralización de las obras no puede depender de que pongamos una millonada que, además, no tenemos. Sería absurdo".

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/puerto/Granadilla/pide/31/millones/ecologistas/paralizacion/obras/elpepusoc/20090227elpepusoc_7/Tes

El Gobierno de Canarias esperará a una resolución firme de los tribunales para pronunciarse sobre Granadilla (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias esperará a una resolución firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para pronunciarse sobre el puerto industrial de Granadilla (Tenerife).
Así lo indicó el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, en su visita oficial al municipio tinerfeño de El Sauzal, indicando, entonces, que se desconocía aún la resolución definitiva.
Dijo en este sentido que ayer se había presentado un auto que obligaba a tomar "medidas cautelares" sobre la obre, paralizándola, por lo que "es aconsejable esperar a una resolución firme, dijo el mandatario canario.
Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunciaba la resolución que suspendía cautelarmente la descatalogación de los sebadales decidida recientemente por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario.
Hoy, se reunían las partes para tomar una determinación, quedando pendiente la decisión a la próxima semana.

http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=126871  

 

El TSJC suspende "cautelarmente" la descatalogación de los sebadales de Granadilla (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido "cautelarmente" la decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias aprobada el 2 de febrero de 2009 por la que se excluía del Catálogo de Especies Amenazadas a la población de sebadales --Cymodocea Nodosa-- en el ámbito sobre el que se prevé la construcción del puerto de Granadilla.

   Esta decisión surge como respuesta a la petición de "tutela cautelar urgente" formulada por la Federación Ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción, según la disposición de la sala, sita en Las Palmas de Gran Canaria, facilitada desde el TSJC.

   Asimismo se convoca para mañana 27 de febrero a las 11.00 de la mañana a las partes en la Sala de Audiencias del Tribunal "a los efectos de mantener, modificar o suspender la medida adoptada".

   El recurso del contencioso administrativo fue presentado el pasado 12 de febrero tras conocerse la decisión del Gobierno de Canarias. Los ecologistas avalaron su petición para "la suspensión de la mencionada orden atendiendo que en el presente caso existen circunstancias de especial urgencia que hace obligado la adopción de esta especial medida".

   Indicaron, por ejemplo, que "concretamente la descatalogación de unos ejemplares de la especie protegida Cymodocea Nodosa se ha efectuado con la única finalidad de iniciar las  obras  de ejecución de  un nuevo puerto en el litoral de Granadilla".

   También y según la denuncia de Ben Magec el inicio de las obras supone un "vertido interrumpido de materiales en la costa que ocasionará al depositarse" numerosas afecciones a la especie descatalogada cuyos daños "pueden ser irreversibles".

   La petición pretende que el fallo definitivo no provoque daños irreversibles, que podrían darse de no paralizarse las obras que se llevan a cabo en Granadilla. Los ecologistas consideran que dicha descatalogación sólo pretende dar respuesta al inicio de una obra, solicitada por la Autoridad Portuaria, y señalan la necesidad de proteger esta especie que ha contado con los informes favorables para su protección de los Servicios de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, así como de científicos de la Universidad de La Laguna.

   Consideran "por último, que  el daño es inminente. Como se sabe las obras del denominado Puerto de Granadilla se han iniciado , tras lograr la descatalogación  de los ejemplares de la Cymodocea Nodosa que quedaban afectadas, directa o indirectamente por la citadas obras, por lo que iniciadas las obras serán destruidas una importante pradera de fanerógamas con  presencia mayoritaria de la especie marina Cymodocea Nodosa (comúnmente conocida a la especie como seba y, por extensión, la pradera marina como sebadal )", indicaron los ecologistas.

   Acusaron al consejero de Medio Ambiente de ignorar dichos informes para que comenzara la obra y  solicitaron que "en ningún caso se permite sepultar espécimen alguno de la especie Cymodocea Nodosa con motivo de la ejecución de las obras del Puerto de Granadilla", recordando que "debe primar el interés general de la salvaguarda del patrimonio natural y la biodiversidad".

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-tsjc-suspende-cautelarmente-descatalogacion-sebadales-granadilla-tenerife-20090226164046.html

La normativa no recoge que la creación de un puerto sea un motivo para descatalogar

Ben Magec dice que el titular de Medio Ambiente "manipuló los informes" para desproteger los sebadales de Granadilla

VÍCTOR GARRIDO
Santa Cruz


La normativa que establece el catálogo de especies protegidas de Canarias y que determina el procedimiento para su catalogación y descatalogación (decreto 151/2001, de 23 de julio) prevé siete supuestos que justificarían, de forma excepcional, la supresión de su categoría a una especie que reúne los requisitos para ser considerada protegida. No obstante, ninguno de estos supuestos alude a la construcción de una infraestructura portuaria, como la del puerto industrial de Granadilla.

Éste es uno de los argumentos expuestos en la denuncia elaborada por la plataforma ecologista Ben Magec, para argumentar la existencia de supuestas ilegalidades e irregularidades en la orden gubernamental emitida el pasado 6 de febrero por el consejero regional de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que establece la descatalogación como especie protegida a la población de Cymodocea nodosa (sebadal) que obstaculiza el inicio de las obras de la infraestructura portuaria del sur de Tenerife. La denuncia -recogida por la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia tinerfeña, que ya ha abierto una investigación- atribuye a Berriel delitos sobre el medio ambiente, prevaricación y tráfico de influencias, explicó a DIARIO DE AVISOS el representante de Ben Magec Francisco Castro Morales. A juicio de los ecologistas, el consejero autonómico de Medio Ambiente habría "manipulado" de forma intencionada el informe técnico elaborado por el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, para justificar así la descatalogación de dichos sebadales y eliminar el último escollo para iniciar las obras del puerto sureño.



Las presuntas omisiones

La formación ecologista basa su denuncia, principalmente, en dos aspectos "fundamentales" que recoge el informe elaborado por el Servicio de Biodiversidad, donde responde a las alegaciones presentadas a dicha propuesta de cambio de categoría de la especie Cymodocea nodosa y la descatalogación de la población de seba de Granadilla, que no están reflejadas en la orden gubernamental. La primera de ellas es relativa al cambio de categoría. Tras el estudio científico, los técnicos proponen que, efectivamente, se rebaje la categoría de especie sensible a la alteración de su hábitat a la de interés especial para el sebadal canario "en toda su extensión y sin excepciones",y añade que la propuesta de descatalogar un sector "no es propuesta por el Servicio de Biodiversidad, dado que no hay razones biológicas ni de conservación de la especie que justifiquen la descatalogación". El otro versa sobre si el conjunto de Cymodocea nodosa afectado por las obras del puerto constituye o no una población. Los técnicos reconocen como "cierta" una alegación que subraya que no son una población, es decir, que el área no constituye un grupo independiente, "lo cual como mínimo impide que el nucleo de sebas del Sur de Tenerife pueda ser evaluado con respecto a su grado de amenaza, independientemente del resto de sebas del Archipiélago". Éste último aspecto es especialmente relevante, ya que los técnicos de la Consejería, aunque no lo proponen, certifican también que el área afectada corresponde al 1,26% de la seba del Archipiélago, y que su destrucción no afectaría en modo alguno la supervivencia de la especie. Por ello, certificar que los sebadales de Granadilla no constituyen una población independiente restaría validez a dicha afirmación.



El origen de la orden

El expediente de la descatalogación del mencionado grupo de sebadales se explica en la necesidad de buscar una solución para comenzar a construir el futuro puerto. Habida cuenta de que se trataba de una especie protegida, en primer lugar se había propuesto su "trasplante" (el cambio de ubicación). Ante la falta de garantías de que la seba sobreviviese a esta operación, el abogado del Estado recomendó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife encargar un informe técnico para estudiar la posibilidad de rebajar su categoría. El informe fue elaborado por la empresa privada CIMA y avalado como científico por la Fundación Observatorio Ambiental Puerto de Granadilla. En la memoria técnica, el Servicio de Biodiversidad de la Consejería certifica que la afección de los sebadales de Granadilla no pone en peligro a la especie, pero se niegan a avalar su descatalogación.

Supuestos válidos

Se puede cambiar la catalogación de especie protegida en los siguientes casos:

-Si de su protección se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.

-Cuando de su estatus de especie protegida se derivaran efectos perjudiciales para otras especies protegidas.

-Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la caza, la pesca y la calidad de las aguas.

-Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad.

-Para permitir en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos y tradicionales, la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies cinegéticas en pequeñas cantidades, y con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de las especies.

Izquierda Unida también se suma a la denuncia

Izquierda Unida Canaria (IUC) presentó también la pasada semana, una denuncia en la Fiscalía General del Estado, en Madrid, contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, por presuntos delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencia y prevaricación administrativa. IUC informó en un comunicado de prensa de que apunta a presuntas ilegalidades en el proceso que ha conducido al inicio de las obras del puerto de Granadilla, en Tenerife. La formación progresista señala que la desprotección de los sebadales decretada por el consejero autonómico de Medio Ambiente, se hizo a partir de un informe opuesto a tal desprotección, del Servicio de Biodiversidad, tal y como recogió Europa Press. El mencionado informe rechazaba la propuesta de descatalogar los sebadales, ubicados en el lugar en que se construiría el puerto granadillero, porque tal propuesta no se ajusta a las dos posibilidades de descatalogación que ofrece la ley (desproteger la especie o una determinada población, pero no una zona delimitada en función de criterios no naturales), señaló IUC. Asimismo, en el texto de la denuncia, se vincula el inicio de las obras del puerto “con la finalidad de beneficiar a la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras”, y recuerda el “total oscurantismo” de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en relación a la adjudicación y financiación de las obras del puerto granadillero. Según IUC, entre los adjudicatarios está un empresario imputado en el caso de Las Teresitas, y entre los adjudicadores hay personas que están siendo investigadas por la Justicia en relación a una ramificación del caso Forum Filatélico.
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/256463/

La Fiscalía investiga la descatalogación del sebadal

El martes declararon ante la fiscal el jefe y un técnico del Servicio de Biodiversidad

BLANCA SALAZAR - DANIEL MILLET | ARONA La fiscal delegada de Medio Ambiente en la provincia tinerfeña ha abierto una investigación sobre las supuestas irregularidades e ilegalidades denunciadas en relación al procedimiento llevado a cabo por el Gobierno de Canarias para eliminar la protección de la parte de las poblaciones de Cymodocea nodosa (sebadal) que entorpecía la construcción del puerto de Granadilla.
En el marco de esta investigación, la fiscal tomó declaración el martes a los dos técnicos del Servicio de Biodiversidad del Gobierno canario que elaboraron el informe científico encargado para valorar si debía o no excluirse el Lugar de Interés Comunitario Sebadales del Sur de Tenerife del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias. La toma de declaración al jefe de Biodiversidad, José L. Martín Esquivel, y al técnico del área Leopoldo Moro, duró alrededor de cuatro horas, versó sobre detalles del procedimiento de descatalogación y, según fuentes consultadas, "fue muy intensa".

Comparación. Denuncias como la presentada ante Fiscalía por el colectivo ecologista Ben Magec en contra de esa descatalogación apuntan que al comparar el informe original del Servicio de Biodiversidad con la orden gubernamental por la que se descataloga el sebadal (publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado seis de febrero), se demuestra "que por parte del consejero Domingo Berriel se ha manipulado presuntamente ese informe". De hecho, al comparar dichos informes llama la atención que los únicos párrafos del informe de Biodiversidad omitidos en la citada orden fueron precisamente aquellos que ponían en entredicho la supresión de la protección de las poblaciones sureñas de Cymodea nodosa.
Fuentes consultadas explican que la investigación que tiene en curso la Fiscalía gira en torno a esa posible manipulación documental y a que se pasaran por alto las pautas establecidas por la Abogacía del Estado en el marco de la consulta realizada por la Autoridad Portuaria tinerfeña sobre la eliminación de la protección del sebadal granadillero. Entre esas pautas ignoradas figura que dicha descatalogación sólo se podría llevar a cabo si técnicos competentes emitían un informe científico favorable.
Añaden que las pesquisas de Fiscalía también van dirigidas al difícil encaje legal de que se suprima la protección de una especie sólo en el ámbito en el que afecta a una obra, "algo sorprendente e inédito en el territorio europeo", comentan.
Partidos como PSC-PSOE, Izquierda Unida y Alternativa por Tenerife Sí Se Puede también han puesto en duda la legalidad de esa descatalogación.

Rechazo. Por otra parte, el Centro de Estudios Ecosociales del departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna muestra su rechazo tanto a la descatalogación del sebadal de Granadilla "por implicar un grave atentado a la biodiversidad del archipiélago", como "a los cuestionables procedimientos utilizados para su consecución". Además, se adhiere al manifiesto y a la convocatoria efectuada por miembros de la comunidad científica para realizar una manifestación el próximo 14 de marzo por el respeto a la biodiversidad, a las especies protegidas y al cumplimiento de la ley.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021900_2_201221__Tenerife-Fiscalia-investiga-descatalogacion-sebadal

El puerto de la canchanchanería

El presidente de la Autoridad Portuaria explica sobre un plano las características del proyecto portuario. EFE

la polémica tramitación del proyecto de granadilla

Ocultación de informes, ilegalidades y mentiras son algunos de los ingredientes más llamativos de la tramitación del proyecto del puerto industrial de Granadilla, infraestructura que lleva más de 30 años intentando salir a flote y que ha dejado clara cuenta en las administraciones estatales y europeas del nivel de canchanchanería con que puede llegarse a tramitar un proyecto en el Archipiélago

BLANCA SALAZAR | ARONA La construcción de un puerto industrial en el litoral de Granadilla empezó a plantearse en la década de los 70´ y a finales de los 90´ comenzó su tramitación, vinculando su puesta en marcha a un polígono industrial y a una planta resgasificadora. Sin embargo, sus impulsores políticos y técnicos pasaron totalmente por alto las incompatibilidades medioambientales del entorno terrestre y marítimo que habían elegido para construir esta infraestructura.
Y es que hasta ese momento, los reparos medioambientales rara vez frenaban una obra, y menos si esta era declarada de interés general o lograba el apoyo del Gobierno Central, como fue el caso del proyecto portuario granadillero. Así que los responsables de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y del Gobierno de Canarias que estaban a favor de esa infraestructura, comenzaron su tramitación ignorando los reparos medioambientales de departamentos autonómicos y estatales como la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la Dirección General de Costas o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los impulsores del puerto tenían tanta fe en su poder político o tanta confianza en la conveniencia del proyecto portuario, que no hicieron caso a los informes técnicos y científicos que les advertían de que el tamaño de los muelles inicialmente previstos "parece sobredimensionado", que estaban omitiendo la obligatoriedad de plantear alternativas de ubicación, que no se habían valorado adecuadamente las alteraciones geomorfológicas y paisajísticas del proyecto ni se había profundizado en los riesgos asociados a la implantación de un puerto comercial e industrial cercano a las principales áreas de interés turístico y paisajístico del Sur de la Isla ni los problemas de operatividad del puerto por los fuertes vientos del litoral granadillero.

Omisiones
Los informes autonómicos y estatales contrarios al proyecto también recogían que sus promotores habían prescindido del requisito legal de evaluar los efectos del proyecto sobre los espacios naturales protegidos colindantes (entre ellos Montaña Roja y Montaña Pelada), así como de evaluar su afección sobre especies de flora y fauna de la zona, algunas de ellas "de gran interés", "en peligro de extinción y protegida incluso a nivel europeo" o la repercusión del puerto sobre ecosistemas "únicos en la Isla".
Los impulsores del proyecto portuarios solucionaron el inconveniente que representaban esos informes desfavorables, simplemente, ocultando los más negativos y prescindiendo de adjuntarlos al expediente portuario. Muchos de esos informes fueron apareciendo luego a través de filtraciones a grupos ecologistas y a la prensa, trascendiendo así escándalos como que los responsables del expediente portuario habían ocultado incluso a la Comisión Europea que el puerto afectaría a especies prioritarias y en peligro de extinción como la piña de mar (Atractylis preauxina) o la tortuga boba (Caretta caretta).
Esas irregularidades y otras vinculadas a vulneraciones del derecho de acceso a la información fueron, entre otras muchas, las que pusieron en bandeja a los grupos ecologistas y a sus aliados la batalla jurídica que han lidiado en los tribunales y en las administraciones españolas y europeas hasta conseguir que las obras del puerto hayan tardado años en despegar e, incluso, que la dimensión del puerto inicialmente previsto se haya reducido prácticamente a la mitad.

Ilegalidad
Y tras más de una década de errores en la tramitación del puerto y de la demora que esos fallos han supuesto para el inicio de su construcción, ahora que por fin han empezado esas obras los grupos ecologistas y partidos como el PSC-PSOE no descartan que esas obras sean paralizadas por los tribunales debido a la posible ilegalidad de la descatalogación de comunidades de sebadal afectadas por el proyecto portuario.

Pero si los grupos ecologistas y colectivos sociales y científicos contrarios al puerto granadillero han destacado por cómo han luchado contra su construcción, los responsables políticos de la Autoridad Portuaria, del Gobierno de Canarias y del Gobierno Central y los sectores empresariales y sociales que han apoyado la materialización de esta infraestructura portuaria han destacado por la tenacidad con la que han la defendido contra viento y marea.
Entre sus principales handicaps han estado los distintos gobiernos y siglas políticas que han tenido que ir tirando del proyecto y asumiendo los errores que habían cometido sus antecesores, si bien en este caso se ha mantenido una de las pocas alianzas y posturas afines del Partido Socialista y del PP, tanto en el ámbito español como en el europeo (a pesar de que la ejecutiva socialista tinerfeña se ha sumergido en la confusión en relación a este proyecto).
También ha jugado en contra de los defensores del puerto el endurecimiento de la normativa medioambiental y de acceso a la información que auspicia la Unión Europea, cuestiones que les han obligado a ser más escrupulosos con las medidas de protección o compensación medioambiental, ha destapado anomalías en el expediente al ponerlo a disposición de los grupos ecologistas y ha ralentizado los trámites previos al inicio de las obras.
Además, se han enfrentado al temor a perder votos que tienen los partidos políticos cuando promueven proyectos polémicos para la ciudadanía, hecho especialmente peliagudo en la Isla después de que los responsables del Gobierno de Canarias tuvieran que desechar la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión que proyectaban a través de Vilaflor al comprobar el rechazo ciudadano hacia esa infraestructura.
Y aunque han tenido a su favor a los principales sectores empresariales y económicos de la Isla, la credibilidad de estos últimos y de los políticos no atraviesa su mejor momento debido, fundamentalmente, a la relación de algunos de los principales empresarios de la Isla con tramas de presunta corrupción urbanística que se investigan en los tribunales y que, incluso, tiene imputado a alguno de los empresarios adjudicatarios de las obras del puerto de Granadilla.
Entre los logros de quienes apoyan la citada infraestructura destacan que el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea se hayan posicionado a favor del proyecto considerando que, a pesar de su impacto ecológico, su construcción se justifica por "razones imperiosas de interés público" y por motivos económicos.
Sus argumentos son, fundamentalmente, la importancia económica que esta obra tiene para Tenerife, los puestos de trabajo que generará su construcción y su puesta en marcha, la competitividad portuaria, la diversificación económica y el desarrollo social que, en su opinión, ganarán tanto Tenerife como el Archipiélago. También argumentan la necesidad de más superficie portuario.

La lucha por parar la obra

Los detractores del puerto industrial de Granadilla han destacado por lo alto que han hecho sonar sus argumentos en contra del puerto tanto en el Archipiélago canario como en Bruselas. Entre sus acciones, figuran la organización de manifestaciones multitudinarias, de recogida de firmas para intentar sacar adelante una Ley de Iniciativa Popular en contra del Puerto, una campaña de presentación de quejas ante el defensor del pueblo europeo (hasta lograr el récord de que éste haya sido el proyecto más protestado ante esa institución), la grabación de documentales y, además de un amplio sin fin de actividades formativas y divulgativas sobre los perjuicios del puerto industrial, han interpuesto innumerables denuncias y demandas contra el proyecto y han obligado a distintas instituciones de la Unión Europea a tener conocimiento de cómo se gestiona el medioambiente en Canarias y a tomar partido en su protección. También han logrado que una parte importante de la comunidad científica y universitaria de Tenerife se involucre de forma activa en contra de este proyecto y en la defensa del medioambiente, además de haber accedido al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Granadilla para intentar frenar el puerto desde esa administración. Por todo ello a muchos les llamó la atención el viernes que ninguno de los opositores al puerto intentara parar el inicio de las obras. Aunque algunos grupos ecologistas han explicado que no pierden la esperanza de poder parar esas obras a través de las denuncias judiciales y las quejas europeas que están pendientes de resolución y que tratan de la reciente descatalogación de sebadales en el litoral granadillero, de la adjudicación de las obras y, entre otras, de las medidas compensatorias exigidas por Bruselas para la ejecución del puerto.

Datos del proyecto portuario

Interés Público. El Gobierno de Canarias declaró en 2002 que el puerto industrial de Granadilla es "de interés público de primer orden", declaración secundada de inmediato por el Gobierno Central y en la que se fundamentó la Comisión Europea en 2006 para apoyar la construcción de esta infraestructura.

Capacidad portuaria. A finales de 2006 el proyecto logró el apoyo de la Comisión Europea, que reconoció que está justificada la necesidad de aumentar y mejorar la capacidad portuaria para fomentar el desarrollo económico y social de Tenerife y de la región circundante.

Medidas compensatorias. Y condicionó su apoyo a la ejecución de medidas compensatorias que garanticen que el puerto se construya y gestiona de forma respetuosa con el medio ambiente.

Proyecto. La Autoridad Portuaria adjudicó en 2007 el dique exterior del puerto por 114 millones de euros a la UTE FCC Construcción, Sato y Promotora Punta Larga. El contradique se adjudicó por 19 millones. El plazo de ejecución es de tres años.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021500_2_200249__Tenerife-puerto-canchanchaneria

Manifestación contra del puerto de Granadilla

EFE La Laguna El catedrático emérito de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildpret; el catedrático de Biología Marina, Alberto Brito, y el profesor titular Jacinto Barquín convocaron para el 14 de marzo una manifestación contra la construcción del puerto de Granadilla. La propuesta la hicieron durante una charla en la que participaron en la Universidad de La Laguna y durante la cual destacaron la importancia ecológica de los sebadales para la vida marina. Tras aclarar que se trata de "un acto académico y no político", Wildpret expresó su preocupación por la descatalogación de los sebadales de Granadilla. Algo que consideró un "peligroso precedente" al haber sido considerados hasta ahora LIC (Lugar de interés comunitario) por la Unión Europea, en contra de numerosos informes de primera línea para poder construir el futuro puerto industrial, cuyas obras comenzaron hoy. Wildpret, Brito y Barquín explicaron el papel decisivo de los sebadales como "verdaderos laboratorios marinos" de plantas fanerógamas con raíces que, por un lado retienen la arena, y por otro albergan a numerosas especies acuáticas. Además, son refugio de crías por ser un lugar de puesta, al tiempo que contribuyen a funciones fundamentales para el ecosistema como son las metabólicas y oxigenantes, esenciales para el desarrollo. Wildpret recordó en la lectura de un manifiesto que cerró el acto que la comunidad científica lleva alertando desde hace más de diez años sobre las graves consecuencias que acarreará la construcción del puerto de Granadilla. Sin embargo, dijo el Gobierno canario "nunca" ha pedido un informe a la Universidad de La Laguna. No obstante, el biólogo solicitó el apoyo de todas aquellas personas que defiendan el respeto a la biodiversidad, a las especies protegidas y al cumplimiento de la ley, "con independencia de su adscripción política" para que acudan a la manifestación el próximo 14 de marzo, a partir de las 12:00 horas y desde la plaza Militar de la capital tinerfeña. Con la construcción del puerto de Granadilla se verían afectadas al menos 53 especies protegidas como la estrella de mar canaria, la tortuga boba o el caballito de mar, y, en cuanto al medio terrestre, la piña de mar como especie de flora en peligro de extinción, por no citar a otras especies endémicas de aves en peligro por la destrucción de su hábitat. El científico hizo hincapié en que "la biodiversidad es un recurso natural colectivo, y su pérdida es una pérdida común que nos afectará a todos". Repasó Wildpret los numerosos informes dirigidos a las administraciones y destacó la importancia de trasmitir al alumnado "los valores que la responsabilidad, el rigor, la ciencia y la verdad tienen frente a intereses de otra índole". Respecto a las medidas compensatorias esbozadas por el Gobierno canario, los tres científicos fueron tajantes al asegurar que el Ejecutivo "no debería perder el dinero en tiempos de crisis", ya que "el trasplante de sebadales es inviable, y llevarlos a San Andrés es un disparate, puesto que tiene un puerto al lado con actividad contaminante". Así, especificaron respecto al tiempo de reproducción de un sebadal que necesita un periodo mínimo de veinte años, ya que es muy difícil de trasplantar o reproducir una pradera marina, y reconocieron además que el sebadal de Granadilla es el que tiene mejor calidad de Canarias por su nivel de biodiversidad, aunque el de mayor extensión es el de Maspalomas, en Gran Canaria. De hecho, las islas de La Palma y El Hierro han perdido sus sebadales debido al impacto de contaminantes, y en el caso de El Hierro a la construcción del puerto de La Estaca. En Lanzarote solo sobrevive el sebadal de la zona norte, ya que el que estaba en Arrecife se eliminó de raíz con la construcción de La Marina. Otra de las funciones decisivas de los sebadales es la conservación geomorfológica del litoral, al amortiguar el efecto del oleaje y estabilizar los sedimentos, lo que a su vez permite la creación de cadenas tróficas. En el caso concreto de Canarias, un archipiélago con muy poca plataforma, la arena cae a las fosas marinas y se pierden las dunas como ha ocurrido en muchos sitios del mundo, un efecto que se vería reflejado en las playas del Médano y en el área de Montaña Roja, explicaron. Los sebadales, además, son especialmente sensibles a la contaminación derivada del vertido de escombros, construcción e instalación de puertos, emisarios submarinos y dragado de arenas, al asfixiar a las praderas marinas y privarlas de sus elementos nutrientes.   http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=S&pagina=http://www.diariodeavisos.com

Los Verdes denuncian un fraude en las medidas compensatorias del muelle de Granadilla

Denuncia que el plan estratégico de la Administración central para dragar los principales fondos arenosos de Tenerife y extraer 4.000.000 de metros cúbicos de arena, concebida como un recurso minero extractivo para crear playas artificiales, "convierte en papel mojado tanto el estudio de impacto ambiental del puerto de Granadilla como las medidas compensatorias contempladas en el dictamen de la Comisión Europea para autorizar la obra"

LAOPINION.ES A través de un comunicado, Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han denunciado que el plan estratégico de la Administración central para dragar los principales fondos arenosos de Tenerife y extraer 4.000.000 de metros cúbicos de arena, concebida como un recurso minero extractivo para crear playas en distintas zonas de la isla, “convierte en papel mojado tanto el estudio de impacto ambiental del puerto de Granadilla como las medidas compensatorias contempladas en el dictamen de la Comisión Europea para autorizar la obra”.

El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, detalla que la Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto "nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, establecía que “no se prevé la necesidad de realizar dragados para la obtención de calados”.

Sin embargo, denuncia Hernández, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente decidió dos años después sacar a licitación una asistencia técnica para la redacción de un “Estudio de sondeos marinos, proyectos de explotación y evaluación de impacto ambiental en la costa” de Tenerife, adjudicado a GEOMYTSA, que se culminó en 2007.

El plan del Ministerio “consiste básicamente en la retirada de la capa más superficial del sedimento a través de draga autoportante de succión en marcha y transporte y posterior vertido de las mismas en la zona de reparación”. El plan de explotación elaborado por GEOMYTSA seleccionó cinco zonas de extracción: Punta de Anaga (655.905 metros cúbicos), Antequera (573.975 metros cúbicos), Punta de Abona-El Médano (896.062 metros cúbicos de arena marina), El Sauzal (1.345.225 metros cúbicos) y Los Gigantes (776.060 metros cúbicos).Octavio Hernández denuncia que “este plan contradice totalmente las medidas compensatorias”.

En concreto, en la citada declaración de impacto ambiental de 2003, respecto al sebadal éstas quedaron fijadas en “la replantación de una superficie equivalente al doble de la superficie de sebadal que pudiera resultar afectada”. Para ello, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife debía elaborar, según consta en la resolución, un "Proyecto piloto de rehabilitación de sebadales", que “contemplará la replantación de Cymodocea nodosa en previsión a que el LIC pueda verse afectado por la construcción del puerto y la posterior explotación del mismo”. Para el proyecto de replantación “Medio Ambiente proponía “de forma prioritaria” el LIC ES7020017 "Teno-Rasca".

Sin embargo, señalan Los Verdes, “el plan de extracción de arena del Ministerio no sólo afectará al sebadal de Granadilla, sino también al de replantación entre Teno y Rasca, porque pretende dragar 776.000 metros cúbicos frente a Los Gigantes”. Dictamen europeo Lo mismo ocurre, señala Hernández, con las medidas compensatorias que pretendían “garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida”, impuestas por el dictamen que propuso el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, sobre el proyecto de construcción del puerto de Granadilla, que la Comisión Europea adoptó en noviembre de 2006. Esta resolución contemplaba como medida correctora de la “interrupción de los movimientos de arena en las aguas costeras” la realización de un “trasvase de arena de norte a sur en el puerto de Granadilla” mediante un “sistema de bombeo y canalización” y, así mismo, otra medida compensatoria establecía la “declaración de dos nuevos lugares de importancia comunitaria” que también albergan “bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”, en concreto, Antequera en Tenerife (con una superficie de 272 hectáreas) y Güi Güi en Gran Canaria (7.220 hectáreas).

El Gobierno de Canarias aprobó el 19 de diciembre de 2006 la propuesta de acuerdo de Declaración de los LIC denominados Sebadales de Antequera, Sebadales de Güigüí y Piña de Mar de Granadilla. Sin embargo, indica el partido ecologista, el plan de explotación de áridos submarinos elaborado para el Ministerio por GEOMYTSA prevé un volumen de extracción de arena de 573.975 metros cúbicos en el sebadal de Antequera, cuya declaración como nuevo Lugar de Interés Comunitario pretendía compensar el impacto negativo del puerto sobre los “Sebadales del Sur”. De hecho, denuncia Octavio Hernández, en el proyecto de la playa artificial de Punta Larga, se pidió permiso a la Autoridad Portuaria para extraer de Granadilla 362.000 metros cúbicos de arena, y ésta, según consta en el texto de la Resolución sobre su impacto ambiental, de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, expresó “su conformidad en el préstamo de sedimento para la regeneración de la playa de Punta Larga pero condicionado a su disponibilidad una vez que ya hayan sido satisfechas la necesidad de realimentación de las playas de La Jaquita y el Médano”.

Por todo ello, Los Verdes-Grupo Verde consideran que las “medidas compensatorias son un fraude, las autoridades españolas y canarias se burlan de la Comisión Europea”.

Información complementaria:
- RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I», de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

- Medidas compensatorias en la web de la Autoridad Portuaria.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021300_2_199980__Tenerife-Verdes-denuncian-fraude-medidas-compensatorias-muelle-Granadilla

Las obras del puerto de Granadilla se inician este viernes y generarán más de 600 empleos

Las obras «supondrán trastornos, pero no se va hacer un expolio»

El presidente de la Autoridad Portuaria reconoció ayer que «se va a romper una parte medioambiental, con una serie de condiciones» y aseveró que las obras supondrán «trastornos, pero no se va a hacer un expolio» Al respecto, precisó que se han creado dos LIC en áreas marítimas de Antequera (Tenerife) y Güi-Güi (Gran Canaria) para compensar los posibles efectos sobre la población de sebadales que existe a un kilómetro y medio del futuro puerto. Mientras, recordó la descatalogación de los situados en el área de las obras, que suponen del 1,3 por ciento de la población de esta área, y que ahora serán trasplantados en poblaciones de Arico y San Andrés.

También recordó el proyecto de bay-pass para el trasvase de los posibles depósitos de arena que se acumulen en el dique, aunque precisó que los estudios demuestran que no hay ningún transporte de arena en esta zona.

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 Años de trámites, revisiones del proyecto, protestas y varias quejas y denuncias ante la Unión Europea han convertido al futuro puerto de Granadilla en una de las obras más polémicas de la historia de Tenerife. Un proyecto cuyos trabajos comenzarán este viernes, día 13 de febrero, según anunció ayer el presidente de la Autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Un anuncio que, sin embargo, no ha frenado la oposición frontal de varias organizaciones ecologistas de Tenerife contra la construcción de esta macroinfraestructura.

Ben Magec y Asamblea por Tenerife desvelaron también ayer mismo sus intenciones. Estos colectivos presentarán denuncias ante los tribunales por la vía penal porque se intenta sacar adelante un proyecto «ilegal y que no va a valer para nada y va a devastar la mejor zona ecológica de la isla».

Además, el presidente de de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, Cándido Quintana, también integrante de Asamblea por Tenerife, aseguró que, además de las acciones judiciales, ya se ha solicitado la suspensión cautelar de las obras y advirtió que este sábado, varios colectivos se reunirán en el barrio de Geneto, en La Laguna, para decidir qué acciones ciudadanas, movilizaciones e iniciativas llevarán a cabo ante el inicio de las obras del puerto de Granadilla y, por supuesto, contra su futura construcción.

Por su parte, Rodríguez Zaragoza se encontraba ayer muy tranquilo, como si la cosa no fuera con él. Hasta la presencia de varios miembros de organizaciones ecologistas durante la rueda de prensa, donde desplegaron una pancarta a modo de protesta silenciosa, parecía no inmutar lo más mínimo al presidente de la Autoridad Portuaria. «Me parece bien, esto es una democracia. No hay problema», aseguraba con ironía.

Rodríguez Zaragoza quiso dejar claro ayer que la decisión de iniciar las obras se ha hecho de manera «responsable» porque «porque se han cumplido convenientemente todos los condicionantes fijados por la Unión Europea (UE) para iniciar el proyecto».

En cuanto a los números en los que se traduce este puerto en el municipio de Granadilla, Rodríguez Zaragoza detalló que los trabajos supondrán una inversión de 133 millones de euros. Las obras para la construcción del dique exterior costarán 114 millones de euros; mientras que las del dique interior ascenderán a 19 millones. El plazo de ejecución de los trabajos de es de 33 meses y se prevé que generen unos 660 empleos directos e indirectos.

La infraestructura generará 260.000 metros cuadrados para contenedores, 195.000 para la actividad de graneles y 150.000 para la planta gasificadora, para la que Gascan prevé una inversión de 260 millones y la creación de más de 700 empleos en las obras y 100 fijos una vez concluida la central, precisó Rodríguez Zaragoza.

Además, permitirá el desarrollo del polígono industrial, de 6 millones de metros cuadrados, lo que generará «una riqueza importante» y evitará el «trasiego» del tráfico de camiones, explicó el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Arrancar las plantas de interés

En este sentido, Rodríguez Zaragoza aseveró que las obras en tierra comenzarán con el arrancado de plantas de interés para cederlas al vivero del Cabildo de Tenerife para su replantado, mientras que en el mar se iniciarán con el trasplante de los sebadales afectados por las obras. Tras ello, comenzarán los trabajos en la zona del dique.

Por otro lado, Rodríguez Zaragoza no quiso pronunciarse sobre las denuncias presentadas por los ecologistas y la anunciada de Izquierda Unida contra la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, por presunta manipulación en un informe oficial sobre la justificación de descatalogación de sebadales. «Siempre he sido respetuoso y no he hecho juicios de valor», dijo.

Sin embargo, los ecologistas recordaron que el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central tiene que pronunciarse sobre el informe presentado por científicos de las universidades canarias en el que reclaman al Estado que declare como hábitat en peligro de desaparición a las poblaciones de sebadales.

En esta línea, Quinta recordó la denuncia presentada estos días ante la presunta «manipulación» de un informe por parte del consejero Domingo Berriel «cercenando las consideraciones científicas para ajustarlas a la propuesta de descatalogación de los sebadales y en las que puede haber indicios muy graves de delito penal, afirmó.

 

Gaspar pedirá al Gobierno el informe de los sebadales

Granadilla de Abona

La alcaldesa insiste en que la corporación velará por la legalidad del proyecto del puerto

T. NICOLÁS | ARONA La alcaldesa de Granadilla de Abona, la nacionalista Carmen Nieves Gaspar Rivero, manifestó ayer a este periódico que solicitará al Gobierno canario el informe de sus técnicos en el que se ha basado para descatalogar los sebadales en la zona en la que se proyecta la construcción del puerto industrial de Granadilla de Abona.
El objeto de la demanda municipal no es otro que el de conocer a fondo "si se ha omitido o no un párrafo del máximo técnico del Gobierno en conservación de los espacios naturales, porque, de ser así y en función de la omisión cometida, el Ayuntamiento de Granadilla obrará en consecuencia", aseveró la alcaldesa, ante la nueva polémica que ha suscitado la posible manipulación de ese informe por parte del propio Gobierno de Canarias para dar vía libre a la construcción de una obra controvertida desde sus orígenes y sobre la cual el PSOE ha dicho "no" en su último congreso.

Actuación. Carmen Nieves Gaspar reiteró también que "el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la legalidad, de manera que si de ese informe se desprende que se ha vulnerado la legalidad, actuaremos en consecuencia", insistió. La alcaldesa, que ha mantenido siempre su postura contraria a la construcción de tal infraestructura, a pesar de que la posición institucional del Ayuntamiento es de "sí al puerto", se pregunta "cómo es posible que se diga que las obras comienzan en una semana, cuando ni siquiera se sabe de dónde se va a sacar el material de relleno para la base de los diques".
Por su parte, Izquierda Unida Canaria (IUC) presentará una denuncia ante el Fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, adscrito a la Fiscalía General del Estado, por entender que pudiese haber "manipulación en un informe oficial del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, para utilizarlo como justificación para la descatalogación de la población de sebadales, cuya protección ambiental representaba un grave impedimento para que se ejecutasen las obras". La formación aprecia, según un comunicado, "indicios de prevaricación y falsedad en documento oficial por parte del consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021000_2_199155__Tenerife-Gaspar-pedira-Gobierno-informe-sebadales

En quince días pueden comenzar las obras del puerto de Granadilla

ABC | SANTA CRUZ

Sábado, 31-01-09

El Gobierno canario no ve «ningún impedimento», por lo tanto, en unos quince días podrían comenzar sin que se interponga ningún obstáculo las obras del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. La afirmación corrió por cuenta del consejero regional de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ayer explicó que aunque existen alegaciones contrarias a la construcción del puerto, éstas no desvirtúan la validez de los informes jurídicos que autorizan su construcción.

Los sebadales tendrán que ser aterrados y eso despertó muchas alegaciones en contra en el periodo de información pública, según desveló Berriel, pero todo ello no suma «argumentos sólidos» como para que se detenga el proceso de construcción de la nueva instalación portuaria.

Esa colonia de sebadales que serán replantados afectan sólo al dique y no son los que están catalogados como Lugar de Interés Comunitario (LIC). «La extracción no es siempre completa, hay algunos que no se pueden sacar, al poner el puerto encima, los poquitos que queden se tienen que aterrar», explicó.

En el recuento de las alegaciones, hay «informes de toda clase» que dicen que el aterramiento de estos sebadales no tendrá «ningún tipo de repercusión medioambiental», ya que aquellos que no se puedan replantar serán descatalogados para ser replantados «sin vulnerar la norma», añadió.

«Estábamos esperando argumentos sólidos sobre la conveniencia de no descatalogar esos sebadales y en el período de alegaciones hemos constatado la sensibilidad de la población con los sebadales, pero esa misma sensibilidad la tiene la Consejería», sintetizó. Berriel se sumó al interés de la Autoridad Portuaria provincial en impulsar la obra cuanto antes.

http://www.abc.es/20090131/canarias-canarias/quince-dias-pueden-comenzar-20090131.html

Los Verdes denuncian que los sebadales de Granadilla se descatalogan para utilizar la arena en la playa de Punta Larga

Ben Magec presentará una denuncia penal por delito medioambiental si se inician las obras del puerto de Granadilla

LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han denunciado que "existe una relación directa entre la descatalogación prevista de parte de los sebadales de Granadilla y la construcción de la playa de Punta Larga, en Candelaria, junto a terrenos del empresario Antonio Plasencia". El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que "así aparece previsto en el texto de la Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación de la playa de Punta Larga, de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife". El tenor literal de dicha Resolución contempla como propuesta la "Regeneración del tramo de playa al abrigo de los nuevos diques, mediante la aportación de un volumen aproximado de 365.000 metros cúbicos de sedimento con diámetro medio de 0.4mm, generando una playa de unos 500 metros de longitud de superficie seca y pendiente aproximada de 4% hasta la cota de bajamar. El sedimento se obtendrá del dragado de dársena del Puerto de Granadilla."

Octavio Hernández califica la citada disposición ambiental de "insulto a la inteligencia y a la legalidad, porque a la vez que admite el dragado de Granadilla, reconoce el valor ambiental del Lugar de Interés Comunitario del que se va a extraer la arena para el relleno de la playa de Punta Larga". La Resolución, de hecho, describe posibles afecciones derivadas de la turbidez generada por la playa artificial en Candelaria pero no menciona el impacto de la extracción del dragado en Granadilla: "Sebadales al Sur de Tenerife (LIC 7020116), donde hay presencia de la especie de interés comunitario prioritario Tortuga boba (Caretta caretta) y del hábitat: «Fondos marinos arenosos cubiertos permanentemente por aguas más o menos profundas (1110)», donde se desarrollan los sebalades de la fanerógama marina Cymodocea nodosa más extensos y mejor conservados del archipiélago canario. Destaca también el alga verde Avranvillea canariensis y de la fanerógama Halophylla decipiens."

Hernández considera "una vergüenza además de una ilegalidad, que la Administración estatal haya obviado que los Fondos marinos arenosos cubiertos permanentemente por aguas más o menos profundas de los que se pretende dragar 350.000 metros cúbicos de arena están catalogados con la máxima protección en la normativa de la Red Natura y sobre ellos se encuentra uno de los mejores sebadales de Canarias". Hernández señala que "la descatalogación de los Sebadales del Sur prevista por el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria es la consecuencia necesaria del proyecto del Ministerio de Medio Ambiente para el dragado de arena de la prevista dársena del puerto de Granadilla y su transporte a Candelaria para la construcción de la playa artificial de Punta Larga".

Sobre este extremo, la citada Resolución contiene información pormenorizada del trámite seguido, detallando que sobre el origen de la arena de regeneración de la futura playa: "El estudio de Impacto Ambiental indica que los aproximadamente 365.000 metros cúbicos de arena necesarios para la regeneración del tramo de playa, se obtendrán del dragado de dársena del Puerto de Granadilla, dado que se ha comprobado que se trata de un material no contaminado y con características adecuadas para la regeneración proyectada.

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Puerto de Granadilla establece, entre sus medidas correctoras, la corrección del posible basculamiento de las playas de La Jaquita y el Médano, como consecuencia de las propias obras del puerto. De acuerdo con esto, la Autoridad Portuaria de Puertos de Tenerife expresa su conformidad en el préstamo de sedimento para la regeneración de la playa de Punta Larga pero condicionado a su disponibilidad una vez que ya hayan sido satisfechas la necesidad de realimentación de las playas de La Jaquita y el Médano".

El portavoz de Los Verdes en Tenerife recuerda que "el dragado de la arena ya aparecía en la Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto "nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase 1, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; esta disposición primero previó el trasplante de la seba y, al demostrarse después inviable, ha provocado que se opte por su descatalogación, ya que el impacto del puerto, el dragado y la extracción para la playa de Punta Larga, sería manifiestamente contrario a la legalidad y la normativa comunitaria de la Red Natura".

López Aguilar y Santiago Pérez

Octavio Hernández destaca que "el proyecto de remodelación de la playa de Punta Larga fue presentado a bombo y platillo en la campaña electoral de mayo de 2007 por el candidato a la presidencia autonómica por el PSOE, Juan Fernando López Aguilar, la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, y el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, fue impulsado por la Delegación del Gobierno, a cargo de José Segura y Carlos González, y avalado por el Director General de Costas". Hernández denuncia que "se ha ocultado deliberadamente de dónde se iba a extraer la arena, porque sabían que sería muy polémico, y ahora entendemos que el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias, el PSOE y CC, han ido de la mano en Granadilla y Candelaria para descatalogar los fondos arenosos y los sebadales del Sur, construir el puerto y dragar la arena con destino a la playa artificial". Hernández pide a Juan Fernando López Aguilar y a Santiago Pérez que "aclaren la postura de su partido, que en el Parlamento y públicamente se ha opuesto a la descatalogación de los sebadales de Granadilla". Así mismo, le ha exigido al secretario regional socialista que, "en su calidad de cabeza de lista por el PSOE en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, defienda la legalidad europea de aplicación en este caso y se desmarque con claridad de este incumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria, que se pretende acometer con una total connivencia administrativa con el Gobierno de Canarias de las instituciones gestionadas por el PSOE".
Denuncia de Ben Magec

La federación ecologista Ben Magec anunció este viernes que presentará una denuncia penal si se inician las obras del puerto de Granadilla de Abona por un presunto delito medioambiental ante la previsible destrucción de 53 especies protegidas, entre ellas tortugas boba, pardelas y caballitos de mar. Así lo manifestó el representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción Antonio Rodríguez, quien dijo en rueda de prensa que además su federación tiene previsto presentar en un plazo de dos semanas otra denuncia de tipo penal, así como dos recursos contencioso-administrativos, contra el desarrollo de este proyecto.

Sin embargo Rodríguez no precisó el alcance de estas acciones jurídicas "para no adelantar argumentos" a las instituciones afectadas, y señaló que Ben Magec ha ampliado con ocho nuevas alegaciones la denuncia que interpuso ante la Comisión Europea por este proyecto en junio de 2008. Los ecologistas advierten de que aunque el Gobierno de Canarias haya anunciado que rebaja el nivel de protección del sebadal de la zona, en el litoral de Granadilla de Abona hay 53 especies protegidas por los catálogos nacional y regional.

La destrucción de estas especies es "un hecho punible" por lo que si comienzan en breve las obras del puerto, como ha anunciado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, presentarán la correspondiente denuncia penal ante el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil. Además en la denuncia ante la Comisión Europea se relatan "hasta ocho graves irregularidades" que a su juicio harían ilegal el comienzo del puerto, y entre ellas se encuentra el hecho de que en su opinión el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria "han falseado la verdad" en cuanto a la supuesta saturación del puerto de la capital tinerfeña.

Recordó Rodríguez que el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha reconocido el descenso en el tráfico portuario registrado en 2008, y según el representante ecologista, estos organismos públicos además han incurrido en una contradicción respecto al crecimiento del puerto de la capital tinerfeña. A su juicio, esto se debe a que para justificar la construcción del puerto de Granadilla estos organismos han negado que pueda ampliarse el de Santa Cruz, y sin embargo en la página en internet del Ayuntamiento de la capital tinerfeña se incluye un mapa con una nueva dársena que haría la función de "muelle polivalente".

Al respecto, Antonio Rodríguez anunció que la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha admitido una denuncia penal interpuesta contra la Autoridad Portuaria de la provincia por Ben Magec y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza referente a la destrucción del sebadal de San Andrés, que es un lugar de interés comunitario. Según Rodríguez, hay informes de la Universidad de La Laguna que avalan que este sebadal ha pasado de contar con 87 hectáreas de superficie a seis. "Es absolutamente incomprensible que la Autoridad Portuaria diga ante Bruselas que debe construirse el puerto en Granadilla para proteger el sebadal de San Andrés, que ha destruido, y ahora también quiera destruir el de Granadilla, el mejor de Canarias", argumentó.

Ben Magec también ha remitido un escrito a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que informe sobre las medidas previstas ante la incidencia que tendrá el comienzo de las obras en las 53 especies de flora y fauna protegidas en el lugar, varias de ellas en peligro de extinción, como el águila pescadora. Los ecologistas opinan además que en este asunto es "una figura clave" el secretario general del PSC, Juan Fernando López Aguilar, quien como candidato al Parlamento Europeo debe decir si respalda este proyecto "ante la avalancha de argumentos que demuestran irregularidades". Antonio Rodríguez dijo que Ben Magec "hace tiempo" que espera que López Aguilar se pronuncie sobre este proyecto y permanece "a la expectativa", pues recordó que el dirigente socialista basa su discurso político "en que se cumpla la ley".

La polémica llega a la prensa nacional

La polémica sobre la descatalogación de los sebadales, medida tomada por el Gobierno de Canarias para facilitar el inicio de las obras del puerto de Granadilla en detrimento de los intereses medioambientales, ha llegado a la prensa nacional. El diario ’Público’, en concreto, se hacía eco de las denuncias ya no sólo de Ben Magec Ecologistas en Acción, sino de profesores de la Universidad de La Laguna. El artículo se titula "Canarias abandona sus bosques submarinos", está firmado por César-Javier Palacios en Puerto del Rosario, Fuerteventura, y este es su contenido:

Las praderas submarinas de Canarias, uno de los principales puntos calientes de la biodiversidad marina, están en peligro. Es una categórica afirmación en la que están de acuerdo tanto las organizaciones ecologistas como los científicos, pero que rechaza de plano el Gobierno canario.

Para la Administración regional la extensión de los sebadales, como se conoce a estos bosques marinos, es el doble de lo que se pensaba. Y por eso ha decidido rebajar su rango de protección de la segunda categoría, "sensible a la alteración de su hábitat", a la cuarta y última, "de interés especial".

Bajo tan sorprendente desacuerdo subyacen las dificultades de políticos y empresarios para desarrollar importantes proyectos de puertos comerciales y deportivos en el Archipiélago, entorpecidos por la presencia de estas comunidades acuáticas férreamente protegidas. Así ha pasado en Lanzarote y en Fuerteventura pero, según la asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción, ahora la auténtica razón de la pérdida de protección es la de dar luz verde definitiva a la construcción del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife.

Un gran polígono industrial se levanta ya en el lugar elegido para ubicar la gran infraestructura portuaria. Inicialmente, la Autoridad Portuaria y el Gobierno de Canarias afirmaron que en esa costa no había sebadales. Pero tras numerosas denuncias a Europa, ahora dicen lo contrario, que son tan extensos como vulgares. A pesar de afectar la obra a dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), la Unión Europea ha dado luz verde al proyecto tras recibir unos polémicos informes del Gobierno español que justifican la intervención ante el supuesto colapso del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El último obstáculo

De esta forma, se superará el último escollo que le quedaba al puerto de Granadilla para comenzar a construirse: la presencia de los sebadales en el catálogo canario deespecies amenazadas.

Frente a las protestas ecologistas, sus promotores prometen medidas compensatorias "pioneras", como el trasplante de este sebadal fuera de la zona de afección del muelle. Pero para Carlos Espinosa, portavoz en Tenerife de Ben Magec-Ecologistas en Acción, el trasplante es, además de imposible, una estupidez. "Es como si quisieran llevarse un encinar de Madrid a Dinamarca; hasta los niños entienden que algoasí no se puede hacer".

Lo mismo opina el botánico Wolfredo Wildpret y el más de medio centenar de profesores universitarios que han firmado un manifiesto por la protección de los sebadales, en el que advierten que rebajarles la protección a estos ecosistemas es "condenarlos a la desaparición".

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012800_2_196244__Tenerife-Verdes-denuncian-sebadales-Granadilla-descatalogan-para-utilizar-arena-playa-Punta-Larga

Greenpeace, WWF/Adena y SEO/Bird Life se unen a la lucha contra el puerto industrial

 Ben Magec presentará una denuncia penal por delito medioambiental si se inician las obras del puerto de Granadilla. Canarias

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena y SEO/Bird Life denuncia que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha hecho pública su intención de rebajar la protección de las praderas submarinas de fanerógamas (denominadas sebadales) de la segunda categoría ("sensible a la alteración de su hábitat") a la cuarta ("de interés especial").

Por si esto no fuera suficiente, también proponen excluir de cualquier categoría de protección aquellos sebadales (1) ubicados en el área marina donde está proyectada la construcción del polémico puerto de Granadilla (Tenerife).

La iniciativa se ha hecho tras una propuesta de la Autoridad Portuaria de Tenerife y apareció publicada el pasado 28 de noviembre en el Boletín Oficial de Canarias. Estas medidas se fundamentan en un cuestionado estudio de los técnicos del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias, que concluye en que la extensión de sebadales supera en un 51% la estimada en el año 2001.

La respuesta del sector científico y de los grupos ecologistas no se ha hecho esperar. Reconocidos investigadores de las dos universidades canarias han presentado un documento que echa por tierra esa supuesta mejora y por el contrario demuestran de forma irrebatible que los sebadales están en clara regresión. (2)

Los cuatro grupos ecologistas, amparándose al artículo 24 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, han solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la inclusión de los sebadales canarios como "Hábitats en Peligro de Desaparición", al considerar que esta regresión es un hecho constatado. Las cuatro asociaciones instan al Gobierno de Canarias a dar marcha atrás en su lamentable intento de desprotección de esta especie clave, motivada únicamente para poder construir todo tipo de intervenciones en el litoral que, hoy por hoy, no es factible por la existencia de esta especie protegida.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012300_4_195339__Canarias-Greenpeace-WWFAdena-SEOBird-Life-unen-lucha-contra-puerto-industrial